La investigación judicial por el trágico fallecimiento de Mario Alberto Alancay, el operario que perdió la vida en el proyecto minero Los Azules, ha entrado en una etapa de definiciones tecnológicas fundamentales. El fiscal Iván Grassi, a la cabeza de la UFI Delitos Especiales, lideró una comisión judicial que se instaló en el corazón del yacimiento en Calingasta durante los días 22 y 23 de abril de 2026.
El objetivo fue realizar una inspección ocular profunda y recolectar evidencia técnica que permita determinar si el vuelco de la maquinaria fue producto de un error humano o de una falla mecánica letal.
El peritaje electrónico: La «caja negra» de la topadora
La medida más trascendente de estas jornadas fue la intervención sobre la topadora Caterpillar D-8 que conducía la víctima. Expertos en mecánica y técnicos de CAT, procedieron a la extracción digital de información de la ECU (Engine Control Unit) y de diversos módulos electrónicos del equipo.
Esta unidad de control electrónica es considerada la pieza clave del rompecabezas, ya que los investigadores buscan obtener:
- Registros exactos de las maniobras previas al vuelco.
- Detección de posibles alarmas o fallas mecánicas en el sistema.
- Datos de presión, velocidad y respuesta de los mandos en el momento crítico.
- Un informe técnico detallado de daños que permitirá reconstruir la secuencia del siniestro.
Inspección en el sector Atutia y toma de pruebas
El equipo judicial, compuesto también por los fiscales ayudantes Maximiliano Gerarduzzi, Felipe Molina y Agustina Plateo, se constituyó en el sector de Atutia. En este punto del emprendimiento minero se desarrollaban tareas de construcción de caminos el pasado viernes 3 de abril, cuando ocurrió el accidente. Según la información oficial, Alancay habría sido despedido de la cabina tras el violento vuelco de la pesada unidad.
Durante la estadía en la mina, se sumaron otras medidas probatorias de gran relevancia:
- Nuevos testimonios: Se tomaron declaraciones a trabajadores y testigos presentes en la zona de caminos.
- Cotejo documental: Se analizó toda la documentación vinculada al operario y a las normas de seguridad de las empresas.
- Participación multisectorial: En el lugar estuvieron presentes representantes de la concesionaria McEwen Copper (Andes Corporación Minera SA) y de la contratista Zlato, empleadora directa del operario fallecido.
El rol de las autoridades y el protocolo de emergencia
La inspección contó con el acompañamiento de la Policía Minera del Ministerio de Minería de San Juan y efectivos de la Comisaría 16. Las autoridades repasaron la activación de los protocolos de emergencia que se ejecutaron el día del hecho. Aunque se coordinó asistencia médica inmediata y el traslado hacia Calingasta y la Capital sanjuanina, las pericias forenses confirmaron que el trabajador murió en el lugar del siniestro.
Hacia la determinación de responsabilidades
Con los datos extraídos de la ECU y los testimonios recolectados, la Fiscalía de San Juan, busca cerrar el círculo sobre las causas de la tragedia. La Justicia intenta determinar con precisión si existió una negligencia operativa o si la máquina presentaba un desperfecto técnico imprevisto que desencadenó el vuelco.
Por el momento, el área del accidente permanece preservada para asegurar la integridad de la investigación mientras se procesan los informes finales.
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