El escenario político y ambiental en el Cono Sur sumó un nuevo capítulo de máxima tensión institucional. En las últimas horas, la organización ambientalista Greenpeace Chile presentó una querella criminal que pone bajo la lupa la tramitación del polémico proyecto minero portuario Dominga, de la empresa Andes Iron, empresa de capitales chilenos, controlada principalmente por el empresario Carlos Alberto Délano y su familia.
La acción judicial, formalmente admitida por los tribunales chilenos este 19 de mayo de 2026, apunta directamente a esclarecer la presunta comisión de los delitos de cohecho agravado y revelación de secretos en el marco del desarrollo de la iniciativa extractiva.
Los pagos millonarios de Andes Iron bajo la lupa de la justicia
La ofensiva legal de la ONG internacional se desencadenó tras la publicación de un reportaje periodístico que sacó a la luz transacciones financieras altamente sospechosas. De acuerdo con los datos recabados en la investigación, la firma Andes Iron realizó pagos que superan los 255 millones de pesos chilenos destinados al estudio jurídico Lagos, Vargas & Silber.
El movimiento encendió las alarmas públicas debido a un factor clave: la minera ya contaba con otra representación legal formal para sus gestiones habituales.
La inquietud institucional se profundiza al analizar el perfil de los receptores de dichos fondos. Dos de los socios principales del buffet de abogados, Eduardo Lagos y Mario Vargas, se encuentran actualmente bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
Ambos profesionales están imputados en el marco del resonante caso de corrupción judicial conocido públicamente como «Muñeca Bielorrusa», donde se los investiga por presuntos sobornos direccionados a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.
Los informes técnicos y la sombra de la corrupción en la Corte
El primer informe, fechado el 28 de abril de 2023, tiene 14 páginas, y se trata de un resumen de lo ocurrido desde 2021, cuando organizaciones ambientalistas presentaron reclamaciones ante el Comité de Ministros por la aprobación que se había entregado al proyecto (Mirar el informe).
Toda la información incluida en ese informe es pública y siempre ha estado disponible en internet, ya que forma parte del expediente de evaluación ambiental de Dominga (que puede revisar en este link). Incluso, el informe ocupa varias páginas en resumir las presentaciones realizadas por la misma empresa Andes Iron en el proceso. El documento, que lleva la firma de los abogados Lagos, Vargas y Silber, no entrega recomendaciones de ningún tipo.
Interrogantes sobre el rol de los abogados y los nexos en la Corte Suprema
El abogado penalista Mauricio Daza, quien ejerce la representación legal de Greenpeace en esta causa, remarcó la urgencia de determinar con precisión cuál fue el verdadero objeto de la contratación de este buffet de abogados.
Si bien la glosa formal de los desembolsos millonarios argumenta que se trataron de «asesoría jurídica y técnica vinculada al proceso de calificación ambiental» del mega proyecto portuario, Daza fue contundente al señalar que existe abundante evidencia que contradice de plano dicha justificación oficial.
En esa misma línea argumental, el jurista enfatizó la necesidad de transparentar las ramificaciones del caso dentro del máximo tribunal chileno: «Es fundamental que se aclare si existió alguna actuación ilícita en el contexto de la tramitación judicial del proyecto Dominga, considerando que los abogados imputados habrían pagado coimas a Vivanco, a fin que actuara en favor de uno de sus clientes«.
Las ramificaciones del caso en el máximo tribunal chileno
Asimismo, la investigación penal sigue de cerca otros vínculos de alto nivel. Se detectaron supuestas relaciones entre el estudio Lagos, Vargas & Silber y el actual ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, junto a su cónyuge María Cecilia Ramírez. Los registros judiciales evidencian que el magistrado Matus votó en al menos dos oportunidades a favor de los intereses del proyecto Dominga, habiendo sido incluso el encargado de redactar uno de esos fallos clave.
Un historial de rechazos ambientales que busca revertirse en tribunales
Por su parte, el director de Greenpeace Chile, Matías Asun, recordó que el proyecto Dominga acumula un extenso historial de cuestionamientos técnicos y sociales. La iniciativa minera y portuaria fue rechazada de manera formal en tres oportunidades consecutivas por la institucionalidad ambiental y política competente. Esta situación, según los denunciantes, explica por qué la empresa buscó forzar su viabilidad a través de la vía judicial.
La polémica no es nueva para Andes Iron. Desde el inicio de la tramitación del proyecto en el año 2013, sus titulares se vieron salpicados de forma reiterada por denuncias de corrupción. El propio exfiscal Manuel Guerra, quien dictó el sobreseimiento de otra causa por corrupción ligada a Dominga en el año 2017, se encuentra hoy privado de su libertad. A Guerra se lo investiga penalmente por coordinar el cierre irregular de causas judiciales de alto perfil a cambio de favores políticos y económicos.
El impacto institucional y las demandas de probidad en el sector
El avance de esta querella criminal busca no solo frenar el impacto ambiental de un proyecto cuestionado, sino restablecer la debilitada confianza de la ciudadanía en los mecanismos de control público, el Poder Judicial y las instituciones de evaluación ambiental.
Desde la organización ambientalista concluyeron que este tipo de prácticas corruptas carcomen los cimientos democráticos del país. El reclamo social exige un freno inmediato a las presiones corporativas y demanda asegurar que los poderes del Estado actúen con plena autonomía, transparencia e independencia frente al poder económico de las grandes mineras.
Equipo editorial de Acero y Roca. Información técnica, veraz y actualizada sobre el sector minero e industrial de Argentina y el mundo.