La extensión del RIGI oxigena a los inversores, pero choca con un obstáculo crítico: el parate de la obra pública. Andrés Di Pelino, director del Centro de Estudios en Economía y Gestión de la Energía y la Minería (CEEGEM) analiza por qué el financiamiento y la logística definirán nuestro futuro cuprífero y litiero.

La prórroga del RIGI: previsibilidad para los USD 200 millones de piso

El sector extractivo argentino opera con una mirada de largo plazo que trasciende las coyunturas políticas. La reciente extensión de la ventana para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) no tomó por sorpresa a los actores de peso, sino que oficializó una necesidad operativa que los directorios corporativos ya descontaban en sus planificaciones.

Para Andrés Di Pelino, director del Centro de Estudios en Economía y Gestión de la Energía y la Minería (CEEGEM) de la Universidad de Buenos Aires, esta dilatación temporal resulta un acierto macroeconómico. «Nosotros lo evaluamos positivamente. Obramos sobre el supuesto de que siempre estuvo por parte del gobierno la idea de llevar adelante esta extensión», afirma el especialista. Los capitales que buscan hundir el piso mínimo de USD 200 millones exigido por la normativa necesitaban este oxígeno para consolidar sus carpetas técnicas.

Lejos de contabilizar promesas mediáticas, la academia prefiere auditar la realidad. El equipo técnico del CEEGEM monitorea exclusivamente los expedientes que logran la aprobación ministerial oficial. Hasta que los dólares no ingresan al sistema formal, los anuncios rimbombantes carecen de peso analítico. Esta metodología prudente permite separar los proyectos reales de la especulación financiera.

Extensión del Rigi ante el financiamiento global y la pulseada por la tasa de retorno

Si el marco legal, apuntalado por la Ley Bases, hoy otorga garantías robustas gracias a la adhesión de los gobernadores provinciales, el verdadero cuello de botella mutó hacia la ingeniería financiera. El mundo atraviesa un escenario donde la liquidez no abunda, y los megaproyectos locales deben competir de forma feroz contra iniciativas de otros continentes.

El negocio geológico en el territorio nacional existe y está comprobado, pero seducir a la banca internacional requiere más que buenas leyes. «Como las fuentes de financiamiento a nivel mundial no es que sobren, ahí es donde se produce ese cuello de financiamiento», detalla Di Pelino.

En esta pulseada corporativa, los inversores estructuran un ranking global donde triunfa la rentabilidad pura y dura. El indicador que define si una corporación avanza en San Juan, Salta o Catamarca es la TIR (Tasa Interna de Retorno). Los fondos globales exigen recuperar su capital en tiempo récord y con rendimientos superlativos, marginando a las iniciativas que presentan mayores riesgos logísticos o demoras en su etapa de construcción.

El déficit de infraestructura como barrera para las provincias

La interdependencia productiva marca una regla inquebrantable: El tiempo extra que otorga el RIGI resulta vital porque permite acoplar a las empresas proveedoras de infraestructura bajo el mismo paraguas de beneficios impositivos, generando un esquema donde todas las partes traccionan ganancias. Sin embargo, el Estado nacional presenta una contradicción alarmante en su estrategia territorial.

El parate de la obra pública: una contradicción estratégica

Mientras la administración central exige competitividad y exportaciones récord, aplica un freno total a la obra pública. Este escenario deja a provincias mineras sin rutas asfaltadas, sin líneas de extra alta tensión y sin gasoductos troncales. «Las provincias no tienen recursos hoy día, no cuentan con los recursos para asumir la continuación de las obras que el Estado federal abandona», advierte con dureza el director del CEEGEM.

El impacto en Pachón y los grandes proyectos de cobre

Los países que lideran el mercado cuprífero global invierten miles de millones de dólares estatales para pavimentar el camino del sector privado. Exigirle a un megaproyecto como Pachón, valuado en más de USD 9.533 millones, que asuma además el costo del aislamiento territorial, impacta directamente en su rentabilidad y frena la toma de decisiones.

Proveedores locales y el riesgo de los costos operativos

Frente a este parate logístico, la cadena de valor debe recalcular sus márgenes. Para el especialista de la UBA, la radicación de las pymes de servicios no corre peligro, ya que el sector privado posee una capacidad de adaptación resiliente. «Si el negocio está, los proveedores vienen. Por más que hubiera que llevar a tantos miles de metros en la altura los insumos», recalca.

El verdadero impacto recae sobre los balances contables de estas empresas. Sortear caminos deteriorados o generar electricidad con motores a combustible líquido dispara los gastos operativos de los campamentos. Las demoras trasladan un lucro cesante ineludible que las prestadoras sanjuaninas y del NOA deben absorber como parte de su riesgo empresario, sacrificando márgenes de ganancia para mantenerse competitivas en las licitaciones.

Proyección 2030: la locomotora de las exportaciones

Superar la coyuntura del financiamiento y resolver el nudo logístico posicionará a la industria extractiva en un escenario de privilegio. Si el Estado mantiene intacta la seguridad jurídica y los privados cumplen con sus cronogramas de capitalización, el mapa productivo nacional sufrirá una transformación radical.

El horizonte proyectado para el cierre de la década marca un superávit comercial histórico traccionado desde la cordillera. «Creo que en cinco años vamos a ver esos frutos. Es decir, vamos a tener un sector dinámico y claramente en crecimiento, generando estas exportaciones que tanto la Argentina necesita», concluye Di Pelino.

La prórroga del RIGI demuestra que el Gobierno comprende los tiempos burocráticos de la gran minería, pero la macroeconomía no opera en el vacío. Otorgar beneficios fiscales de clase mundial pierde efectividad si los camiones de concentrado de cobre no tienen rutas asfaltadas para llegar a los puertos. El verdadero desafío estratégico para el próximo quinquenio ya no pasa por redactar mejores leyes en los escritorios porteños, sino por inyectar capital real en el territorio para que la infraestructura alcance la misma escala que la riqueza geológica de nuestras provincias.