Casi 28.000 personas se inscribieron para participar en la audiencia pública convocada por la Cámara de Diputados para debatir posibles cambios en la normativa que regula la protección de glaciares y ambientes periglaciales en Argentina. Desde Greenpeace advierten que la reforma en discusión podría debilitar los estándares ambientales y afectar reservas estratégicas de agua en la alta cordillera.

Por Luciana Vignoli

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La protección de los glaciares volvió al centro del debate ambiental y político en Argentina a partir de la convocatoria a una audiencia pública en la Cámara de Diputados para discutir modificaciones a la Ley de Glaciares. La instancia se desarrollará el 25 y 26 de marzo y ha generado una movilización inusual de ciudadanos, organizaciones sociales, científicos y especialistas vinculados al estudio de los ecosistemas de alta montaña.

Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina, explicó que “la audiencia fue solicitada por legisladores nacionales junto a organizaciones ambientales que buscan ampliar el debate público sobre una norma considerada clave para la protección de las reservas estratégicas de agua dulce del país”.

Entre las organizaciones que impulsaron el pedido se encuentran la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Círculo de Políticas Ambientales, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Fundación Biodiversidad y Aves Argentinas, además de Greenpeace Argentina.

El número que hace temblar a los legisladores

La convocatoria despertó una respuesta masiva en pocos días. De acuerdo con la especialista de Greenpeace, casi 28.000 personas manifestaron su intención de participar en la audiencia pública en menos de una semana desde la apertura del registro. “Es un número récord e histórico para este tipo de instancia participativa. Eso demuestra que la protección de los glaciares va mucho más allá de una causa ambientalista. Es un reclamo de la sociedad argentina que quiere defender sus reservas de agua”, indicó Rossi Serra, al tiempo que recordó que la inscripción permanecerá abierta hasta el 20 de marzo.

Según explicó Agustina, el interés social responde a la posibilidad de que se modifiquen normas que regulan ecosistemas que cumplen funciones clave en el ciclo hídrico de las cuencas andinas. Los glaciares y el ambiente periglacial actúan como reservorios de agua dulce y reguladores del flujo hídrico que abastece a numerosas regiones del país.

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La audiencia contará con una amplia diversidad de expositores provenientes de distintos sectores sociales y profesionales. Entre los inscriptos hay representantes de organizaciones ambientales, investigadores vinculados al estudio de glaciares y agua de montaña, profesionales especializados y ciudadanos que participarán de manera individual.

“Uno de los aspectos más valiosos de esta audiencia es justamente esa diversidad de voces, donde no solo participan especialistas sino también personas que quieren expresar directamente su preocupación por el futuro del agua y de los ecosistemas de montaña”, afirmó Rossi Serra.

¿Protección federal o autonomía provincial? El nudo que traba la reforma

Greenpeace adelantó que su participación en la audiencia estará orientada a advertir sobre los efectos que podría tener una modificación de la ley vigente. “Desde la organización sostenemos que la modificación del proyecto debilita los estándares de protección vigentes y rompe el carácter de presupuestos mínimos ambientales que deben regir para todo el territorio nacional”, afirmó Rossi Serra.

Según explicó la especialista, el principal riesgo radica en que se altere la naturaleza de la ley como norma de alcance federal. La iniciativa trasladaría a las provincias la definición sobre qué glaciares y sectores del ambiente periglacial deben ser protegidos. “Esto fragmentaría la protección ambiental de ecosistemas que forman parte de sistemas hídricos que no reconocen fronteras políticas”, advirtió.

Greenpeace también sostiene que el proyecto vulneraría principios centrales del derecho ambiental argentino, entre ellos el principio precautorio, el principio de prevención y el principio de no regresión ambiental establecidos en la legislación nacional y en acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú.

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Paralelamente, Agustina indicó que “La discusión legislativa puede tener consecuencias directas en territorios donde coinciden yacimientos minerales con ambientes glaciares o periglaciales. En provincias cordilleranas como San Juan, el resultado del debate tiene implicancias muy concretas porque gran parte de los proyectos mineros se ubican en zonas de alta montaña donde también existen glaciares y ambientes periglaciales”

Asimismo, detalló que “Si la ley se debilita, podría habilitarse el avance de actividades en áreas que hoy están protegidas, lo que implica mayores riesgos para las reservas estratégicas de agua y para el funcionamiento de las cuencas hídricas que sostienen comunidades, ecosistemas y actividades productivas aguas abajo”, señaló.

28.000 voces: ¿un reclamo ciudadano o una presión política no vinculante?

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La audiencia no es vinculante (o sea, los diputados pueden «oír y no escuchar»), pero con 28.000 personas golpeando la puerta, el costo político de ignorarlas es altísimo. No es solo ecología; es el conflicto por quién tiene la llave del agua en la Cordillera.

“Esperamos que los diputados escuchen la voluntad ciudadana expresada en la audiencia y actúen con responsabilidad al momento de tratar el proyecto. la Ley de Glaciares vigente surgió de un consenso social y científico amplio y que su aplicación efectiva constituye una obligación del Estado argentino para garantizar el derecho a un ambiente sano”.

En ese contexto, la audiencia pública se presenta como una instancia clave. El resultado del debate legislativo definirá si se mantienen los actuales niveles de protección o si se introducen cambios en uno de los principales marcos normativos ambientales del país.

Mientras las organizaciones ambientales denuncian un «retroceso», desde las provincias mineras como San Juan argumentan que la ley actual, al ser tan ambigua en la definición de «ambiente periglacial», ha frenado proyectos millonarios sin una base científica clara. Para el sector productivo, la reforma no es «debilitar», sino «dar certezas« para que se sepa, de una vez por todas, dónde se puede trabajar y dónde no.