La acusación contra Luis Lucero fue presentada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, que denuncia una incompatibilidad entre el ejercicio del cargo y los vínculos previos del actual funcionario con compañías mineras

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentó una denuncia formal contra el Secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, y amplió las pruebas contra la senadora Flavia Royón. La acusación central apunta a un entramado de intereses cruzados que busca debilitar la protección de los glaciares para beneficiar a corporaciones mineras.

Un entramado de intereses y «puertas giratorias»

De acuerdo con la minuciosa investigación presentada ante la justicia por parte de los ambientalistas, el accionar de Lucero se enmarca en lo que los denunciantes denominan un «entramado de vaciamiento». Concretamente, se sostiene que funcionarios con un pasado reciente en el ámbito privado estarían utilizando el aparato estatal para desarticular la Ley de Glaciares.

Para los abogados denunciantes, Luis Lucero desempeñó un rol clave como socio en el prestigioso estudio Marval O’Farrell Mairal. Desde allí, asesoró de manera técnica y legal a una lista extensa de compañías mineras, entre las que destacan:

• Glencore Pachón SA (CUIT N° 30-61917514-6)
• Minera Alumbrera Limited (CUIT N° 30-66330174-4)
• Minera Agua Rica LLC SUC ARG (CUIT N° 30-70769036-0)
• M I M Argentina SA (CUIT N° 30-68243618-9)
• M I M Argentina Exploraciones SA (CUIT N° 30-68243601-4)

Asimismo, su historial profesional incluye asesorías para firmas de talla mundial como Xstrata, AngloGold Ashanti, Rio Tinto, Vale, Cameco Corporation, Silver Wheaton, Hochschild Mining plc, Denison Mines, Andean Resources, Pan American Silver y Newmont.

La Resolución 630/2025: ¿Excusación real o declarativa?

Si bien el funcionario fue oficialmente excusado mediante la Resolución 630/2025 del Ministerio de Economía el pasado 14 de mayo de 2025, los denunciantes sostienen que dicha medida fue meramente simbólica. A pesar de reconocer su vínculo previo con firmas ligadas a los proyectos El Pachón y MARA (Agua Rica–Alumbrera), Lucero habría participado activamente en la elaboración de reformas normativas que impactan sobre la Ley de Glaciares.

Desde la Asociación advierten que la excusación no fue real, dado que el Secretario continuó influyendo en procesos políticos destinados a remover obstáculos legales. El objetivo denunciado es claro: flexibilizar la protección ambiental en zonas anteriormente prohibidas para la actividad extractiva.

En diálogo con Radio 750, el abogado ambientalista Enrique Viale explicó las razones de la denuncia y lo que se esconde detrás del intento de reformar la Ley de Glaciares, una movida a la que calificó de “sucia”.

“Antes de ser funcionario el Secretario de Minería de la Nación asesoraba a empresas mineras que se están favoreciendo con el cambio en esta ley y les genera miles de millones de dólares”, detalló Viale, minutos después del inicio de la reunión de la Comisión de Recursos Naturales.

Ampliación de la denuncia contra la senadora Flavia Royón

Por otra parte, la audiencia judicial de la fecha sirvió para ratificar y profundizar las pruebas contra la senadora salteña y consultora, Flavia Royón. En esta instancia, la Asociación de Abogados Ambientalistas incorporó un eje financiero sumamente inquietante: un patrón de endeudamiento persistente y concentrado.

Según se detalló, la senadora mantiene deudas significativas y concentradas en un solo acreedor, el Banco Macro. Debido a que este comportamiento financiero no parece corresponderse con un consumo ordinario de una funcionaria pública, la querella ha solicitado formalmente que se profundice la investigación sobre su patrimonio y los vínculos de dicha entidad bancaria con el sector minero.

«Lo que se discute no es solo una responsabilidad penal individual, sino hasta qué punto el Estado está siendo utilizado para beneficiar negocios privados por sobre el interés social y público», señalaron los letrados.

El riesgo inminente sobre los recursos hídricos

En última instancia, el núcleo del conflicto reside en la protección del agua dulce. La Ley de Glaciares establece un estándar mínimo de protección para territorios de montaña donde habitan más de 7 millones de personas. Por lo tanto, cualquier intento de flexibilizar estos controles representa una amenaza directa a la seguridad hídrica nacional.

El impacto social del vaciamiento normativo

Es fundamental comprender que la Ley de Glaciares no es solamente una norma técnica; es la principal defensa de las fuentes de agua dulce en la cordillera. Según los datos aportados en la denuncia, estos territorios sensibles proveen recursos hídricos esenciales para más de 7 millones de personas en todo el país.

En consecuencia, el debilitamiento de los controles ambientales para facilitar proyectos mineros destructivos podría generar daños irreversibles en el ecosistema. La fragmentación de la normativa vigente pondría en riesgo la seguridad hídrica de múltiples poblaciones que dependen directamente del aporte de los glaciares y el ambiente periglacial.

La ley de Glaciares protege solo al 0,21 por ciento del territorio nacional, no es una normativa privativa de la minería. Es decir, la explotación de los recursos naturales se puede hacer en el 99,79 por ciento restante del territorio señaló Viale

Próximos pasos judiciales

La Asociación ha solicitado formalmente profundizar la investigación patrimonial de los implicados y la ejecución de nuevas medidas de prueba. El foco principal de la justicia estará puesto en determinar si la actuación de Lucero y Royón constituye un delito penal al utilizar la estructura estatal para favorecer intereses corporativos privados.

Por consiguiente, el avance de esta causa resulta clave para determinar el futuro de la protección ambiental en Argentina y el límite de la influencia corporativa en la gestión de los recursos naturales del país.