Salta busca acelerar la frontera minera con una ley para simplificar la exploración
El Gobierno de Salta, a través de la Secretaría de Minería, ultima los detalles de un proyecto de ley que promete revolucionar los tiempos de la actividad en la Puna. La iniciativa, que ingresará a la Legislatura en las próximas semanas, propone un esquema de declaración jurada para la prospección inicial, buscando eliminar la burocracia en la etapa de mayor riesgo inversor.
Por Sergio Álvarez
Lo esencial en 10 segundos
Salta busca acelerar la minería con una ley de declaración jurada para la prospección inicial, simplificando trámites en una Puna explorada apenas al 1%. Con inversiones del RIGI que superan los US$ 7.500 millones (Río Tinto, Ganfeng, Posco), el secretario Gustavo Carrizo apuesta a desburocratizar el hallazgo de recursos. La iniciativa prioriza la agilidad administrativa, el empleo local y la sostenibilidad para consolidar más de 70 proyectos activos.
El plan para desburocratizar el hallazgo de recursos
En el complejo mundo de la minería, la exploración es el cimiento de toda la cadena de valor. Sin embargo, en Salta el diagnóstico es contundente: apenas el 1% de la Puna ha sido explorado exhaustivamente. Ante este escenario, el secretario de Minería, Gustavo Carrizo, presentó ante la Comisión de Minería del Senado un plan para dotar al sector de una agilidad inédita.
El eje central de la propuesta legislativa es permitir que la prospección, estudios preliminares de bajísimo impacto ambiental, se habilite mediante una declaración jurada del operador. Actualmente, el circuito administrativo exige aprobar un Informe de Impacto Ambiental completo, acreditar situación fiscal, documentación societaria y declarar equipos desde el minuto uno, lo que genera cuellos de botella que desalientan el capital exploratorio.
«Sin duda, la que nos va a dar las respuestas necesarias para el desarrollo y crecimiento de la provincia son los proyectos nuevos», afirmó Carrizo durante su exposición, destacando que el objetivo es competir en rapidez y previsibilidad global.
Cien días de gestión: 31 nuevas declaraciones ambientales
La celeridad no es solo una promesa a futuro. Según los datos oficiales, en los primeros 100 días de la actual gestión se emitieron 31 Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). Este avance busca revertir la percepción histórica de lentitud en los trámites previos al desarrollo. Carrizo, quien anteriormente integró la Comisión de Minería como senador, enfatizó que el camino trazado busca simplificar procesos sin relajar los controles ambientales en las etapas posteriores de mayor envergadura.
El «embudo» de los proyectos en Salta
La provincia cuenta hoy con un universo de más de 70 proyectos activos, donde la exploración funciona como un filtro natural. La intención oficial es ensanchar la base de este embudo para que más iniciativas lleguen a la fase de producción.
Entre los hitos del litio, se destacan como operaciones consolidadas Centenario Ratones, Sal de Oro, Salar del Rincón y Mariana. En cuanto a los metalíferos (oro, plata y cobre), la provincia mantiene 15 proyectos en etapa de prospección que se verían directamente beneficiados por la nueva ley.
El impulso del RIGI y las inversiones estratégicas
La gobernanza minera salteña también se apalanca en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Carrizo detalló que existen seis proyectos estratégicos bajo este esquema o en fase de evaluación, representando una inversión conjunta que supera los US$ 7.500 millones.
Entre los desembolsos más significativos se encuentran:
- Rincón (Río Tinto): US$ 2.700 millones.
- PPG (Ganfeng Lithium): US$ 3.000 millones.
- Diablillos (AbraSilver): US$ 760 millones (proyectado para 2026).
- Sal de Oro (POSCO): US$ 633 millones.
Este flujo de divisas se complementa con el liderazgo histórico de Salta en minerales industriales. Durante 2025, las exportaciones de boratos crecieron un 35,2%, alcanzando los US$ 129 millones, consolidándose como un pilar de estabilidad en la matriz exportadora provincial.
Territorio, formación y licencia social
El modelo de crecimiento propuesto no se limita a lo administrativo. La estrategia incluye la territorialización de la política minera, ejemplificada en la cesión de un inmueble para la sede de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) en San Antonio de los Cobres. El objetivo es alinear la capacitación técnica de organismos como UPATECO con la demanda real de las operadoras.
Finalmente, la discusión legislativa puso el foco en la sostenibilidad. El fortalecimiento de la licencia social, los protocolos de consulta previa con comunidades originarias (bajo la Convención 169 de la OIT) y el estricto control ambiental, incluyendo la normativa sobre Glaciares, son los pilares que garantizan que la agilidad administrativa no comprometa el patrimonio natural de la provincia