El 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua, fecha impulsada por la ONU para visibilizar la crisis global en torno al acceso, la gestión y la sostenibilidad del recurso. En este contexto, Juan Godoy, integrante de la Asamblea Agüita Pura San Juan, habló sobre la falta de políticas públicas, la escasez de agua y los riesgos sobre glaciares y cuencas en la provincia.

La peor crisis en un siglo: el diagnóstico de la Asamblea local

El escenario global es crítico. Según datos del propio organismo, más de 2.000 millones de personas no tienen acceso a agua potable segura, lo que posiciona al recurso como uno de los principales desafíos estructurales del siglo XXI. En regiones áridas como San Juan, esta problemática adquiere una dimensión aún más sensible por la alta dependencia de los aportes nivales y la presión de las actividades productivas.

Crisis hídrica global y el impacto en regiones áridas como San Juan

La crisis hídrica en San Juan se profundiza por factores estructurales y coyunturales que afectan directamente la disponibilidad de agua. La combinación de menor acumulación de nieve, aumento de la demanda y presión sobre las cuencas configura un panorama de alta vulnerabilidad hídrica.

Juan Godoy trazó un diagnóstico crítico sobre la situación hídrica provincial y cuestionó tanto la falta de respuestas estatales como el peso de los intereses extractivos. “Es una situación crítica porque se está atravesando la peor crisis de los últimos 100 años en nuestra provincia y, lamentablemente, no hay una política pública activa para revertirla”, afirmó.

Minería y agro: el debate por la presión sobre las reservas subterráneas

En paralelo, señaló que el problema no se limita a factores climáticos. “Los proyectos extractivos, tanto mineros como agropecuarios, generan un estrés hídrico importante sobre las cuencas, especialmente sobre las reservas subterráneas que también forman parte del sistema de abastecimiento”.

Ley de Glaciares: el temor por la desprotección de las nacientes de agua

En este punto, el debate por la posible reforma de la Ley de Glaciares suma otro foco de preocupación. Godoy remarcó el rol estratégico de los ambientes cordilleranos en el ciclo hídrico provincial.

“El agua en San Juan depende en gran medida de las precipitaciones nivales. Esa nieve se acumula en zonas de alta montaña y luego alimenta los caudales de ríos como el San Juan y el Jáchal, a partir de procesos de fusión regulados por ambientes glaciares y periglaciares. Es una situación muy preocupante porque no se está protegiendo adecuadamente la naciente de nuestros ríos”.

Godoy vinculó el impulso de la reforma de la Ley de Glaciares con intereses empresariales. “Esta reforma responde a sectores vinculados a grandes compañías que buscan modificar el marco legal para ampliar sus posibilidades de desarrollo en zonas actualmente restringidas”, afirmó.

Desigualdad en el acceso: ¿quién decide sobre el recurso?

Por otro lado, desde la Asamblea el planteo también apunta a los mecanismos de gestión hídrica. “Se tiene que discutir el manejo, el control, la gestión y la distribución del agua. Las comunidades tienen que ser actores participativos en esos espacios”.

En esa línea, cuestionó la desigualdad en el acceso al recurso. “Muchas veces lo que se impone es la capacidad económica del actor, ya sea por escala productiva o por el capital que tiene si se trata de grandes empresas”.

Hacia una gestión participativa frente a la postergación política

Consultado sobre la respuesta política y social frente a la crisis hídrica en San Juan, sostuvo que predomina una lógica de postergación.“Se tiende a evitar el tema o a subestimarlo hasta que la situación se vuelve crítica y obliga a tomar medidas. Esto se refleja primero en los actores más débiles, como pequeños productores o regiones con menor disponibilidad de agua”.

En el Día Mundial del Agua, San Juan se enfrenta a un espejo incómodo. Mientras la industria minera perfecciona sus sistemas de recirculación, las asambleas ambientales ponen el foco en lo que consideran una deuda pendiente: una política pública que priorice la supervivencia de las cuencas por sobre la rentabilidad. Como plantea Juan Godoy, el debate por la crisis hídrica en San Juan ya no es técnico, es político, y la reforma de la Ley de Glaciares aparece como la gran línea roja que la sociedad civil no parece dispuesta a cruzar sin dar pelea.