«Ningún funcionario se anima a firmar»: Peluc y la reforma de la Ley de Glaciares
Este martes 7 de abril las comisiones del Congreso buscarán emitir dictamen sobre la reforma de la Ley de Glaciares. El diputado sanjuanino José Peluc, quien preside el plenario, habló en exclusiva con Acero y Roca. Detrás del debate técnico hay una realidad concreta: proyectos de cobre por miles de millones de dólares no pueden avanzar plenamente. Y el reloj corre.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
La Ley de Glaciares tiene condicionada la minería del cobre en San Juan. Vicuña, Los Azules y El Pachón no pueden avanzar plenamente, según la posición del gobierno provincial. Este martes 7 de abril, el diputado José Peluc conduce el plenario de comisiones que buscará emitir dictamen y fue directo: ningún funcionario se anima a firmar. Y eso tiene que cambiar.
José Peluc llega a este martes con una responsabilidad enorme. El diputado nacional sanjuanino de La Libertad Avanza preside las dos comisiones que este martes 7 de abril, desde las 15 horas, se reúnen en plenario en la Cámara de Diputados de la Nación para intentar emitir dictamen sobre la reforma de la Ley de Glaciares. En la previa, dialogó en exclusiva con Acero y Roca. Y lo que dijo resume mejor que cualquier análisis político por qué esta discusión importa tanto para San Juan.
«Actualmente, ante la superposición de potestades entre Nación y provincias, ningún funcionario de Minería o Medio Ambiente se anima a firmar autorizaciones. Esta ley viene a cumplir con ese ordenamiento necesario», afirmó Peluc.
Es una confesión que retumba. La Constitución establece que los recursos naturales pertenecen a las provincias. La ley vigente no lo refleja con claridad. Y en ese limbo, los funcionarios prefieren no moverse antes que exponerse a consecuencias legales. El resultado, según la posición del gobierno provincial: proyectos condicionados, inversiones en pausa y comunidades mineras esperando trabajo que no llega.
El limbo jurídico que frena a Vicuña, Los Azules y El Pachón
El debate no es abstracto. Hay nombres y números concretos detrás de cada artículo que se discute este martes. Vicuña, impulsado por Lundin Mining y BHP, es uno de los proyectos de cobre más grandes de Sudamérica. Los Azules, de McEwen Mining, lleva años buscando financiamiento. El Pachón, de Glencore, también espera. Tres proyectos que, de acuerdo a lo que sostiene el gobierno provincial, no pueden avanzar plenamente mientras la ambigüedad normativa persista.
El ministro de Minería Juan Pablo Perea lo había advertido el año pasado, cuando el debate todavía estaba en sus etapas iniciales: «Sin reglamentación de la Ley de Glaciares, Vicuña corre peligro.» Y sumó a El Pachón y otros emprendimientos a esa lista de iniciativas en suspenso.
El obstáculo central en el caso Vicuña es el glaciar G-110, ubicado a pocos kilómetros del yacimiento. La posición técnica de San Juan es que ese glaciar no cumple la función hídrica que la ley busca proteger. «Un glaciar no se mueve, no se rompe ni se extingue. Lo que pedimos es una reglamentación técnica y seria», sostuvo Perea en aquella oportunidad.
La postura de San Juan: seguridad jurídica sin desproteger el agua
Peluc fue explícito sobre los límites del debate:
«No estamos debatiendo sobre la preservación de los glaciares en términos absolutos, sino ordenando la seguridad jurídica».
La distinción que plantea San Juan es concreta. Una cosa son los glaciares con reservas activas de agua, intocables, como el Perito Moreno, y otra muy distinta son los glaciares de escombros o el permafrost. Sobre estos últimos, Perea sostuvo el año pasado que «no aportan nada, son estériles.»
Este lunes, en diálogo con un medio radial, Perea volvió a marcar esa línea con claridad: «Para proteger bien algo, primero se debe entender bien. Tras 15 años de cumplimiento de la ley nacional 26.639, se han generado suficientes antecedentes técnicos y fundamentos para considerar necesaria esta adecuación aclaratoria.»
«No queremos derogar ni modificar el nivel de protección, sino aclarar el objeto para proteger verdaderamente las reservas estratégicas de agua y reconocer las facultades de las provincias reconocidas por la Constitución Nacional.»
La delegación sanjuanina
San Juan llega a este martes con una delegación que no deja margen para la improvisación. El gobernador Marcelo Orrego participará de forma virtual junto al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. De manera presencial estarán Perea y el ministro de Producción Gustavo Fernández (el que más habla de minería en el gobierno). También Roberto Moreno, secretario de Gestión Ambiental y especialista en glaciares. Y el respaldo de la Universidad Nacional de San Juan, con profesionales especializados en la materia.
El cronograma arranca con los gobernadores por Zoom. Después hablan los ministros y secretarios. El cierre es el debate entre diputados. Peluc explicó la lógica del orden:
«Lo más importante será escuchar a los gobernadores, considerando que no todos pueden coincidir simultáneamente en la plataforma.»
¿Habrá dictamen?
Es la pregunta que todo el sector minero sanjuanino se hace este lunes a la noche. Peluc fue cauteloso:
«Todo dependerá del desarrollo de la reunión de comisiones y de si logramos el acuerdo necesario para emitir el dictamen».
La oposición tiene otra hoja de ruta. Hay sectores que impulsan una consulta popular vinculante para que la población defina por sí o por no si acuerda con los cambios. El argumento: la audiencia pública previa habilitó apenas 400 voces de más de 100 mil inscriptos. Mientras el oficialismo busca dictamen rápido, la oposición quiere más tiempo y más participación ciudadana. Esa tensión política es el telón de fondo de todo lo que ocurra este martes.
La sombra judicial
El proceso ya tuvo un intento de freno por la vía judicial. Durante las audiencias del 26 y 27 de marzo se presentó una medida cautelar. No prosperó. Peluc no descarta nuevos intentos:
«Ya intentaron frenar la audiencia mediante una medida cautelar y no tuvieron éxito. Como Cámara de Diputados, en nuestra función de cámara revisora, tenemos la facultad de realizar todo aquello que no se haya hecho en la primera instancia legislativa. En este caso puntual, el Acuerdo de Escazú nos obliga a garantizar la instancia de audiencia pública». Sobre posibles judicializaciones futuras fue directo:
«Es probable que surja alguna judicialización, pero no vemos ninguna falta de fondo».
La ley es operativa por sí misma. Una vez publicada entra en vigencia sin reglamentación previa. Ningún gobierno reglamentó la normativa anterior en 15 años. Esta vez el texto busca que esa omisión no vuelva a ser un obstáculo.
El mensaje final
Perea cerró este lunes con una advertencia que San Juan viene repitiendo desde hace tiempo y que este martes lleva al Congreso con nombre y apellido: «Lo que falta es decisión del Gobierno nacional.«
Peluc va a intentar que esa decisión llegue hoy.
El reloj corre. Y los proyectos esperan.
Periodista y Licenciado en Comunicación Social de Acero y Roca, que cubre la actualidad política, social, económica y minera.