Referentes políticos, jurídicos e industriales de San Juan analizaron para ACERO Y ROCA el impacto de la media sanción de la reforma de la ley de glaciares aprobada por el Senado con 40 votos a favor.

Por Lucas Laciar

El Senado de la Nación aprobó este jueves con 40 votos a favor y 31 en contra la reforma de la Ley de Glaciares, un proyecto que le otorga un rol más activo a las provincias en la definición de las zonas a proteger y precisa como objeto de resguardo las geoformas de importancia hídrica.

Los senadores sanjuaninos Bruno Olivera y Sergio Uñac votaron a favor. Celeste Giménez, en cambio, se opuso, contrariando la postura que el PJ provincial había fijado días antes en una reunión interna, una tensión que el presidente del partido, Juan Carlos Quiroga Moyano, reconoció a este medio sin ocultar su malestar.

Franco Aranda: «San Juan sabe que no puede haber minería donde hay agua»

El referente del Frente Renovador en San Juan, celebró la votación y puso el foco en la autonomía provincial como eje central del debate. «Los recursos naturales son, por Constitución, patrimonio de las provincias, por lo tanto deben manejarlos las provincias. San Juan es la provincia del país más avanzada en estos temas«, señaló a Acero y Roca.

El rol de la autonomía provincial

Aranda reconoció que la ley de 2010 generó complicaciones con la figura de los ambientes periglaciales y el permafrost, pero defendió la capacidad técnica local para manejarlo. «Con la información del IANIGLA tenemos la seguridad de que no se realizarán explotaciones en aquellos lugares donde la geoforma pueda tener agua. No puede haber minería en lugares donde pueda haber agua o hielo que aporten a nuestra cuenca hídrica, y eso en San Juan lo sabemos todos», afirmó.

«No puede haber minería en lugares donde pueda haber agua o hielo que aporten a nuestra cuenca hídrica. En San Juan lo sabemos todos y existen los mecanismos de control para que eso no pase.»

Eugenia Carolina Cirica: La mirada jurídica para proteger el ambiente y atraer inversión

La doctora Eugenia Carolina Cirica, conductora del Instituto de Derecho Ambiental y Minero del Foro de Abogados de San Juan, analizó el impacto de la reforma desde una perspectiva legal y destacó la necesidad de que cualquier modificación legislativa contemple tanto la protección ambiental como la seguridad jurídica para los inversores.

«San Juan es una provincia que tiene una matriz productiva estrechamente minera, pero a su vez tiene una conciencia profunda sobre la importancia de los recursos hídricos«, indicó a este medio. Cirica subrayó que la Constitución Nacional ya establece marcos claros en el artículo 41, sobre el derecho a un ambiente sano, y en el artículo 124, que le da competencia a las provincias en el esquema de presupuestos mínimos.

«Esta seguridad jurídica nos va a dar previsibilidad y una seguridad de inversión, sobre todo por el tema del empleo que es totalmente necesario», argumentó. Y ponderó la gestión provincial en materia de control ambiental:«Nuestra provincia pudo llevar muy bien la policía minera y el Ministerio de Minería con controles, evaluaciones y monitoreos permanentes, sin resignar la actividad productiva que sostiene muchos trabajos».

«Todo este tema da claridad, da reglas claras que van a proteger el ambiente, pero también necesitan provincias fuertes. Considero que en la actualidad tenemos un gobierno que realmente está respaldado por este proceso».

Leonardo de la Vega: Previsibilidad para una cadena de valor con valor agregado

El presidente de la Unión Industrial de San Juan, Leonardo De la Vega, respaldó la reforma en nombre del sector y subrayó que la modificación llega para ordenar un marco que, a su criterio, no estaba bien definido en la ley anterior.

«Entendemos que los proyectos necesitan previsibilidad en un marco que aparentemente no estaba bien definido. El equipo técnico del gobierno que está trabajando en protección de glaciares es muy especializado y la provincia está muy avanzada en el tema», destacó a nuestro medio. Para De la Vega, la reforma mejora las expectativas para que los proyectos mineros que San Juan y el país esperan finalmente se concreten.

«La minería puede ser la palanca que se utilice para atravesar las dificultades económicas que atravesamos, pensando en un crecimiento sostenido con una mirada de largo plazo y en el desarrollo de una cadena de valor con mucho valor agregado y personal calificado. Eso es a lo que tiene que aspirar la sociedad».

CAPRIMSA: «Es algo histórico para la minería de San Juan»

Uno de los testimonios más emotivos llegó desde el propio recinto del Senado de la Nación, donde Fernando Godoy, presidente de CAPRIMSA, estuvo presente durante la votación. «Es algo que venimos trabajando desde hace casi siete años. Estar en el Senado, siendo parte de algo tan significativo y de lo que es la historia minera, es algo que espero que con el tiempo se ponga en valor», expresó.

Godoy conectó directamente la reforma con el futuro de los grandes proyectos sanjuaninos: «Con el RIGI más la ley de glaciares nos vamos acercando a que realmente Pachón sea algo ejecutable. Le damos seguridad a Filo del Sol, para que Vicuña siga avanzando, le estamos dando seguridad a Lunahuasi, al proyecto Altar y a toda la minería de San Juan, que es la más grande del país».

El presidente también reivindicó el rol de la cámara en el proceso: «CAPRIMSA llega a este nivel por trabajo, esfuerzo y empuje, con mucha dedicación, haciendo política minera, que es de lo que vivimos. San Juan ya aceptó la minería como motor de desarrollo y cambió hace años su matriz económica, productiva y social».

«Con el RIGI más la ley de glaciares nos vamos acercando a que realmente Pachón sea algo ejecutable. Le damos seguridad a Filo del Sol, a Vicuña, a Lunahuasi, al proyecto Altar y a toda la minería de San Juan».

AITURIC: La visión del sector turístico y ambiental

Victor Alberto Grau, presidente de la Asociación de Industriales Turísticos de Calingasta (A.I.TUR.I.C), aportó una mirada que trasciende la dicotomía entre minería y medioambiente. Grau planteó que proteger el ambiente ya no significa simplemente dejarlo intacto, sino entender sus funciones, medir sus ciclos y restaurar lo degradado. «El agua, en glaciares, ríos, acuíferos y suelos, debe ser protegida con rigor científico, porque es la base de toda sociedad viable», escribió.

El referente turístico calingastino también apuntó contra el inmovilismo como respuesta: «No todo paisaje frío o congelado es un glaciar. No todo territorio natural cumple la misma función. La protección eficaz no surge del miedo ni de la prohibición total, sino del conocimiento aplicado».

«El dilema del siglo XXI no es elegir entre ambiente o desarrollo. Es construir sistemas donde ambos se refuercen. La nueva ley sigue protegiendo los glaciares y deja en manos de expertos, científicos y técnicos la decisión de qué es un glaciar y qué no».

Orrego: «Un paso importante para el federalismo»

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, se expresó sobre la votación a través de su cuenta de X. «Hoy damos un paso importante para el federalismo y el desarrollo de nuestra provincia. Esta ley reconoce facultades constitucionales de San Juan y fortalece un esquema donde la evaluación ambiental se basa en ciencia y conocimiento del territorio», escribió el mandatario provincial.

Al contar con media sanción del Senado en el bolsillo, San Juan mira ahora hacia la Cámara de Diputados, donde la reforma deberá conseguir su segunda aprobación para convertirse en ley. Si lo logra, la provincia con la matriz minera más desarrollada del país y con proyectos gigantes como Pachón, Vicuña, Filo del Sol, Lunahuasi y Altar, habrá dado el salto institucional que el sector esperaba desde hace más de una década.