La expectativa por los nuevos proyectos mineros transformó el mercado inmobiliario sanjuanino. Víctor Bazán, referente de inquilinos, denuncia contratos abusivos, alquileres impagables para trabajadores promedio y un preocupante silencio por parte del Gobierno provincial ante la desregulación total.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
En San Juan, la derogación de la ley de alquileres y el inminente inicio de proyectos mineros impulsaron aumentos desproporcionados. La Asociación de Inquilinos advierte sobre la exigencia de pagarés en blanco y la expulsión de residentes frente a la priorización de sueldos jerárquicos corporativos.
Desregulación total: La asfixia de los inquilinos ante las actualizaciones bimestrales
La anulación del marco normativo nacional dejó a los inquilinos de San Juan en una situación de extrema vulnerabilidad frente al mercado inmobiliario. Los ajustes, que antes poseían una previsibilidad anual o semestral, mutaron a un esquema de actualizaciones bimestrales o trimestrales que asfixian los ingresos de la clase trabajadora.
«Los aumentos son considerables y aumentan por encima de la inflación con contratos totalmente abusivos», sentenció Víctor Bazán, referente de la Asociación de Inquilinos. La nueva metodología de indexación agrava la carga: las inmobiliarias aplican los porcentajes de incremento tomando como base el último mes abonado y no el valor inicial del contrato, lo que genera un efecto acumulativo devastador.
Denuncian la exigencia de pagarés en blanco para poder alquilar
La imposibilidad de acceder a las garantías exigidas por las inmobiliarias empujó a los inquilinos a prácticas financieras de alto riesgo. Los alquileres más económicos oscilan entre los $500.000 y $600.000, lo que demanda garantes con sueldos superiores a $1.500.000. Ante esta barrera de entrada, el sector inmobiliario comenzó a exigir la firma de documentos en blanco.
«Nos duele mucho que la gente tenga que firmar un pagaré en blanco porque no tiene los garantes que tripliquen el valor del costo del alquiler. El problema es que después te lo ejecutan«, advirtió Bazán.
La falta de una entidad que regule estas exigencias deja al locatario expuesto a la ejecución de deudas sin un respaldo legal claro.
Sueldos mineros vs. salarios reales: La brecha que fractura el mercado inmobiliario
El mercado inmobiliario local fijó su objetivo en el horizonte del 2027, fecha estimada para el inicio de grandes proyectos cupríferos como Los Azules. Esta proyección generó un retiro masivo de propiedades del mercado tradicional. Los dueños prefieren vaciar los inmuebles bajo excusas de venta o uso familiar para luego destinarlos al alquiler corporativo o temporario.
La especulación choca de frente con la realidad salarial de la provincia. Mientras la industria busca captar sueldos mineros que rondan los $2.000.000, un empleado de comercio percibe cerca de $200.000.
«Va a traer un problema grave, consecuencias graves para otros sectores, porque no todos vamos a trabajar en la minería. Los que menos tienen van a terminar en lugares más precarizados. Incluso dentro del mismo sector extractivo, trabajadores de servicios de limpieza u operarios de base sufren para sostener viviendas que superan el millón de pesos mensuales».
Víctor Bazán, presidente de la Asociación de Inquilinos
Especulación 2027: El retiro de propiedades para el mercado corporativo
Frente a la escalada de precios, los canales de diálogo institucionales se encuentran bloqueados. La Asociación de Inquilinos reporta una falta de respuesta absoluta por parte de la administración del gobernador Marcelo Orrego.
«No nos han querido atender. La verdad es que no lo entiendo, más cuando tenés el 30% de la ciudadanía inquilina», apuntó Bazán, quien también señaló la ineficacia de los organismos de control.
Instituciones como Defensa del Consumidor o la Defensoría del Pueblo se limitan a derivar los reclamos a la Asociación, evidenciando una desconexión total con la problemática. «No existe ni Defensa del Pueblo ni Defensa del Consumidor. Están alejados de la realidad, y la realidad supera todo relato».
El riesgo de la expulsión y San Juan frente al espejo de las crisis turísticas
La ausencia de intervención estatal proyecta un escenario crítico. Si el mercado continúa estructurándose exclusivamente en base a los salarios de la alta gerencia minera, San Juan corre el riesgo de replicar el fenómeno de ciudades turísticas como Bariloche, donde profesionales esenciales como médicos, docentes o policías no pueden costear una vivienda.
El fenómeno global de la «Gentrificación Extractiva»
Por otro lado, lo que hoy experimenta San Juan tiene nombre y apellido en la sociología urbana: gentrificación extractiva. Este fenómeno ya ha mostrado su cara más dura en distritos mineros de Australia y Chile. En ciudades como Antofagasta (Chile) o Perth (Australia), la llegada masiva de trabajadores con sueldos que triplican el promedio local generó una «burbuja» que terminó desplazando a los habitantes históricos hacia las periferias, degradando su calidad de vida.
En este sentido, el riesgo no es solo el precio del alquiler, sino la pérdida de servicios esenciales. Cuando los médicos, maestros y enfermeros no pueden pagar una vivienda cerca de sus lugares de trabajo, el sistema público comienza a colapsar. San Juan se encuentra hoy en una encrucijada: o se planifica una política habitacional que contemple a toda la población, o el crecimiento minero se traducirá en una crisis social de difícil retorno.
El modelo extractivo no garantiza un derrame equitativo. Si el trabajador que sostiene los servicios básicos de la provincia se ve obligado a migrar o a hacinarse en condiciones indignas debido a los costos inmobiliarios, el «boom minero» terminará por fracturar el tejido social, dejando a la población local como espectadora de una rentabilidad que no le pertenece y que la expulsa de su propio territorio.
Periodista especializada en gestión minera, sustentabilidad y desarrollo regional. Con un enfoque centrado en la transparencia y la comunicación estratégica, analiza el impacto de la industria en las comunidades y el marco institucional del sector. En Acero y Roca, es la voz encargada de desglosar los desafíos de la licencia social y los procesos de modernización minera.