El desafío estratégico de adaptar la infraestructura de alta tensión frente a la demanda de los megaproyectos metalíferos del norte argentino.

El crecimiento de proyectos mineros metalíferos en la región andina ha comenzado a tensionar la infraestructura energética, particularmente la red de transporte en 500 kV del norte argentino. Pero el problema va más allá, ya que no es técnico sino estratégico-regulatorio: el sistema fue diseñado para abastecer provincias, no para los consumos industriales que hoy emergen.

El escenario crítico del norte argentino

La red actual se caracteriza por grandes distancias entre nodos de alta tensión y corredores con baja redundancia. Proyectos de escala industrial, como los de Lundin Mining y BHP en el distrito Vicuña, Pachón o los Azules, demandan aproximadamente entre 300 y 600 MW cada uno. Para dimensionar lo que esto significa podemos decir que el récord histórico de consumo eléctrico de la provincia de San Juan, se registró en febrero e 2025 y fue de 658 MW.

Este elevado consumo genera una importante congestión, que obliga a las operadoras a gestionar restricciones funcionales, ya que el acceso a la energía depende de la capacidad física de transporte.

Marco jurídico y actores del sector

El transporte es un servicio público regulado por la Ley 24.065. En este esquema, el ENRE supervisa el servicio, CAMMESA opera el sistema y las transportistas manejan la infraestructura. El régimen de ampliaciones (Resolución SE 137/1992) permite que nuevos usuarios soliciten y financien obras necesarias para su conexión, bajo la figura del «beneficiario de la ampliación».

Resolución ENRE 79/2026: El caso Distrito Vicuña

Esta norma responde a la solicitud de los titulares del Distrito Vicuña para vincularse a la alta tensión. La obra proyectada consiste en una nueva línea de 500 kV en el tramo Rodeo–Chaparro y una estación transformadora asociada. Técnicamente, este tramo se ubica «aguas abajo» del corredor Nueva San Juan–Rodeo, por lo que la ampliación se localiza en una sección posterior del sistema troncal.

Ejes de la resolución y mecanismos de control

La normativa se estructura sobre la integración de obras privadas al sistema público y la asignación de la capacidad resultante. Un aspecto clave es la previsión de mecanismos participativos: ante oposiciones fundadas de terceros, el ENRE convoca a audiencias públicas. Esto permite transparentar los efectos técnicos y resolver conflictos entre usuarios que compiten por un recurso escaso en corredores críticos.

Financiamiento y expansión del sistema

El régimen del MEM permite que grandes proyectos industriales financien la expansión cuando la infraestructura existente es insuficiente. Esta sinergia entre inversión privada y red pública busca garantizar que la incorporación de grandes consumos no comprometa la seguridad del sistema interconectado nacional.

El debate está servido ya que la actual infraestructura es escasa para la fusión de minería a gran escala y la convivencia social. Soluciones hay, pero dependerá de las inversiones que se realicen tanto públicas como privadas pensando en que cada vez más la energía es altamente demandada y necesaria colocandose en un punto de necesidad para el humano para su actual subsistencia.