Andalgalá exige el 100% de empleo local en MARA: ¿utopía política o derecho minero?
En medio de una creciente tensión social por la reactivación del proyecto minero Agua Rica, Alumbrera (MARA) en Catamarca, el intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba presentó un reclamo formal para que la totalidad de la mano de obra exigida por ese desarrollo sea cubierta exclusivamente por trabajadores del departamento, Córdoba pateó el tablero y le tiró la pelota tanto al gobierno de Jalil como a Glencore, en un movimiento que huele más a presión política que a posibilidad técnica.
Por Redacción ACERO Y ROCA
Entre la presión social y la realidad técnica: un pedido que desafía a Glencore
El reclamo se expuso en la presentación del Informe de Impacto Ambiental (IIA) de explotación, asociado al proyecto, realizado ante autoridades locales y del Ministerio de Minería. Córdoba sostuvo con firmeza que la mano de obra de la reactivación de Minera Alumbrera “debe ser cien por ciento andalgalense”, argumentando que por años la comunidad local compartió los efectos de la actividad minera sin ver un derrame económico real en empleo directo.
El intendente subrayó que la proyección de empleo, con más de 800 puestos de trabajo directos estimados para 2031, debe traducirse en oportunidades claras para quienes históricamente han vivido de la industria y actualmente enfrentan desocupación.
Causas del reclamo y contexto local
El pedido de Córdoba se inserta dentro de un contexto de protestas y medidas de fuerza protagonizadas por grupos de desocupados mineros de Andalgalá, San José y Santa María, quienes han llevado adelante cortes de rutas como la Nacional 40 y la Provincial 47 exigiendo una priorización efectiva de mano de obra local.
La comuna presentó observaciones formales al IIA y rechazó de plano la postura de la empresa, que calificaba los impactos ambientales como ‘nulos o irrelevantes‘ por ser una zona ya intervenida.
Al mismo tiempo, Córdoba exigió actualizar la Ley de Límites de 1895. Su objetivo es claro: que Andalgalá sea reconocida como área de influencia directa para frenar la postergación de su comunidad en el reparto de empleos, regalías y derrame económico.
Agua Rica – MARA: ¿Qué está en juego?
El proyecto Agua Rica, ubicado a unos 17 km al norte de Andalgalá, es un desarrollo de gran escala que contempla la extracción de oro, cobre, plata y molibdeno, con una infraestructura integrada que incluye la planta de Bajo de la Alumbrera y su tratamiento.
Actualmente convertido en el proyecto MARA tras la entrada de la multinacional Glencore (que adquirió la participación total de Agua Rica), se encuentra en etapa de factibilidad y planificación avanzada, con estudios ambientales, geotécnicos e hidrológicos en curso y permisos provinciales habilitados para ciertas actividades preliminares.
Los límites legales y operativos de una exigencia que pone en jaque la inversión
Desde el punto de vista legal y técnico, una exigencia tan absoluta como cubrir el 100 % de la mano de obra con trabajadores de un solo departamento enfrenta varios límites:
Marco laboral y productivo
La legislación laboral argentina y la normativa del sector no contemplan un mandato absoluto de exclusividad geográfica de empleo local para proyectos mineros. En general, las operadoras acuerdan planes de desarrollo de mano de obra con componentes locales, capacitación técnica y alianzas con sindicatos y gobiernos, pero no obligaciones de 100 % de empleo por origen, que podrían entrar en conflicto con normativas sobre libre contratación y movilidad laboral.
Viabilidad operativa
Un proyecto de la envergadura de MARA requiere competencias técnicas especializadas que pueden no estar disponibles en su totalidad dentro del departamento de Andalgalá. Para operaciones de gran escala se combinan habilidades locales, regionales y especializadas nacionales o internacionales, en conjunto con iniciativas de formación profesional.
Impacto en la inversión
Una demanda tan estricta no necesariamente detendría la inversión por sí sola. Sin embargo, podría introducir riesgos de conflicto social, judicialización y aumento de costos laborales y de cumplimiento, que las empresas y el gobierno tendrían que gestionar. De hecho, en los últimos años, las comunidades de Andalgalá han protagonizado movilizaciones y reclamos por diversos motivos vinculados al proyecto MARA, incluyendo disputas ambientales y cuestionamientos a decisiones administrativas.
Una postura política tan fuerte podría dificultar el diálogo con la compañía y retrasar acuerdos de desarrollo conjunto de empleo y capacitación, pero no cuenta con un respaldo jurídico que por sí mismo pueda detener la inversión si se mantienen los permisos ambientales, sociales y regulatorios vigentes.
Sectores movilizados y diálogo institucional
El reclamo del intendente se ha alineado con movilizaciones sociales y presiones de sindicatos y desempleados, mientras que el gobierno provincial y las cámaras empresariales han buscado avanzar en espacios de diálogo para garantizar la participación de proveedores y mano de obra local mediante capacitación y acuerdos sectoriales.
En Andalgalá y Santa María, representantes de desempleados se reunieron con autoridades del Ministerio de Minería y legisladores del oficialismo, donde advirtieron que de no recibir respuestas tomarían nuevas medidas.
Ahora el desafío es sentarse a negociar en serio para que la comunidad de Andalgalá tenga trabajo, pero sin que las exigencias terminen espantando a la inversión.