¿Minería o glaciares? La rebelión de los gobernadores mineros contra el «cepo» de los glaciares

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Acero y Roca | Magazine Minero - ¿Minería o glaciares? La rebelión de los gobernadores mineros contra el «cepo» de los glaciares

Lo que comenzó como una discusión técnica sobre el suelo congelado ha escalado hasta convertirse en una rebelión política federal. Los gobernadores de las provincias andinas han pasado a la ofensiva para demoler lo que denominan el «cepo legislativo» a la minería: la Ley de Glaciares. En un contexto de urgencia de divisas, el debate hoy no es ambiental, sino de supervivencia fiscal y soberanía sobre los recursos naturales.

 

Por Sergio Álvarez 
Ley de glaciares a debate. Imagen de Acero y Roca

La Ley de Glaciares está en su cuenta atrás y la grieta política amenaza una vez más con dividir a la sociedad. Imagen de Acero y Roca.

La política del suelo congelado y la puja por la autonomía provincial

El corazón del conflicto es la pulseada por la autonomía provincial. Los mandatarios mineros denuncian que la ley actual, mediante una definición ambigua de «ambiente periglacial», permite al Gobierno Nacional, y a sectores judicializados, frenar proyectos en jurisdicciones provinciales. Lo que se pretende es recuperar la potestad de decidir qué se protege y qué se produce, eliminando la incertidumbre que hoy mantiene frenados u$s 30.000 millones en inversiones.

El frente minero: gobernadores que apuestan al todo o nada por la reforma

Gobernadores pro mineria

Los gobernadores de Salta, Mendoza, San Juan, Jujuy y Catamarca apuestan por una minería con reformas en la Ley de Glaciares.

 
Este bloque ha decidido romper el discurso políticamente correcto para hablar de dólares, empleo y regalías.
  • Raúl Jalil (Catamarca – PJ): Ha lanzado la proclama más política de la jornada, desafiando incluso a sectores de su propio partido:

    «Votar en contra de esta reforma es votar a favor de la pobreza. No podemos ser ambientalistas de café mientras nuestras provincias necesitan infraestructura y trabajo real».

  • Marcelo Orrego (San Juan – Producción y Trabajo): El gobernador sanjuanino se juega el éxito de su gestión en esta ley. San Juan es el epicentro de la resistencia contra el «centralismo ambiental».

    «Defendemos el federalismo. La ley de glaciares no puede ser una herramienta de veto externo sobre las riquezas que pertenecen a los sanjuaninos».

  • Alfredo Cornejo (Mendoza – UCR): Cornejo lidera la ofensiva jurídica. Su postura es que el inventario de glaciares no debe ser un dogma, sino una herramienta técnica sujeta a la realidad productiva de cada territorio.

  • Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta): Ambos acompañan la necesidad de «perfeccionar» la ley para dar certezas al litio y al cobre, aunque Sáenz mantiene un perfil más negociador para evitar conflictos sociales.

La caja en juego: el impacto fiscal de la demora legislativa

Para los gobernadores, cada día de demora es dinero que no ingresa a las arcas provinciales. La parálisis de proyectos clave bajo el paraguas del RIGI tiene un costo fiscal directo:
 

Distrito Vicuña: el Vaca Muerta del cobre que espera definiciones políticas

 
Imagen satelital del proyecto vicuña

El proyecto Vicuña afecta al glaciar del mismo nombre, Filo del Sol está a solo 7 km del glaciar El Potro y Josemaría a 9 km.

 
El Distrito Vicuña (Josemaría, Filo del Sol, Lunahuasi) representa la mayor reserva de valor de la minería argentina. Si la ley no se reforma, San Juan pierde la posibilidad de recibir hasta u$s 550 millones anuales en regalías. Es, literalmente, la diferencia entre una provincia con superávit y una dependiente del auxilio nacional.
 

Taca Taca, MARA y Los Azules: proyectos clave para las arcas provinciales

  • Taca Taca (Salta):
  • US 3.600 millones de inversión y 180 millones anuales para el gobierno de Gustavo Sáenz.
  • MARA (Catamarca): US 3.000 millones y 150 millones anuales que Raúl Jalil ya tiene proyectados para obras de riego y energía.
  • El Pachón y Los Azules (San Juan): Proyectos que, sumados, podrían convertir a la provincia en la mayor exportadora de cobre de la región, superando incluso a distritos chilenos.

La resistencia política: el agua y el principio de no regresión ambiental

Sectores sociales y políticos en contra de la modificación de la ley de glaciares

La ley de la reforma de los glaciares también tendrá aristas sociales y económicas.

 
La oposición a la reforma se ampara en el «Principio de No Regresión», advirtiendo que cualquier cambio podría sentar un precedente peligroso para la protección del agua dulce.
 
  • Ricardo Quintela (La Rioja – PJ): Se ha posicionado como la cara visible de la resistencia federal, blindando sus recursos bajo una retórica de soberanía estatal que choca de frente con la apertura minera del RIGI:

    «No vamos a permitir que se manoseen leyes ambientales desde un escritorio en Buenos Aires para rifar el agua de los riojanos. Queremos minería, pero con la provincia como socia directa del negocio; flexibilizar los glaciares sin que el Estado provincial controle la renta es, llanamente, entregar nuestra supervivencia a cambio de nada».

  • Sergio Ziliotto (La Pampa – PJ): Enfrentado históricamente con las provincias cordilleranas por el uso del agua, sostiene:

    «No vamos a permitir que se flexibilicen leyes que pongan en riesgo las cuencas. El agua es un recurso estratégico superior a cualquier mineral».

  • Ignacio Torres (Chubut – PRO): Presionado por una fuerte tradición ambientalista local, se mantiene cauteloso.

    «En Chubut la licencia social es la prioridad. No apoyaremos cambios que generen conflicto social o pongan en duda la preservación hídrica».

    El desenlace político

    La moneda está en el aire en el Congreso. La «Mesa del Cobre« ha dejado claro que no habrá reactivación minera de gran escala sin reforma. Los gobernadores han puesto sus cartas sobre la mesa: o se actualiza la Ley de Glaciares para permitir la explotación en zonas de alta montaña, o Argentina seguirá siendo un espectador del boom del cobre mientras sus vecinos se enriquecen.  

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