Belén Varela tras la Ley de Glaciares: «Las mineras negocian de espaldas a la gente»
El Senado aprobó este jueves la reforma de la ley de glaciares, que destrabarían proyectos mineros. La dirigente política del espacio “Renacer Ciudadano”. Belén Varela advierte que las empresas nunca tendrán licencia social si siguen negociando de espaldas a la gente.
Por Lucas Laciar
Belén Varela, vinculada a nivel nacional con la vicepresidenta Victoria Villarruel, dejó en claro que su postura va mucho más allá de estar a favor o en contra de la minería. Su advertencia apunta al corazón del problema: las decisiones que afectan al agua, al ambiente y al futuro de San Juan.
El riesgo de perder la licencia social
El mensaje de Varela a las empresas mineras fue directo y sin matices: «Nunca tendrán licencia social mientras hagan acuerdos con los actuales dirigentes políticos y de espaldas a la gente«.
La reforma aprobada por el Senado busca, entre otras cosas, transferir a cada provincia la potestad de determinar qué zonas cercanas a glaciares y ambientes periglaciales pueden o no ser intervenidas por proyectos mineros, eliminando la protección uniforme a nivel nacional que establecía la ley vigente. Para el oficialismo y para los gobernadores de provincias mineras, eso es dar autonomía. Para organizaciones ambientalistas y parte de la oposición, es abrir la puerta a decisiones discrecionales que pondrán en riesgo las reservas estratégicas de agua dulce.
Varela no niega la importancia de la minería para San Juan. Al contrario, la reconoce como una oportunidad única. Pero advierte: «Ya llevamos más de 20 años desde la reactivación de la minería y hasta ahora no se perciben mejoras de bienestar económico en nuestra gente».
Rigor científico o interés político: la encrucijada del agua en San Juan
Entre las garantías que exige, tres son centrales:
- Que el crecimiento minero sea equitativo en la distribución de beneficios y no vaya en detrimento de la agricultura, actividad que convive hoy en San Juan con la minería.
- Que las decisiones sobre el agua y el ambiente«no estén sesgadas por un interés político distinto al del sanjuanino de a pie».
- Que esas decisiones están «guiadas por un extremo rigor científico».
Este último punto choca de frente con el espíritu de la reforma en debate. El proyecto modifica precisamente el criterio de protección de los glaciares: pasa de un enfoque científico y uniforme a uno determinado políticamente por cada provincia. Para Varela, eso es exactamente lo que no hay que hacer.
El modelo australiano: cuando la ciudadanía controla la minería
Para fundamentar su propuesta, Varela detalla que la clave del sistema australiano son las Royal Commissions: comisiones públicas e independientes convocadas para analizar temas de gran relevancia nacional, con poder para citar testigos bajo juramento, requisar documentación y publicar recomendaciones vinculantes.
Sus autoridades nunca pueden ser políticos en ejercicio y son seleccionadas por su formación e independencia. «Los políticos solo pueden escoger entre opciones preconcebidas cuya conveniencia y aceptación ya fueron testeadas de antemano. Orrego fue por convenios de asistencia técnica minera con Australia pero dejó de lado lo que está antes, lo que es más importante, aprender del sistema político de ellos”, comenta Varela.
La propuesta es trasladar ese mecanismo a San Juan: que las decisiones sobre minería, agua y ambiente no las tome un funcionario ni un bloque legislativo negociando votos en un pasillo, sino comisiones ciudadanas con respaldo técnico y científico, abiertas a la participación de toda la comunidad.
Sistema agotado: el reclamo por dos décadas de minería sin bienestar económico
Detrás de la postura técnica hay un reclamo político de fondo que Varela no esquiva. «Nuestro actual sistema político está agotado y la dirigencia política ya no tiene ningún crédito; no nos representan en absoluto», afirmó. Y en ese diagnóstico incluye tanto al kirchnerismo como al oficialismo actual.
El debate de la ley de glaciares, a sus ojos, es un síntoma más de ese problema estructural: una reforma de enorme impacto para provincias como San Juan que avanza con votos ajustados, negociaciones de último momento y sin que nadie le haya preguntado a los sanjuaninos qué piensan. «Necesitamos garantías de que esta vez en verdad sí será diferente», insistió.