A través de la Resolución 64/2026 publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Minería de la Nación eliminó formalmente ocho normativas dictadas entre 2008 y 2022. La medida desmantela la mesa de control de importaciones, el plan estratégico sectorial, los programas de minería social y el fondo de asistencia técnica para monitoreo ambiental.
El Estado nacional profundizó su política de achique de estructuras y simplificación administrativa en el sector extractivo. Amparado en los lineamientos de la Ley Bases N° 27.742, el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, firmó la Resolución 64/2026. La disposición dio de baja de un plumazo ocho resoluciones históricas que regulaban desde giros de dinero para obras viales hasta fiscalizaciones aduaneras y políticas de género.
En este sentido, el Ejecutivo nacional argumentó en los considerandos de la norma que estos programas «han devenido obsoletos, han perdido vigencia o han dado lugar a estructuras cuya continuidad no resulta compatible con los lineamientos de eficiencia y austeridad».
Sin embargo, la medida no significa una condonación de deudas. El artículo 2° de la resolución estableció expresamente que las provincias y municipios deberán completar la ejecución y rendición de cuentas de los fondos ya transferidos, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales de recupero.
Radiografía de las 8 resoluciones dadas de baja por la Nación
La poda normativa abarca instrumentos de gestión creados durante las últimas dos décadas que condicionaban la relación entre la Nación, las empresas operadoras y las administraciones provinciales:
1 y 2. Resoluciones 55/2008 y 134/2008: Fin de las transferencias directas para obras
Ambas disposiciones del ex Ministerio de Planificación Federal aprobaban el Reglamento Particular para la Transferencia de Fondos a Provincias y Municipios. En la práctica, constituían la vía administrativa para enviar dinero discrecional destinado a obras viales auxiliares. Con su derogación, la Nación formaliza que no financiará accesos menores, trasladando la responsabilidad a los presupuestos locales.
3. Resolución 36/2020: Cierre del esquema de emergencia en minería social
Dictada durante la pandemia de Covid-19, esta norma flexibilizaba los trámites para otorgar asistencia financiera inmediata a canteras familiares, ladrilleros y pequeños productores caleros artesanales. Al haber finalizado la emergencia sanitaria general, el organismo declaró extinguida su utilidad operativa.
4. Resolución 47/2020: Disolución del Plan Estratégico Minero (PEDMA)
La gestión anterior había institucionalizado el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino, un espacio de concertación política y mesas de trabajo a 30 años que nucleaba a cámaras empresarias, sindicatos y universidades. La actual conducción nacional descartó la planificación centralizada, concentrando los esfuerzos de atracción de inversiones en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
5. Resolución 138/2020: Adiós al filtro estatal para las importaciones
Esta resolución había creado la Mesa Técnica de Análisis para la revisión de importaciones. El mecanismo funcionaba como un filtro aduanero burocrático. En detalle, revisaba cada pedido de maquinaria, repuestos y bienes de capital de las mineras. El objetivo principal era forzar el compre nacional. Por un lado, su eliminación agiliza la logística de las grandes operadoras. Sin embargo, obliga a los proveedores sanjuaninos a competir directamente contra el mercado internacional.
6. Resolución 255/2021: Desactivación de la Red Federal de Mujeres Mineras
El Gobierno canceló la estructura formal de la Red Federal de Mujeres Mineras Argentinas, un área orientada a fomentar la inserción laboral y generar estadísticas con perspectiva de género. Desde el Palacio de Hacienda consideraron que el área representaba una duplicación innecesaria frente a las iniciativas de recursos humanos del propio sector privado.
7. Resolución 50/2022: Vencimiento definitivo para el Plan Huellas Mineras
La norma otorgaba una prórroga extraordinaria de 180 días a los gobiernos provinciales y comunales para justificar el uso de fondos recibidos en el marco del Plan Nacional de Huellas Mineras y de Minería Social. Su derogación pone un punto final a los plazos de gracia y habilita a la Secretaría de Minería a intimar judicialmente a los distritos que no hayan presentado sus facturas y comprobantes respaldatorios.
8. Resolución 53/2022: Retiro de fondos nacionales para monitoreo ambiental
La última norma eliminada es el Proyecto Federal de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de Variables Ambientales de la Minería. El plan aportaba financiamiento federal y asistencia técnica para que las provincias compraran sensores y equiparan laboratorios de control de agua y diques de colas. Con esta baja, el Gobierno ratifica que la fiscalización ambiental es potestad exclusiva de los estados provinciales, los cuales deberán sostener sus controles con recursos propios.
El impacto en San Juan y en la cadena de proveedores
La desregulación nacional reconfigura el escenario en la provincia. Por un lado, las empresas multinacionales avanzan en la preconstrucción de los grandes yacimientos de cobre. En este marco, la derogación de la mesa de importaciones elimina demoras burocráticas. De este modo, se agiliza el ingreso de insumos tecnológicos críticos.
Paralelamente, la eliminación de los programas de apoyo ambiental y vial deja toda la presión operativa sobre la espalda del Ministerio de Minería local y los municipios mineros. A su vez, las cámaras locales deberán redoblar el valor de la Ley de Desarrollo Local Minero para proteger a las pymes sanjuaninas frente a la apertura de compras externas.
Equipo editorial de Acero y Roca. Información técnica, veraz y actualizada sobre el sector minero e industrial de Argentina y el mundo.