Respuesta a Toronto: El Bloquismo lanza ley de proveedores locales con multas millonarias
El Partido de la Estrella presentó su propio proyecto de ley de proveedores mineros antes que el orreguismo. Fija metas de 80% de empleo local y 70% de proveedores sanjuaninos. No premia a quien cumple. Sanciona a quien no lo hace, con multas de hasta 10 millones de Unidades Tributarias.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
Ron Hochstein, CEO de Vicuña, dijo no a una ley de proveedores en la feria minera más grande del mundo. Días después, el Bloquismo presentó exactamente eso en la Legislatura sanjuanina, con multas millonarias contempladas en el Expediente 542-2026 y los pueblos del primer anillo como centro de la disputa.
No a una ley de Proveedores en San Juan
El CEO de Vicuña fue claro en Toronto: no a una ley de proveedores mineros en San Juan. Ron Hochstein lo dijo ante representantes del Gobierno provincial y empresarios locales en la PDAC, una de las ferias mineras más importantes del mundo, y les advirtió a los sanjuaninos que no den nada por sentado. La respuesta llegó desde la Legislatura Provincial, y no desde donde se esperaba.
Fue el Partido Bloquista, aliado del gobierno de Marcelo Orrego, pero excluido de las reuniones donde se diseñó el proyecto oficial que todavía no llegó, el que tomó la iniciativa. El 12 de marzo, los diputados Luis Hernán Rueda, Gustavo Deguer y Federico Rizo presentaron el Expediente 542-2026: el «Régimen de Desarrollo Local Minero, Promoción del Empleo y Fortalecimiento de Proveedores de la Provincia de San Juan».
El proyecto tiene 26 artículos, siete capítulos y una lógica central que lo distingue del enfoque que venía trabajando el orreguismo: no premia a las empresas que cumplen. Las castiga si no lo hacen.
El primer anillo, en el centro de todo
El origen del proyecto está en Iglesia. Tanto el intendente Jorge Espejo como el diputado departamental Gustavo Deguer, coautor de la iniciativa, le pidieron al jefe del bloque, Luis Rueda, que avanzaran con una norma propia. La razón era concreta: las operadoras estaban priorizando proveedores de otras provincias o del exterior, y los trabajadores y empresas del departamento donde se desarrollarán Josemaría y Filo del Sol se estaban quedando afuera.
«Esto está plasmado por el pedido y la preocupación de muchos trabajadores que nos decían que por ahí las empresas estaban teniendo en cuenta proveedores de otras provincias o de otro país y no lo local«. El proyecto recoge esa preocupación y la traduce en un sistema de prioridad territorial por anillos. Primero el departamento donde se ejecuta la actividad minera. Después la zona de influencia. Luego el resto de la provincia. Y recién al final, cuando no haya oferta local suficiente, otras jurisdicciones del país. «Por eso hablamos del primer anillo, que es el departamento donde está el proyecto, y después lo vamos ampliando».
Luis Rueda
Metas que no son cupos, pero se cobran igual
El proyecto fija dos metas de referencia: 80% de empleo local y 70% de contratación de bienes, obras y servicios con proveedores sanjuaninos certificados.
Rueda insiste en que no son cupos rígidos, pero el texto del proyecto es más preciso que esa descripción: las metas se aplican conforme a la etapa del proyecto y a la disponibilidad real de oferta local, y las empresas deben justificar debidamente las circunstancias que les impidan alcanzarlas.
Además, «local» tiene una definición estricta. No alcanza con estar radicada en San Juan de papel.El artículo 9 establece que un proveedor local es aquel que acredita actividad económica vinculada a la minería con al menos 12 meses de radicación en la provincia, que tiene al menos el 80% de su nómina con domicilio real en San Juan, que cuenta con un establecimiento productivo permanente en territorio provincial y que está al día con sus obligaciones fiscales, previsionales y laborales.
La condición de proveedor local no la define el lugar de constitución societaria, sino la radicación real y verificable.
Adiós al RUPEM: El nuevo Registro Provincial de Proveedores Mineros
Para ser computado a los efectos del cumplimiento de las metas, hay que estar inscripto en el nuevo Registro Provincial de Proveedores Mineros, que reemplazaría al RUPEM, creado por la Ley 8421, y quedaría bajo la órbita del Ministerio de Minería con inscripción obligatoria y certificación anual.
«Una vez que se aprobó el RIGI, empezamos a trabajar en algo más local porque había que proteger, obviamente, a los proveedores y la mano de obra de la provincia», concretó Luis Rueda.
La diferencia con el orreguismo: palo sin zanahoria
Acá está la tensión más llamativa del proyecto. El Gobierno de Orrego venía trabajando, a través del ministro de Producción, Gustavo Fernández, en una iniciativa con un enfoque diferente: partía del 20% que fija el RIGI para proveedores locales y buscaba que ese porcentaje se cumpliera efectivamente en la provincia. Paralelamente la Nación definió «local» como todo el país, y apuntaba a que las empresas se comprometieran a superar esa cifra. Un esquema de incentivos hacia arriba.
El proyecto bloquista no tiene incentivos. Cuando Acero y Roca le preguntó a Rueda si las empresas que cumplen las metas reciben algún beneficio (reducción impositiva, exención, etc), la respuesta fue directa:
«La empresa ya se ve beneficiada por la actividad misma, que le está generando recursos o ingresos económicos«.
No hay zanahoria. Solo palo. Y el palo está en el artículo 21
El régimen de sanciones contempla apercibimiento, plan correctivo obligatorio y multas de entre 1.000 y 10.000.000 de Unidades Tributarias, según gravedad y reincidencia. Pero hay un detalle clave que el propio coautor del proyecto, el diputado Federico Rizo, se encargó de aclarar a nuestro medio: las multas no son por no llegar al 80% de empleo local ni al 70% de proveedores.
«Las multas no son por incumplir con la meta del 80% de mano de obra o el 70% de proveedores. La sanción es por incumplir con las obligaciones que establece la ley, como presentar un plan plurianual, actualizarlo anualmente o informar el estado de cumplimiento. La sanción entraría en juego si no presentan los planes o si ocultan dolosamente información».
Federico Rizo
Dicho de otro modo: si una empresa necesita 10.000 perforistas y no los hay en Iglesia ni en toda la provincia, no se la sanciona por no cumplir la meta. Lo que sí se exige es que lo justifique en el plan anual y que ese plan exista, se actualice y sea transparente. Las sanciones apuntan a quienes mientan, traben los controles o directamente ignoren las obligaciones de información que establece la norma.
La tensión de fondo
La postura de Hochstein en Toronto y la iniciativa del Partido de la Estrella ilustran la tensión estructural que atraviesa el boom minero sanjuanino: las grandes operadoras quieren libertad para elegir proveedores Tier 1 al menor costo posible; los pueblos del primer anillo quieren que la riqueza que se extrae a metros de sus casas les deje algo concreto. El orreguismo hasta ahora no definió de qué lado de esa tensión se va a parar. El Bloquismo, al menos legislativamente, ya eligió.
Periodista y Licenciado en Comunicación Social que cubre en actualidad política, social, económica y minera.