Vicuña y Nación: La alianza que amenaza con privatizar la red eléctrica de San Juan
En los últimos días, los despachos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) se han convertido en el epicentro de una tormenta política y técnica que amenaza con cambiar las reglas de juego del sector. La publicación de la Resolución 79/2026 ha sido interpretada en San Juan como un «cerrojo» que entrega el control de la infraestructura pública a manos privadas.
Por Sergio Álvarez
Un corredor con historia y financiamiento local
Para comprender la magnitud del conflicto, es necesario mirar hacia atrás y entender que no hablamos de una obra cualquiera. El corredor de 500 kV Nueva San Juan–Rodeo no es una infraestructura emergente del gobierno central; es el resultado de dos décadas de inversión sostenida por el sistema eléctrico provincial y el bolsillo de los usuarios sanjuaninos.
No obstante, la nueva normativa nacional otorgaría a la empresa Vicuña Argentina (operadora del megaproyecto Josemaría) una prioridad de uso del 90% sobre la capacidad remanente por los próximos 25 años. Esta decisión ha sido recibida como un baldazo de agua fría por el EPRE, que ve cómo una red estratégica queda virtualmente privatizada sin consulta previa.
La paradoja de la autonomía provincial vs. injerencia nacional
En un contexto político donde el discurso oficial pregona la autonomía de las provincias y la desregulación, sorprende que Nación aplique un centralismo rígido. La pregunta que circula en los pasillos gubernamentales es punzante: ¿Por qué Nación decide sobre una red que no financió?
Esta injerencia vulnera el federalismo energético y transforma al Estado Nacional en un gestor de activos que pertenecen al patrimonio de los sanjuaninos. Bajo esta búsqueda de «seguridad para las inversiones», se habría terminado contradiciendo la retórica de libertad de mercado al otorgar un monopolio de transporte a un solo actor.
El impacto en el bolsillo y la red del usuario común
Más allá de las grandes cifras de inversión minera, esta medida tendría consecuencias tangibles para los sanjuaninos. Al ceder casi la totalidad de la capacidad de transporte a una minera, se limitaría drásticamente la posibilidad de conectar nuevos parques solares o mejorar la estabilidad del suministro en los departamentos de Iglesia y Jáchal.
En términos sencillos: la provincia pagó la construcción de la «autopista», pero ahora Nación le entregaría el derecho de admisión a una empresa privada. Esto significa que cualquier desarrollo productivo o mejora en el servicio eléctrico local quedaría supeditado a que la minera no esté utilizando su «cupo» preferencial.
El «Freno de Mano» para otros proyectos mineros
Desde una perspectiva industrial, el efecto sería un «embudo» logístico que atentaría contra la libre competencia. Proyectos como Los Azules, Hualilán o Pachón podrían encontrarse ante un nuevo escollo. Si el corredor está virtualmente saturado por la prioridad de Vicuña, sus competidores se verán forzados a:
- Negociar peajes técnicos y económicos con una empresa competidora para poder operar.
- Financiar obras millonarias de ampliación de red que ya deberían estar disponibles bajo el principio constitucional de «Libre Acceso».
La contraofensiva de San Juan: Blindaje tarifario y control social
Ante el avance de Nación, el EPRE ha decidido plantar bandera para evitar que el corredor eléctrico se convierta en un enclave privado ajeno al control social. El organismo provincial exige que la magnitud del proyecto Vicuña Argentina S.A. obligue a una Audiencia Pública inmediata. No se trata de un mero trámite, sino de un mecanismo esencial para que técnicos y ciudadanos analicen si la infraestructura propuesta realmente beneficia a la comunidad o si solo sirve a los intereses de la minera.
Desde la provincia advierten que no permitirán que Vicuña utilice las ampliaciones eléctricas ya existentes sin compensar adecuadamente a San Juan. El ente regulador busca que la empresa firme convenios que respeten las leyes locales, asegurando un resarcimiento justo por el uso de redes que la provincia ya ha construido y que ahora se pretenden extender.
La prioridad del EPRE es clara: proteger el bolsillo de la gente. Bajo la premisa de que el desarrollo minero no debe ser subsidiado por el vecino común, el organismo sentenció que ninguna maniobra operativa para el sector privado puede traducirse en aumentos en las boletas de luz de los sanjuaninos. Para las autoridades locales, estas condiciones no son negociables, sino el único camino para que el despegue económico de la minería sea realmente sostenible y justo para toda la sociedad.
Hacia una judicialización inevitable por falta de consenso
La ausencia de una audiencia pública previa es el principal flanco legal que el gobierno de San Juan deberá atacar. Sin un espacio donde se discuta el impacto socioeconómico de esta resolución, el conflicto parece destinado a resolverse en los tribunales federales.
En definitiva, lo que está en juego en este marzo de 2026 no es únicamente un puñado de megavatios, sino el modelo de desarrollo federal que la Argentina minera necesita. El progreso de un proyecto, por más estratégico que sea, no puede cimentarse sobre la fragilidad energética de toda una provincia.