En una sesión maratónica y tras obtener 137 votos afirmativos, el Congreso brindó la sanción definitiva a la modificación de la normativa ambiental. La reforma, impulsada por las provincias mineras, busca establecer criterios técnicos más precisos para la protección hídrica y destrabar inversiones estratégicas en la cordillera.

La Cámara de Diputados de la Nación fue escenario este miércoles de un hito legislativo para el sector productivo cordillerano. Con el apoyo del PRO, la UCR y un bloque consolidado de gobernadores aliados, el oficialismo logró sancionar la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa, que contó con el impulso determinante de la Mesa del Litio y del Cobre, obtuvo 137 votos a favor frente a 111 en contra, marcando un nuevo equilibrio de fuerzas en la gestión de los recursos naturales.

Esta adecuación del régimen vigente no solo busca ordenar el alcance de la protección ambiental, sino también fortalecer el federalismo al reafirmar que las provincias son las titulares del dominio originario de sus recursos. En esencia, la norma introduce parámetros técnicos claros para definir qué áreas requieren una tutela estricta, priorizando aquellas geoformas que demuestren un aporte hídrico relevante para las cuencas.

El rol de San Juan en la sanción de la ley

La provincia de San Juan fue, sin dudas, una de las grandes protagonistas de la jornada. El debate fue abierto por el diputado sanjuanino José Peluc (LLA), presidente de la Comisión de Recursos Naturales, quien defendió la legitimidad del proyecto. Peluc subrayó que el «70% de las presentaciones» en las audiencias públicas fueron favorables y cruzó a la oposición al afirmar que «tratan de desdibujar el concepto de la Ley de Glaciares diciendo que no los vamos a cuidar; decir eso es no haber leído el proyecto».

Por otro lado, la votación volvió a mostrar una grieta en el bloque de Unión por la Patria. Los diputados sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica decidieron acompañar la iniciativa del Ejecutivo, priorizando los intereses productivos de la provincia por sobre la disciplina partidaria. Este movimiento fue clave para consolidar la mayoría que permitió la sanción definitiva.

El mapa de votos: aliados y fracturas en el recinto

La aprobación definitiva no fue unánime dentro de los bloques tradicionales, dejando al descubierto fuertes tensiones internas. El oficialismo logró consolidar el quórum y la mayoría gracias al acompañamiento de figuras clave como la radical Karina Banfi y el santacruceño José Luis Garrido, quien no solo ayudó a reunir los 129 diputados necesarios para dar inicio a la sesión, sino que también aportó su voto afirmativo.

Por el lado de la oposición, el rechazo fue tajante y estuvo liderado por voces de peso. Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal) fundamentó su voto negativo advirtiendo que «no hay ningún elemento nuevo, una cuestión técnica que indique la necesidad de los cambios que se incorporan». En la misma línea de confrontación, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) denunció que la reforma tiene como objetivo «garantizar la impunidad de muchísimos proyectos que hoy no pueden ser llevados adelante en la Argentina».

Las abstenciones y los ausentes

El conteo final en el tablero electrónico registró tres abstenciones: las de los diputados integrantes del bloque MID y la de la neuquina Karina Maureira. Sin embargo, uno de los datos más comentados para el análisis político posterior fue la ausencia de Ignacio García Aresca. A pesar de haber colaborado con el oficialismo para alcanzar el quórum inicial, el diputado cordobés no estuvo presente al momento de apretar el botón para la votación final.

Criterios técnicos y el nuevo inventario nacional

Uno de los puntos más relevantes de la reforma es la modificación de los criterios de protección. A partir de ahora, la tutela ambiental se concentrará en aquellas formaciones que posean un “aporte hídrico relevante y verificable”. Este cambio es fundamental para las provincias mineras, ya que permite distinguir entre glaciares con funciones hídricas vitales y geoformas periglaciales que no cumplen un rol significativo en la alimentación de cuencas.

Además, los gobernadores ganarán una cuota mayor de poder político y técnico. Serán las jurisdicciones provinciales las encargadas de aportar la información técnica necesaria para la elaboración del inventario nacional, el cual sigue bajo la órbita del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales).

Análisis de la votación

El oficialismo logró conformar una mayoría heterogénea para alcanzar los 137 votos. Entre los aliados destacaron:

• El bloque Elijo Catamarca, alineado con Raúl Jalil.
• Los tucumanos de Independencia, que responden a Osvaldo Jaldo.
• El interbloque Innovación Federal, integrado por legisladores de Salta, Misiones y un sector de San Luis.
• Representantes de Producción y Trabajo, alineados con el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego.

En la vereda opuesta, el rechazo fue encabezado por el grueso de Unión por la Patria y la Coalición Cívica. Sobre el cierre, Máximo Kirchner criticó duramente la medida, calificándola de «legislación cipaya y entreguista», asegurando que, a pesar de la vigencia de la ley anterior, la producción de litio ha crecido, por lo que no habría justificación económica para estos cambios.

Hacia un modelo de desarrollo sustentable

La sanción de esta reforma representa, para el sector minero, la posibilidad de desbloquear proyectos millonarios en zonas de periglaciar que se encontraban en una «zona gris» legal. El objetivo central es garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano, pero promoviendo un uso racional de los recursos que potencie el desarrollo productivo argentino.

Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, aseguró que el cambio «no afecta el paradigma de protección», sino que brinda la seguridad jurídica necesaria para captar capitales internacionales en el marco de la transición energética global.