Desde el Liceo Militar General Paz, el ingeniero Gabriel Cabrera expuso la «génesis defectuosa» de una normativa nacida del conflicto y cómo la nueva Ley 27.804 busca rescatar la racionalidad técnica.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
El 25 de junio de 2026, ante cadetes y oficiales en Córdoba, el glaciólogo Gabriel Cabrera expuso que la Ley 26.639 estuvo signada por disputas institucionales. El experto detalló cómo la aplicación de los parámetros legislativos derivó en el procesamiento judicial del Dr. Ricardo Villalba y analizó su impacto en la actividad minera.
El debate político y técnico en el origen de la normativa anterior
En la apertura del ciclo académico de la Fundación del Liceo Militar General Paz, el ingeniero Gabriel Cabrera, con 44 años de trayectoria en el IANIGLA, no se limitó a explicar glaciares; reconstruyó una historia de desprolijidad legislativa. Según Cabrera, el problema central de la Ley 26.639 (promulgada en 2010) fue su origen: una reacción política al veto presidencial de la ley 26.418.
Leé también: El Inventario Nacional de Glaciares esta incompleto: IANIGLA omitió el ambiente periglacial
«Lamentablemente volvieron al texto original tal cual de la diputada Marta- Maffei, el que había sido vetado, con la idea de pelear contra el Poder Ejecutivo», explicó el ingeniero. En esa sesión histórica del 15 de julio de 2010, se ignoraron las precisiones técnicas que el IANIGLA había aportado al proyecto del senador Daniel Filmus. Para Cabrera, «figuras como el diputado Miguel Bonasso impusieron un enfoque ideológico que priorizó prohibiciones generales sobre la protección hídrica efectiva, convirtiendo a la norma en una letra muerta inaplicable».
Leé también: La reforma de la Ley de Glaciares corrige errores que la hacían letra muerta
La discusión sobre los criterios técnicos y el procesamiento de Ricardo Villalba
Un eje central de la exposición de Cabrera fue la situación de los equipos científicos ante la justicia. El experto recordó el procesamiento judicial del ex director del IANIGLA, el Dr. Ricardo Villalba, impulsado por denuncias de grupos ambientalistas. «El delito fue aplicar un criterio técnico de escala: inventariar masas de hielo a partir de 1 hectárea».
«La justicia procesó al Dr. Villalba porque dijeron que la ley debe proteger ‘cualquiera sea su dimensión'», relató Cabrera. Sin embargo, el glaciólogo defendió la validez del límite técnico: «un glaciar menor a 1 hectárea (que suele tener unos 5 metros de espesor) desaparece en apenas 5 años debido al proceso de desglaciación que lleva 14.000 años. Se están protegiendo objetos que la física de la montaña ya ha condenado a la desaparición. No son perennes», argumentó.
Diferencias conceptuales entre el ambiente y las geoformas protegidas
Cabrera planteó objeciones a los postulados teóricos de la ley derogada. Relató que «pretender proteger un ambiente periglacial es tan abstracto como hacer una ley para proteger el invierno. Mientras el invierno solo se ve en el almanaque, la nieve y el hielo son objetos verificables».
La reforma actual, la Ley 27.804, corrige esto al centrarse en geoformas periglaciales (aunque Cabrera advirtió, entre risas, el error ortográfico de la «L» en lugar de la «R» en el texto final). «En el ambiente glacial se protegen los glaciares; en el periglacial se deben proteger los glaciares de escombros, que son los que realmente tienen una función hídrica reguladora», aclaró. Además, denunció que «la inclusión de la media y baja montaña en la ley anterior fue una arbitrariedad incompatible con la existencia de bosques, donde el ambiente periglacial simplemente no existe».
Las interpretaciones contrapuestas dentro de los organismos del Estado
Hacia el final de su charla, el ingeniero expuso que existe una contradicción flagrante del Estado Nacional. Mientras la justicia mantiene procesados a científicos por el criterio de la hectárea, existen resoluciones de los años 2023 y 2024 que aprueban las actualizaciones del Inventario Nacional de Glaciares realizadas por el IANIGLA bajo ese mismo parámetro.
«Aquí hay un doble discurso moral. Se está aprobando algo que funciona para la gestión, pero se está juzgando como si no funcionara», planteó Cabrera. Para el experto, la falta de articulación institucional genera escenarios de incertidumbre jurídica para las inversiones de desarrollo. Instó a que las provincias ejerzan su rol constitucional validando los relevamientos en el territorio, bajo la premisa de que el IANIGLA ejecuta la investigación científica, pero la administración y el monitoreo político corresponden a las jurisdicciones locales.
Leé también: De glaciares a inteligencia artificial: la apuesta minera de la Facultad de Ciencias Exactas
Los desafíos de la futura reglamentación en la Cordillera
La exposición de Gabriel Cabrera en el Liceo Militar General Paz planteó un balance sobre el ordenamiento de los recursos hídricos en el país. El debate técnico en torno a la Ley 27.804 se traslada ahora a la instancia de su reglamentación pendiente. Mientras los sectores industriales avanzan hacia metas de positive water al mismo tiempo que las instituciones buscan asegurar la imparcialidad científica, la articulación federal se presenta como la clave para resolver las diferencias en las áreas de frontera y permitir un marco previsible de cara al desarrollo productivo y la conservación ambiental.
Periodista especializada en gestión minera, sustentabilidad y desarrollo regional. Con un enfoque centrado en la transparencia y la comunicación estratégica, analiza el impacto de la industria en las comunidades y el marco institucional del sector. En Acero y Roca, es la voz encargada de desglosar los desafíos de la licencia social y los procesos de modernización minera.