Desafíos del Derecho Ambiental y la Minería en Argentina
El abogado Horacio Franco, socio de «Franco Abogados», firma especializada en Ambiente, Descarbonización, Empresa y Derechos Humanos y Seguridad Industrial, analiza la urgencia de desterrar la ligereza en la gestión legal para garantizar la seguridad jurídica en un contexto de alta exigencia climática y social.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
Para Horacio Franco, el éxito de los proyectos depende de un cumplimiento «excelente» que integre áreas legales, técnicas y socioambientales para evitar la «barbarie» de ignorar los saberes locales. El experto advierte que la Ley de Glaciares hoy «prohíbe a ciegas» sin sustento científico. La seguridad jurídica exige estudios «serios y científicos» y transparencia bajo el «Resumen Escazú» para garantizar financiamiento y evitar la judicialización.
Un enfoque integral
Horacio Franco sostiene que la viabilidad de un proyecto minero no depende solo de la geología. La clave está en una estrategia donde lo legal y lo técnico se retroalimenten; de lo contrario, el proyecto se vuelve vulnerable: «es como cuando un cerebro tiene ciertas neuronas que no se hablan con otras».
El equilibrio constitucional y las necesidades presentes
El marco de referencia para el Derecho Ambiental y la Minería es, según Franco, el programa de la Constitución Nacional. Este contiene cuatro paradigmas: el Ambiental, el Social, el del Desarrollo y el Republicano.
«Es inviable política y humanamente pretender cuidar las necesidades de las generaciones futuras si ni siquiera se logra un mínimo esencial de satisfacción de las necesidades presentes. Por ello, la protección del entorno debe darse siempre bajo una utilización racional de los recursos naturales».
Horacio Franco, experto en la gestión integral de desafíos legales y técnicos en la minería argentina.
Glaciares: El peligro de las prohibiciones «a ciegas»
El punto más crítico para la inversión es el Artículo 6 de la Ley de Glaciares. Franco denuncia que la normativa actual «prohíbe a ciegas, sin haber medido, sin estudiar cada caso, sin hacer Evaluación de Impacto Ambiental».
El abogado destaca que la comunidad científica y el IANIGLA son claros: el agua es el bien a proteger. Por lo tanto, prohibir la actividad en ambientes periglaciares secos o sin funciones hídricas relevantes carece de fundamento. Franco aboga por reformas que descarten cualquier «prohibición desvinculada de estudios técnicos y científicos», permitiendo que cada proyecto demuestre su impacto real mediante datos.
El «Resumen Escazú» y la licencia social
La transparencia ya no es opcional. Bajo el Acuerdo de Escazú, Franco propone el uso de un «Resumen Escazú»: una síntesis didáctica que permita a las comunidades comprender estudios ambientales complejos.
Para el experto, ignorar los saberes locales de pobladores y pueblos originarios es una «especie de barbarie de signo opuesto». La gestión moderna debe valorar tanto el dato duro como el conocimiento de quienes habitan el territorio, integrando ambos en la toma de decisiones para fortalecer la licencia social.
Judicialización y el estándar de la Corte Suprema
Uno de los riesgos más altos es la intervención de la Justicia. Franco advierte que «la Corte Suprema ha elevado la vara, exigiendo estudios serios y científicos, por lo que en este escenario, hacer las cosas ‘bien’, con minúsculas, no alcanza, se requiere excelencia».
Una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) robusta es la mejor defensa legal. Si la EIA es deficiente, el proyecto queda expuesto a medidas cautelares que pueden paralizar inversiones millonarias. Para Franco, el diseño de estas estrategias no puede ser genérico: «cada empresa debe elaborar una estrategia legal, técnica y socio ambiental que se retroalimente, confeccionada en base a datos, y a su medida».
El «Costo Argentino» y la competencia regional
Argentina compite por capitales con países que han logrado mayores niveles de desarrollo, como Chile y Uruguay. Sin embargo, Franco señala que a menudo somos vistos como un «ejemplo para no seguir» debido a los «kioskos normativos».
Entre ellos, destaca el «seguro ambiental obligatorio de caución«, al que califica como «carísimo, amañado y un costo argentino sin beneficio ambiental». También menciona regulaciones redundantes y opacas, además de la alta presión tributaria provincial y municipal, que actúan como frenos al crecimiento del sector.
Contra la «ligereza» en la consultoría
Finalmente, Horacio Franco lanza una advertencia a las operadoras: «el camino hacia ninguna parte está tapizado de ligereza». Critica la abundancia de servicios de consultoría que son rentables para quien los presta, pero inútiles para la seguridad jurídica de la empresa. La recomendación es clara: buscar expertos que generen valor real a través de la integración de EHS (Ambiente, Salud y Seguridad) y Derechos Humanos.
El veredicto: Excelencia o parálisis
La advertencia de Horacio Franco resuena con especial fuerza en una San Juan que custodia la mayor reserva de proyectos de cobre de la región, pero que también lidia con la complejidad de sus ambientes periglaciares. La conclusión es una sola: en la minería de 2026, el cumplimiento legal ‘a reglamento’ ya no es un escudo suficiente.
Para blindar los proyectos locales frente a la vara de la Corte Suprema, las operadoras deben abandonar la ‘ligereza’ y adoptar una transparencia radical bajo el estándar de Escazú. Sólo mediante estudios científicos que hablen el mismo idioma que el territorio se podrá transformar la incertidumbre normativa en la seguridad jurídica que el capital internacional exige para desembarcar, finalmente, en nuestra cordillera.
Periodista especializada en minería y gestión estratégica para Acero y Roca.