El polémico y controvertido proyecto binacional de la canadiense Barrick, Pascua-Lama, volvió al primer plano de la noticia con un nuevo nombre, por el lado del territorio chileno, de “El Alto”, donde el Sistema de Evaluación Ambiental autorizó el 30 de Enero de 2026, la ejecución de  más de 60 sondajes en el cuestionado distrito, levantando las voces de alerta por parte de la comunidad que se opone.

La minera Barrick Gold vuelve a posicionarse en el centro del debate público tras nuevos cuestionamientos vinculados a su proyecto El Alto, ubicado en el distrito de Pascua, en Chile. En efecto, la iniciativa ha reactivado preocupaciones relacionadas con el impacto ambiental, la transparencia del proceso y la sensibilidad del territorio donde se pretende desarrollar.

En este contexto, el avance del proyecto se produce en una zona de alta fragilidad ecológica, lo que intensifica el análisis por parte de actores sociales, especialistas y sectores vinculados a la evaluación ambiental minera. Así, el caso vuelve a instalarse como un tema relevante dentro de la agenda minera regional.

Un proyecto minero en una zona de alta sensibilidad ambiental

El proyecto El Alto se emplaza dentro del distrito Pascua, un área que, históricamente, ha sido considerada crítica debido a la presencia de glaciares y ecosistemas de alta montaña. Por este motivo, cualquier desarrollo minero en la zona adquiere una visibilidad inmediata y un nivel de exigencia superior en términos ambientales.

En este sentido, la localización del proyecto no solamente implica desafíos técnicos, sino también una fuerte presión en materia de sostenibilidad y cumplimiento normativo. Además, la cercanía con recursos hídricos estratégicos refuerza las preocupaciones sobre posibles impactos acumulativos, un aspecto clave en las discusiones actuales sobre minería responsable.

Los disidentes del clausurado proyecto Pascua, hoy El Alto, acusan a la compañía Barrick de desacato al poner nuevamente en riesgo ambiental al glaciar “Estrecho” y a otros 14 más pequeños identificados, entre otros,  como: “Esperanza”, “Toro 1” y “Toro 2”.

Quienes se sienten afectados, solicitaron al tribunal de alzada una solicitud de cumplimiento, acusando a la compañía de desacato al fallo de la Suprema.

Autorización de campaña de sondajes

Señala el escrito  del recurso judicial presentado por la abogada Karina Fernández, que al “autorizar labores de sondaje, cuya naturaleza e impacto son idénticos a los que originaron este recurso, la autoridad ignora la protección otorgada en favor de mi representado y su comunidad, permitiendo la reactivación de una actividad ya declarada ilegal. Dicha autorización no sólo soslaya la prohibición judicial de realizar actividades ajenas a la clausura definitiva del yacimiento, sino que implica una abdicación de las labores preventivas de la autoridad ambiental y una inobservancia del deber, lo que configura un vicio de nulidad y una grave transgresión al principio de probidad administrativa y al Estado de Derecho.”

El recurso intenta que la Corte anule la autorización a los sondajes otorgada a “El Alto” el 30 de Enero de 2026 por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama, a través de la Resolución de Calificación Ambiental que ponderó favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental.

Transparencia y acceso a la información bajo cuestionamiento

Por otro lado, uno de los puntos centrales del debate gira en torno a la transparencia en la comunicación del proyecto. De acuerdo con los cuestionamientos planteados, existirían dudas respecto a cómo se han presentado ciertos aspectos técnicos y ambientales de la iniciativa.

En consecuencia, esta situación ha generado un creciente nivel de desconfianza, particularmente en un contexto donde la licencia social para operar se ha convertido en un factor determinante para el desarrollo de proyectos mineros. Asimismo, la claridad en los procesos de evaluación ambiental aparece como un elemento indispensable para garantizar credibilidad y legitimidad.

Impacto ambiental y presión sobre glaciares

En paralelo, las principales preocupaciones se concentran en el potencial impacto ambiental del proyecto El Alto, especialmente en relación con glaciares, cursos de agua y biodiversidad. En efecto, estos componentes son considerados altamente sensibles y estratégicos dentro del ecosistema cordillerano.

Por lo tanto, cualquier intervención en este tipo de entornos suele generar una reacción inmediata, tanto en la opinión pública como en organizaciones especializadas. Además, el debate sobre la protección de glaciares se mantiene como uno de los ejes más relevantes dentro de la discusión minera en Chile.

El peso de los antecedentes en Pascua

Cabe destacar que el nuevo foco sobre Barrick no se produce de manera aislada. Por el contrario, se enmarca en un historial de cuestionamientos vinculados a proyectos anteriores en el mismo distrito.

En este escenario, cada nueva iniciativa es evaluada con mayor rigurosidad, lo que eleva significativamente los estándares exigidos en materia ambiental y de transparencia. De esta forma, el proyecto El Alto debe responder a sus propias características y a la percepción construida a partir de experiencias pasadas.

Licencia social y desafíos para la minería moderna

En la actualidad, el desarrollo de proyectos mineros en territorios sensibles exige algo más que el cumplimiento de requisitos legales. La construcción de confianza con las comunidades y la opinión pública se ha transformado en un componente central.

Por consiguiente, la operadora enfrenta el desafío de fortalecer sus mecanismos de comunicación, garantizar el acceso a la información y demostrar un compromiso efectivo con estándares ambientales de alto nivel. Al mismo tiempo, este caso vuelve a poner en debate el equilibrio entre desarrollo económico, inversión minera y protección ambiental

Un escenario abierto y en constante evolución

Finalmente, el proyecto El Alto continúa en el centro de la discusión, en un contexto marcado por la atención pública, la presión social y la necesidad de definiciones claras. Mientras tanto, el futuro de la iniciativa dependerá en gran medida de los procesos de evaluación y de la capacidad de la empresa para responder a los cuestionamientos planteados.

En definitiva, lo ocurrido en Pascua refleja una tendencia creciente en la industria minera: la exigencia de mayor transparencia, sostenibilidad y responsabilidad en cada etapa de los proyectos. En este marco, el caso Barrick vuelve a posicionarse como un punto clave dentro del debate sobre el futuro de la minería en la región.