Minería ilegal en Sudamérica: Del blanqueo de capitales al laberinto de la formalización
Sudamérica enfrenta una minería ilegal resiliente que trasciende fronteras. Mientras Sandra Molina revela cómo el oro ilícito se blanquea mediante inteligencia financiera en Ecuador, Cinthia Barboza Bravo expone en Perú el fracaso de un sistema de formalización asfixiado por la burocracia.
Por Yenhy Navas
El avance de la minería ilegal sobre ecosistemas críticos evidencia un sistema que prioriza la extracción rápida por encima de la sostenibilidad ambiental. Imagen ilustrativa de Acero y Roca
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
La minería ilegal en la región persiste por dos fallas sistémicas. Sandra Molina (Ecuador) advierte que quemar maquinaria es inútil si no se ataca la inteligencia financiera y el blanqueo en los nodos de procesamiento. En paralelo, Cinthia Barboza (Perú) expone un sistema de formalización fallido, donde la burocracia y los costos excluyen al 97% de los mineros. Sin monetización controlada ni legalidad accesible, la economía criminal gana.
Sandra Molina: El fracaso del enfoque táctico: Por qué quemar maquinaria no alcanza
La respuesta estatal tradicional ante la minería ilícita se ha concentrado en el despliegue de fuerzas de seguridad y la inutilización de equipos pesados. Sin embargo, para la especialista ecuatoriana Sandra Molina, especialista en Políticas públicas, programas y proyectos. Seguridad, defensa e inteligencia, este enfoque es insuficiente debido a la resiliencia del sistema criminal. «La minería ilegal no funciona como una suma de explotaciones aisladas, sino como una economía criminal integrada. La extracción es apenas una fase de una cadena que incluye financiamiento, procesamiento, cobertura documental, comercialización y reinversión», explica.
El impacto de destruir una retroexcavadora es meramente temporal. Al golpear solo el componente visible, la rentabilidad a largo plazo queda intacta. Según Molina, «si la estructura mantiene su capacidad para procesar el mineral y reinsertar esa renta en la economía formal, la actividad tiende a desplazarse territorialmente y a reconfigurarse con rapidez sin debilitar realmente la base funcional que sostiene al sistema criminal organizado«, explica la especialista.
El nodo de procesamiento: Donde el mineral se vuelve dinero
El núcleo del negocio no reside en la mina, sino en los puntos de transformación. Molina identifica un «talón de Aquiles» para estas organizaciones: el momento de la legalización. «El punto crítico se encuentra en el nodo de procesamiento y legalización del oro. Es allí donde el mineral pierde su trazabilidad física y se transforma en un activo financiero», señala. Las plantas de beneficio y comercializadoras funcionan como espacios de blanqueo si no existen controles técnicos consistentes.
Blanqueo primario: La metamorfosis del oro ilícito
«El proceso de -blanqueo primario- permite que el oro adquiera apariencia de legalidad antes de su exportación. El esquema suele comenzar con compras en efectivo en zonas de extracción. Posteriormente, el mineral es canalizado hacia plantas de beneficio donde puede mezclarse con producción formal. Una vez que el oro es exportado, el ingreso retorna al sistema financiero como renta legal, aprovechando las fallas en la supervisión cruzada».
Sandra Molina
Inteligencia financiera sobre el despliegue territorial
La aplicación de inteligencia financiera y el análisis de trazabilidad de activos son las herramientas clave para detectar las inconsistencias en la exportación de minerales. Imagen ilustrativa de Acero y Roca
Para desarticular estas redes, Molina propone priorizar la inteligencia financiera sobre el despliegue táctico. «Es indispensable cruzar información sobre volúmenes exportados, capacidad instalada y consumo de insumos químicos. La clave está en detectar inconsistencias estructurales», puntualiza.
Además, es importante blindar las instituciones para evitar la permeabilidad administrativa y la «debilidad» en los controles internos. Reducir la discrecionalidad, digitalizar procesos y proteger los puntos de validación documental son medidas que considera tan relevantes como el control del territorio.
En definitiva, el éxito de las políticas públicas depende de atacar el «centro de gravedad» del sistema: la capacidad de transformar el oro ilícito en renta con baja exposición penal. Como concluye Molina: «Sin monetización segura no hay expansión sostenible».
Cinthia Barboza Bravo: el laberinto del REINFO, inscripción masiva, éxito nulo
La principal lección es que la pequeña minería no puede seguir siendo vista solo como un problema. Imagen de Acero y Roca
La formalización de la pequeña minería en Perú enfrenta una crisis de resultados. Según la investigación liderada por la ingeniera Cinthia Barboza Bravo, el volumen de inscriptos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) no garantiza la legalidad. En Chiclayo, provincia con el mayor número de registros (241), la tasa de éxito es marginal.
Radiografía del estancamiento en Chiclayo (2017-2023):
- Éxito final: Solo el 2,82% logró culminar el proceso.
- Limbo legal: El 77,18% de los mineros se encuentran en estado «suspendido».
- Inviabilidad técnica: Más de la mitad opera en concesiones ya extinguidas; solo el 0,88% inició la modificación necesaria.
«La solución no depende solo del Estado, sino del diálogo con las empresas que poseen los derechos mineros. Cuando las empresas se niegan a suscribir contratos de explotación, la informalidad crece; cuando se abre al diálogo, la formalidad se vuelve posible».
Cinthia Barboza Bravo
El «cuello de botella»: Contratos de explotación y titularidad
El principal obstáculo no es la voluntad del minero, sino la acreditación del derecho minero. Sin un contrato de explotación vigente o la titularidad de la concesión, el trámite muere en la burocracia. «Esa voluntad de formalizarse no se sostiene en el tiempo porque el minero se enfrenta a la imposibilidad de acceder a contratos de explotación», explica Barboza Bravo.
| Requisito Legal | Porcentaje de cumplimiento |
| Acreditación de titularidad | 9,09% |
| Presentación de contrato de cesión/explotación | 4,23% |
El filtro ambiental: El costo prohibitivo del IGAFOM
Documentos de concesión minera y contrato de explotación, trámites clave y burocráticos para la legalidad del sector. Imagen ilustrativa de Acero y Roca.
El segundo gran filtro es el Instrumento de Gestión Ambiental (IGAFOM). Su nivel de aprobación apenas alcanza el 30,65%, debido principalmente a barreras económicas más que técnicas. Existe una desconexión total entre las exigencias estatales y la billetera del pequeño minero artesanal.
- Falta de asesoría: El 63,64% de los mineros declara no tener acceso a un consultor.
- Barrera económica: El 81,81% rechaza o no puede asumir los altos costos de consultoría ambiental.
La convergencia de ambas realidades permite concluir que el combate a la minería ilegal no se ganará quemando maquinaria en territorio. Mientras el Estado no logre desarticular los nodos donde el mineral se transforma en activo financiero y, en paralelo, no ofrezca un camino de formalización técnica y económicamente viable para el pequeño minero, la economía criminal seguirá encontrando grietas para expandirse. El «centro de gravedad» del conflicto ha cambiado: la solución ya no es táctica, es sistémica.