El escenario judicial en el norte del país se ha tornado crítico para la minería de gran escala. Un grupo de sindicatos de pescadores artesanales ha decidido pasar a la ofensiva legal, interponiendo un total de seis querellas criminales contra BHP, la operadora detrás de Minera Escondida.

La medida responde a una serie de vertidos de residuos industriales líquidos (Riles) detectados en el sector de Roca Roja, en la costa de Antofagasta.

Un impacto devastador en el borde costero

La denuncia, que ha sacudido a la industria minera este mes de abril, describe una situación de degradación ambiental profunda. Según los pescadores locales, los vertidos han cubierto el fondo marino con una capa de sedimentos oscuros que ha exterminado la vida submarina en áreas que históricamente fueron productivas.

Elías Godoy, presidente de uno de los sindicatos querellantes, expresó con amargura la realidad que viven las caletas: “Desde que se instaló la Minera Escondida ahí, realmente no existió nunca más un marisco, una jaiba. Todo lo mató”. Para los trabajadores del mar, estas seis querellas representan el último recurso para intentar salvar lo que queda de su ecosistema y fuente de trabajo.

La reincidencia de BHP bajo la lupa judicial

Por consiguiente, los abogados que lideran la acción penal sostienen que el incidente en Roca Roja no es un hecho fortuito, sino el resultado de una falla persistente en los protocolos de control ambiental de BHP. Los querellantes argumentan que la empresa ha mostrado negligencia en el mantenimiento de sus tuberías de transporte de desechos, permitiendo que el lodo industrial escurra por la playa hasta la Bahía de San Jorge.

Asimismo, resulta llamativo que, en pleno estallido de este conflicto judicial, la compañía se encuentra en procesos activos de reclutamiento para fortalecer sus líneas de mando. Recientemente, se ha difundido la búsqueda de perfiles de alta responsabilidad, como Superintendentes para BHP, roles que son clave precisamente en la supervisión de la continuidad operacional y los estándares de seguridad que hoy están siendo cuestionados por los pescadores en los tribunales.

Peritajes policiales y respuesta de la empresa

En consecuencia, las querellas solicitan la intervención inmediata de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente (BIDEMA) de la PDI. Se busca que los expertos realicen tomas de muestras en el terreno y determinen el alcance real de la contaminación por metales pesados presentes en los Riles.

Por su parte, desde Minera Escondida emitieron un comunicado asegurando que sus sistemas de monitoreo detectaron la contingencia y que se activaron los planes de emergencia de inmediato. La compañía subrayó su disposición a colaborar con las autoridades competentes, mientras mantiene su maquinaria de recursos humanos enfocada en captar talento especializado para gestionar la complejidad de sus operaciones en el desierto.

Un conflicto de intereses en el desierto y el mar

No obstante, la desconfianza de las comunidades costeras sigue creciendo. Para los pescadores, las búsquedas de nuevos ejecutivos y las multas administrativas anteriores no han sido suficientes para que la gigante minera realice las inversiones que se necesitan en infraestructura de seguridad ambiental de fondo. La sensación en las caletas es que el progreso minero se está construyendo sobre la extinción de la pesca artesanal.

De este modo, este caso judicial parece que será uno de los más emblemáticos del año. Va a poner a prueba la capacidad de la justicia chilena para sancionar a las grandes transnacionales y a establecer un precedente sobre la trazabilidad de los daños ambientales en el borde costero de Chile.

Un juicio al modelo de convivencia

En definitiva, las acciones legales que iniciaron los pescadores marcan un antes y un después en la relación comunidad-minería en Antofagasta. Lo que juzgan los tribunales no es solamente un derrame puntual, sino un modelo de convivencia que parece agotado entre la producción a gran escala y la preservación del mar.