El sector minero global observa con atención los recientes procesos legales que involucran a Burundi, en África, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). La abogada María Belén Paoletta, socia en IntLaw LLP, analiza los alcances de estos conflictos y la importancia de los tratados internacionales para la industria extractiva.

Por Yenhy Navas

En un escenario donde los recursos estratégicos demandan grandes capitales, la relación entre los Estados y los inversores extranjeros se rige por marcos legales que trascienden las fronteras nacionales.

Tratados de inversión: el contrato que manda sobre las leyes locales

Para entender qué está pasando en Burundi, primero hay que definir qué es un tratado de protección de inversiones. Estos son acuerdos internacionales vinculantes entre Estados que establecen un esquema de protección recíproca. Según explica Paoletta, «cada país garantiza una serie de derechos a los inversores extranjeros y, a cambio, obtiene la misma protección para sus propios inversores en el territorio del otro Estado».

El derecho internacional por encima de todo

Dentro de los estándares básicos de protección, estos tratados suelen incluir la obligación de otorgar un trato justo y equitativo, además de la prohibición de expropiar sin una compensación justa. Un aspecto crítico para la seguridad jurídica es que estos acuerdos internacionales priman sobre la legislación interna del país receptor. «Incluso cuando una medida se adecua al derecho interno, si vulnera los derechos consagrados en un tratado, son estos últimos los que prevalecen», señala la especialista.

María Belén Paoletta: «Los tratados internacionales priman sobre la legislación interna del país».

El CIADI como árbitro: ¿por qué la minería prefiere tribunales extranjeros?

Por otro lado, cuando aparecen los problemas, los tratados ya tienen prevista la chance de ir a un arbitraje internacional. Este mecanismo permite al inversor iniciar su reclamo fuera de los tribunales del Estado receptor, funcionando generalmente como una instancia única. El arbitraje suele percibirse como una vía que ofrece mayor neutralidad y celeridad que las cortes internas.

Para países con sectores mineros en desarrollo, estos procesos son un recordatorio de la importancia de respetar estándares internacionales. Paoletta indica que «la actividad minera suele apoyarse en capitales extranjeros» y que es aconsejable que tanto Estados como inversores conozcan el marco jurídico internacional aplicable para entender sus obligaciones y derechos.

El impacto de los tratados internacionales sobre las leyes locales

Por consiguiente, un punto de debate frecuente es cómo se equilibra la soberanía de un país para revisar contratos con la protección de los inversores. La experta sostiene que, en realidad, decidir obligarse internacionalmente es una de las expresiones más claras de soberanía estatal. Los tratados, en la práctica, «elevan» cuestiones del derecho interno al ámbito del derecho internacional.

Si bien los Estados conservan la facultad de regular el sector minero y renegociar contratos, deben hacerlo respetando los estándares de protección asumidos voluntariamente. «Los Estados mantienen su capacidad de legislar y de contratar en el sector minero, pero deben hacerlo respetando las obligaciones internacionales«.

Las consecuencias de suspender concesiones mineras

Sin embargo, en la práctica legal, el error más recurrente ocurre cuando los Estados pierden de vista la normativa internacional al adoptar decisiones operativas o regulatorias. Con frecuencia, se toman medidas coherentes con el derecho interno que resultan violatorias de obligaciones internacionales.

Desde la perspectiva de la defensa legal, las medidas que afectan negativamente a la industria pueden ser cuestionadas aun cuando sean compatibles con las leyes locales. Por ello, antes de suspender una concesión, el Estado no debería centrarse únicamente en su jurisprudencia, sino en los compromisos internacionales asumidos.

Inseguridad jurídica: el costo de acumular reclamos internacionales

Por otro lado, respecto a la percepción de riesgo y la llegada de inversiones a largo plazo, los litigios aislados no suelen tener un impacto decisivo. De hecho, contar con tratados de protección es una señal de que el Estado busca atraer inversión.

No obstante, la acumulación de reclamos por incumplimientos sistemáticos cambia el panorama. «Tal como se ha dado en algunos países de América Latina, la repetición de controversias incide de forma negativa en la percepción de los inversores«, advierte Paoletta. Esto es especialmente relevante en minería, donde los litigios internacionales atraen alta visibilidad.

El efecto espejo en América Latina

En este sentido, la industria minera en América Latina y África comparte dinámicas similares, estando ambas cubiertas por tratados de protección de inversiones. Las controversias actuales en el continente africano refuerzan una lección para la región: las decisiones regulatorias deben evaluarse siempre a la luz de las obligaciones internacionales.

En un sector con alta presencia de capital extranjero y proyectos de larga duración, es esencial que los Estados tengan presentes estas obligaciones al diseñar políticas. Con el tiempo se determinará si las medidas adoptadas en casos como el de Burundi derivan en responsabilidad internacional.

La negociación final: ¿se puede seguir operando después de un juicio?

Finalmente, una de las grandes interrogantes es si es posible retomar operaciones tras un laudo o si la relación se rompe definitivamente. Existen casos donde las violaciones no impiden la continuidad del proyecto y otros donde no es factible seguir. Cuando la actividad se mantiene durante el arbitraje, se recomienda que el equipo legal sea distinto al que mantiene el vínculo operativo diario para reducir tensiones.

Lo más común es que los juicios terminen con un acuerdo entre las partes. «Estratégicamente, puede ser conveniente ‘institucionalizar’ la disputa para traer al Estado a la mesa de negociación«, explica la abogada. Estos acuerdos pueden definir nuevas condiciones de explotación o términos en la relación.

En última instancia, dado que el sector minero depende del capital internacional y los Estados requieren dicho capital para su desarrollo, ambas partes suelen tener incentivos para preservar la relación. En la industria suele decirse que «un mal acuerdo es mejor que un buen laudo«, reflejando la prioridad de dar continuidad a los proyectos.