¿Nadie les preguntó? Cámaras de Iglesia reaccionan al proyecto de proveedores mineros
El Bloquismo presentó su ley de proveedores, argumentando que lo hizo por Iglesia. El orreguismo lleva meses prometiendo la suya. Pero tres de las principales cámaras empresariales del departamento minero más importante de San Juan coinciden en que ninguna fue consultada. Por ningún partido.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
Tres cámaras empresariales de Iglesia que respondieron a la consulta —CADEMI, Tierra Minera y AITURIC— reaccionaron al proyecto de ley de proveedores mineros del Bloquismo. Ninguna fue consultada, ni por el bloque impulsor ni por el orreguismo. Las tres piden que «local» se defina como departamental, no provincial. Y las tres advierten: antes de porcentajes y multas, hacen falta condiciones reales.
El Partido de la Estrella presentó su proyecto de ley de proveedores mineros argumentando que lo hizo, en buena medida, por pedido de Iglesia. El gobernador Orrego lleva meses prometiendo el suyo.
Acero y Roca consultó a tres de las principales cámaras empresariales del departamento cordillerano, para conocer su opinión sobre los puntos de la propuesta, pero la respuesta fue la misma: nadie les preguntó nada.
Marcela Aguilera, Tierra Minera: «No hemos sido consultados ni invitados»
«Hay algo que es claro y que lo venimos pidiendo: la necesidad de un marco regulatorio justo y equitativo, independientemente de quien lo presente. Lo importante es que sea el resultado de un trabajo participativo, en el que todos podamos aportar nuestros puntos de vista. En nuestro caso no hemos sido consultados ni invitados a algún encuentro en el que se haya tratado el tema».
Marcela Aguilera, presidenta de Cámara Tierra Minera de Iglesia
La presidenta de la Cámara Tierra Minera de Iglesia, Marcela Aguilera, recibió la iniciativa bloquista con una postura que mezcla reconocimiento y advertencia. La necesidad de un marco regulatorio es clara, pero el proceso importa tanto como el resultado.
Sobre la realidad en el territorio, su diagnóstico es directo: «Sentimos que debería haber más empresas iglesianas y sanjuaninas incluidas. Esto genera cierto malestar en distintos sectores». Y sobre el debate multas versus incentivos, Aguilera se inclina por el segundo camino, aunque agrega una propuesta concreta que va más allá del proyecto bloquista: pide que la provincia y los municipios implementen cuanto antes el RIMI (Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones) y generen un RIPI (Régimen Integral de Promoción e Inversión PyME), instrumentos que considera indispensables para complementar cualquier marco regulatorio.
«Antes de hablar de porcentajes, hay que ponerse de acuerdo en qué significa local, porque lo entendemos de maneras diferentes».
Víctor Grau, AITURIC: «Iglesia no necesita discursos ni porcentajes. Necesita un sistema»
«Las operadoras priorizan proveedores de afuera, pero el problema es estructural y no se resuelve solo con leyes. Falta escala, financiamiento, capacitación, crédito, parque industrial, red de agua y visión municipal. El enfoque correcto no es solo imponer leyes o exigir cupos, sino construir condiciones e incentivos reales que atraigan a inversores a querer arraigarse».
Víctor Grau, presidente de AITURIC
El presidente de AITURIC, Víctor Grau, es estructural. Su respuesta al proyecto bloquista no es solo una reacción: es un programa.
Su propuesta más concreta y más difícil de ignorar es la creación de un Fondo de Desarrollo de Proveedores de Iglesia, alimentado por aportes del Estado, de las empresas mineras, de regalías y de organismos financieros. «Sin financiamiento, no hay competitividad. Y sin competitividad, no hay desarrollo local real», sintetiza.
«Iglesia no necesita discursos ni porcentajes aislados. Necesita un sistema. Un sistema donde haya empresas arraigadas, reglas claras, financiamiento, capacitación y transparencia absoluta».
José Silva, CADEMI: «Avanzar de manera unilateral debilita las políticas de Estado»
«Lo recibimos con preocupación institucional. No fuimos consultados previamente para la elaboración de este proyecto, lo cual resulta llamativo considerando que representamos a proveedores y actores directamente vinculados a la actividad en territorio. Avanzar de manera unilateral debilita la construcción de políticas de Estado sostenibles en el tiempo».
José María Silva, presidente de CADEMI
Para José María Silva, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Iglesia (CADEMI), la falta de consulta no es solo un trámite omitido: es una señal que debilita la legitimidad de cualquier iniciativa.
Silva confirma la percepción de que las operadoras priorizan proveedores de afuera, pero matiza la causa: «Esto no necesariamente responde a una falta de capacidad local, sino a la ausencia de políticas claras de desarrollo de proveedores y de condiciones que incentiven la radicación y fortalecimiento de empresas en las zonas de influencia directa».
Modelo de tres tiempos
Sobre el esquema de multas del proyecto bloquista, Silva propone un modelo en tres tiempos: primero incentivar, acompañar y facilitar; después exigir transparencia y trazabilidad; y recién entonces sancionar a quienes, habiendo tenido condiciones adecuadas, no cumplan. «El castigo no debe ser el punto de partida, pero sí una herramienta necesaria cuando no se cumplen los objetivos establecidos», resume.
Y agrega un dato que golpea parejo a todos: tampoco fue consultado por el Ministerio de Minería para el proyecto oficial que el orreguismo viene prometiendo. «Esto es particularmente preocupante, porque la voz de quienes estamos en las zonas de influencia directa es clave para garantizar la licencia social de la actividad», advierte.
Localía: Lo innegociable
Más allá de las diferencias de tono y énfasis, las tres cámaras convergen en un punto que consideran no negociable: la definición de«local» debe ser departamental, no provincial. Que una empresa tenga sede en San Juan capital no alcanza para ser considerada proveedor local según los empresarios de Iglesia. El primer anillo, el departamento donde se desarrolla el proyecto, debe ser el criterio central de cualquier ley que se apruebe.
«Local no puede ser entendido únicamente como la provincia de San Juan; debe definirse como el área de influencia directa donde operan los proyectos mineros», plantea Silva desde CADEMI. Para Aguilera «Hay que resolver las cuestiones conceptuales antes de hablar de porcentajes. Y Grau lo convierte en condición innegociable: «Proveedor local es exclusivamente el radicado en el departamento donde se realiza la explotación. Sin trampas ni ambigüedades«.
Lo que está en juego
Detrás de la discusión sobre qué es un “proveedor local” hay una disputa por quién se queda con el negocio minero.
No es menor: el proyecto Vicuña, eje del desarrollo de cobre en San Juan, prevé una inversión total de USD 18.000 millones, con USD 7.000 millones concentrados entre 2027 y 2030, en plena etapa de construcción. Es, según el sector, la mayor inversión privada proyectada en Argentina.
La mayoría de las empresas con escala y financiamiento están en el gran San Juan, muchas en el parque industrial de Albardón, Chimbas u otros puntos. Eso deja a los proveedores del departamento en desventaja estructural frente a contratos de gran volumen.
Para los empresarios de Iglesia, que sea departamental implica asegurarse una porción de un negocio que mueve miles de millones de dólares. Para la provincia, en cambio, la lógica parece ser otra: concentrar empleo donde hay más población y estructura productiva ¿y… votos?
A esto se suma otro factor: Vicuña será una operación binacional con Chile, lo que implica que los proveedores locales no solo competirán entre sí, sino también con empresas del otro lado de la cordillera, muchas con mayor escala, know how, menos impuestos y acceso a financiamiento.
Las operadoras, por su parte, priorizan eficiencia y costos. La contratación local aparece, muchas veces, más ligada a sostener la “licencia social” que a una decisión productiva pura., y en el cruce de esos intereses es donde se define la ley. Ahí, la falta de consulta deja de ser un detalle: pasa a ser parte del problema.
El debate legislativo sobre proveedores mineros en San Juan acaba de volverse más complejo. Y más interesante.
Periodista y Licenciado en Comunicación Social que cubre en actualidad política, social, económica y minera.