Los Azules se planta ante el ENRE. La disputa por la energía fractura al sector minero de San Juan
Mientras los municipios de Calingasta, Ullum e Iglesia preparan acciones legales y el EPRE exige una audiencia pública en la provincia, Acero y Roca accedió a información que confirma que Los Azules ya presentó una oposición formal ante el ENRE. La disputa por el control de la línea de 500 kV que pagaron todos los sanjuaninos amenaza con convertirse en la primera gran fractura del sector minero provincial.los azules
Por Lucas Laciar
La Resolución 079/26 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad sacudió al sector minero sanjuanino como pocas decisiones en los últimos años. El expediente, iniciado en 2023 en el marco del artículo 31 de la Ley N° 24.065, habilita el proceso de acceso y ampliación del sistema eléctrico para abastecer al proyecto Vicuña, impulsado por la alianza Lundin Mining y BHP.
En los hechos, según el EPRE, la resolución le otorgaría a Vicuña prioridad sobre el 90% de la capacidad remanente de la línea de 500 kV que atraviesa el oeste sanjuanino, lo que equivale al 71% del total de esa infraestructura. El problema es que esa línea no la pagó Vicuña, la pagaron los sanjuaninos a través de su factura de electricidad.
Lo que siguió fue una reacción en cadena. El EPRE presentó una oposición formal exigiendo audiencia pública en la provincia. Los municipios de Calingasta e Iglesia preparan recursos legales. Jáchal analiza sus opciones. Y desde el sector minero, otras operadoras ven con alarma lo que podría convertirse en un cuello de botella energético para todos los proyectos del oeste. Acero y Roca recogió las reacciones de actores clave que hasta ahora no habían hablado públicamente.
Ullum se suma al reclamo: «Nos enteramos de todo por los medios»
La línea de 500 kV atraviesa casi en su totalidad el departamento de Ullum. Sin embargo, su intendente, David Domínguez, reconoció a Acero y Roca que el municipio no recibió ninguna comunicación oficial sobre el proceso que derivó en la resolución del ENRE.
«Es una decisión bastante controversial que ha tomado la Nación, imagino que con la anuencia de la provincia, porque es una obra ejecutada desde San Juan con fondos de los ciudadanos. Esa línea se construyó con el aporte de todos los sanjuaninos», señaló. Y añadió que «No teníamos información de la provincia hacia los municipios sobre esta preocupación; nos tenemos que enterar de todo por los medios. No hemos tenido ninguna llamada del Ministerio de Minería ni de los otros sectores involucrados«.
«Vamos a mandar un representante de nuestro equipo legal a la audiencia pública del EPRE. Vamos a escuchar de qué se trata y qué responde la provincia al respecto, cuál es su mirada, porque no podemos ingresar a un conflicto desconociendo las posiciones de cada sector involucrado», anticipó Domínguez.
CASEMICA calificó de «descaro» el uso privado de la línea pagada por San Juan
Desde Calingasta, la voz más encendida llegó de Alfredo Amin, referente de CASEMICA, quien participó de una reunión reciente con el intendente Sebastián Carbajal en el Centro Cultural de Barreal. El apoyo al municipio fue total, pero Amin fue más allá y puso el debate en perspectiva histórica con una analogía que resulta difícil rebatir.
«Lo que más ruido nos hizo fue la advertencia de que nos preparemos para microcortes, porque el sistema puede colapsar si la mina comienza a operar a pleno. Nosotros somos proveedores mineros y vivimos de ello, pero no a cualquier precio», advirtió.
Amin recordó que Calingasta tiene su propia historia con la infraestructura eléctrica y la minería: fue la empresa Casposo quien financió en su momento la estación transformadora que permitió al departamento conectarse al anillo interconectado y dejar atrás la dependencia de grupos electrógenos.
«En 2009, la empresa minera decidió hacer los aportes que, si bien la beneficiaba, le cambió la vida a la comunidad y Calingasta dejó de ser una línea aislada. «Hoy tenés una situación donde se pretende utilizar lo que puso la comunidad sanjuanina para servicios propios de una empresa. Me parece una locura».
El dirigente también rescató el debate legislativo original de la línea: «En su momento, esto se votó en la Cámara de Diputados bajo el argumento de que era la ‘mal llamada línea minera’, con la idea de que a la larga la ocuparíamos todos. Es un descaro que ahora digan que la línea es para una minera, pero no se van a salvar de que todas las instituciones salgamos a reclamar algo que pagamos los sanjuaninos».
La oposición de Los Azules: el freno legal para Vicuña
Acero y Roca accedió a información de fuentes del sector que confirman que Los Azules ya presentó una oposición formal ante el ENRE contra la resolución que favorece a Vicuña. Los números explican por qué Los Azules reaccionó.
La reciente polémica resolución significa que cualquier otro proyecto que quiera conectarse deberá negociar con Vicuña las condiciones de acceso o construir su propia línea desde cero. En la práctica, un competidor directo pasaría a controlar la infraestructura energética del oeste sanjuanino.
¿Un monopolio eléctrico? La analogía del Belgrano Cargas que sacude al sector
Las fuentes consultadas por este medio lo grafican con una analogía contundente: es como si el gobierno nacional le adjudicara todos los tramos del Belgrano Cargas a Glencore. ¿A quién le daría prioridad Glencore para sacar el mineral?… lógicamente a El Pachón. Un operador minero con control sobre infraestructura estratégica siempre priorizará sus propios proyectos.
Problemas futuros
Y el problema no es solo presente. Con la minería del futuro virando hacia camiones eléctricos, trituradoras funcionando las 24 horas los 7 días y operaciones de uso intensivo de energía, la línea de 500 kV no es un lujo: es la columna vertebral del desarrollo minero del oeste sanjuanino para las próximas décadas. Perder el acceso libre a ella no es un inconveniente operativo menor, es una amenaza estructural para la competitividad de todos los proyectos de la región, entienden muchos en el sector.
La fractura que nadie quería
Lo que la resolución del ENRE dejó al descubierto es una tensión que el sector minero sanjuanino prefería mantener bajo la alfombra: cuando los intereses de las grandes operadoras chocan, la unidad del sector se rompe.
Mientras tanto, el EPRE sostiene en su presentación que «la pretensión de capturar a futuro el 90% de la capacidad remanente constituye un ejercicio abusivo del derecho de acceso, que desnaturaliza la función social y estratégica del sistema de transporte, subordinando el interés general de la población de San Juan a un interés privado particular».
Vicuña, por su parte, aclaró desde Buenos Aires que la resolución no implica exclusividad sobre la red y que la prioridad de uso se limitaría únicamente a la ampliación que la propia empresa financiaría. El debate está abierto y la audiencia pública del EPRE será el próximo escenario donde todas las partes deberán mostrar sus cartas.
