Tras permanecer cinco días detenidos en las dependencias del Escuadrón 25 «Jáchal», los cuatro ciudadanos chilenos implicados en la extracción ilegal de oro en la alta cordillera sanjuanina quedaron en libertad supeditada a la causa. La decisión se tomó luego de que prestaran declaración indagatoria ante la Justicia Federal, en una audiencia que marca el inicio de una etapa de investigación profunda bajo el nuevo sistema procesal.

Cambio de carátula y giro legal

Un punto de inflexión en el caso ha sido la modificación de la carátula. Lo que inicialmente se tramitó como un robo en jurisdicción ordinaria, ha pasado a ser investigado bajo la órbita federal como una presunta infracción a la Ley 22.415 (Código Aduanero). La justicia busca determinar el alcance de una tentativa de contrabando de exportación, agravada por el ingreso al territorio nacional a través de pasos clandestinos no habilitados.

Un operativo que rozó la tragedia

Gendarmería Nacional evitó una tragedia gracias a un actuar profesional y al operativo que montó el Comandante Principal Juan Ramón Céspedes, Escuadrón 25 de Gendarmería Nacional de Jáchal. Mientras los peritos analizan los hechos, Acero y Roca entrevistó en exclusiva para conocer todos los detalles.

Cuando fueron sorprendidos a más de 3.500 metros de altura en el yacimiento El Zancarrón, los individuos, identificados como Daniel Valdebenito Pérez, Álvaro Pizarro Vega, Fernando Pizarro y Segundo Ramírez Chepillo, intentaron intimidar a la patrulla utilizando una carabina calibre 22.

La templanza, estrategia, y superioridad táctica de los efectivos del Escuadrón 25 permitieron reducir a los sujetos sin que se produjeran intercambios de disparos, asegurando no solo la integridad física de los involucrados, sino también la cadena de custodia de las 14 bolsas de mineral aurífero y las herramientas de minería profesional que portaban.

Riesgos estructurales y el desafío de la seguridad en pasivos mineros

Más allá del hecho policial, esta incursión de los «Piratas de la Cordillera» pone de relieve un peligro latente: el ingreso no autorizado a labores subterráneas de minas suspendidas o abandonadas. Estas estructuras, carentes de ventilación forzada y sostenimiento activo, representan una trampa mortal debido al riesgo de colapsos y la acumulación de gases tóxicos.

El contrabando de mineral no solo lesiona el patrimonio provincial, sino que expone a los propios perpetradores y a los equipos de rescate a escenarios de alta complejidad. Para prevenir estas circunstancias, resulta imperativo articular una estrategia tripartita que combine la vigilancia tecnológica satelital en tiempo real, el sellado técnico efectivo de bocaminas críticas y una cooperación fronteriza binacional más fluida.

Solo mediante la presencia constante de fuerzas de seguridad en los nodos de alta montaña y un marco legal que desincentive la reincidencia, se podrá proteger la integridad de los recursos estratégicos de San Juan ante una actividad que, bajo el velo de la precariedad, mueve estructuras logísticas de alta profesionalización.

Activos retenidos y medidas cautelares

A pesar de recuperar la libertad, los ciudadanos chilenos enfrentan restricciones severas. Debieron fijar domicilio real en su país de origen y quedar bajo la supervisión de los mecanismos de cooperación judicial internacional. Mientras tanto, la Justicia Federal mantiene retenida la camioneta utilizada para la incursión ilegal y el cargamento de oro en bruto, que será clave para determinar la cuantía económica del daño al patrimonio provincial.

Aunque los implicados ya han abandonado el centro de detención, el proceso administrativo y penal sigue su curso. En este complejo escenario de soberanía y recursos estratégicos, la justicia aún no ha dicho la última palabra.