Con 40 votos afirmativos, la Cámara Alta dio media sanción a un proyecto que redefine el federalismo minero y delega en las provincias la facultad de protección ambiental. San Juan fue protagonista con el apoyo de Sergio Uñac y la mirada atenta de Marcelo Orrego ante el nuevo escenario inversor.

Por Redacción ACERO Y ROCA

En una sesión cargada de tensión, incidentes en las afueras del Congreso y fuertes cruces reglamentarios, el Gobierno Nacional logró un paso histórico para la industria extractiva: la media sanción de la reforma a la Ley de Glaciares. El resultado final, 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención, marca el inicio de un cambio de paradigma que ahora deberá ser ratificado en la Cámara de Diputados.

La reforma apunta al corazón del conflicto que ha frenado proyectos durante años: la delimitación de las zonas periglaciares. El nuevo texto habilita la actividad minera e hidrocarburífera en áreas que hoy están protegidas, devolviendo a las provincias el poder de decisión técnica sobre qué áreas proteger bajo sus propios mecanismos.

Los votos clave: el peso de San Juan y el PJ disidente

La votación rompió bloques tradicionales y dejó en claro que la necesidad de inversiones pesa más que las alineaciones partidarias en las provincias cordilleranas. El oficialismo, aplaudido desde los palcos por Karina Milei y Martín Menem, contó con aliados estratégicos del peronismo.

Entre las manos alzadas que permitieron la media sanción, resaltó la del exgobernador de San Juan, Sergio Uñac, quien junto a la catamarqueña Lucía Corpacci, acompañó la iniciativa. Este apoyo es un guiño directo a la realidad productiva de San Juan, donde proyectos de clase mundial esperan definiciones legales para avanzar. Desde la gestión actual de Marcelo Orrego, se sigue el minuto a minuto de este debate, entendiendo que la provincia necesita seguridad jurídica para destrabar proyectos de cobre y oro que dependen de esta «aclaración» normativa.

A ellos se sumaron los tres senadores peronistas de Convicción Federal (liderados por Carolina Moisés), y un grupo de radicales que incluyó a Flavio Fama, Eduardo Galaretto, Mariana Juri, Carolina Losada, Silvia Schneider, Rodolfo Suárez, Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi. Completaron los 40 votos legisladores como Martín Göerling (PRO), los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, la salteña Flavia Royón, Beatriz Ávila y Carlos “Camau” Espínola.

Por el rechazo (31 votos), se mantuvieron 23 senadores del interbloque Popular, los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, Andrea Cristina y Victoria Huala (PRO), Edith Terenzi, Alejandra Vigo, y los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano.

Un debate de «chetos» contra federalismo

El senador Agustín Coto, miembro informante del proyecto, disparó una frase que resonará en las oficinas de las operadoras: definió a la ley actual como una “ley de chetos” y una “ley unitaria” sancionada sin conocer la realidad de las provincias mineras. Según Coto, la reforma no busca desproteger el agua, sino permitir el desarrollo en zonas donde hoy la parálisis es absoluta.

En la misma línea, la senadora Bullrich defendió la postura oficialista afirmando que “proteger no debe ser paralizar”. Desde Salta, Flavia Royón (quien responde al gobernador Gustavo Sáenz) sostuvo que la ley es “aclaratoria” y que refuerza la protección sin “entregar el agua”.

Desde la vereda de enfrente, Anabel Fernández Sagasti advirtió que la reforma genera «incertidumbre jurídica» y que se pasa de un “paradigma científico a un paradigma discrecional abierto”. Incluso el aliado Luis Juez, aunque votó a favor alegando que «pasaron 16 años» desde la ley de 2010, marcó las desprolijidades del oficialismo al señalar que el reglamento del Senado es «la Biblia».

El impacto en San Juan y el horizonte inversor

Para San Juan, el avance de esta ley es vital. Bajo la mirada de Marcelo Orrego, la provincia busca consolidarse como el polo minero de Argentina. La reforma permitiría que proyectos que hoy tienen dudas sobre si tocan o no el área periglacial, tengan una delimitación técnica clara y local, eliminando las acciones que a las que Greenpeace y otros sectores ambientalistas han recurrido para judicializar la actividad.

Lo que viene: El proyecto ahora gira a Diputados. Se espera un lobby feroz tanto de las provincias mineras como de las organizaciones ambientales. Sin embargo, con esta media sanción, el Gobierno Nacional ha dado el mensaje que los inversores de Toronto y Londres estaban esperando: el periglacial ya no es una zona prohibida por default.