Una nueva y compleja batalla judicial sacude al sector minero en el norte de Chile. Un grupo de seis residentes de la comuna de Tierra Amarilla, ubicada en la Región de Atacama, interpuso una demanda por reparación de daño ambiental ante el Primer Tribunal Ambiental con sede en Antofagasta.
La acción legal, encabezada por la vecina Sandra Dagnino Urrutia, apunta de manera directa contra la multinacional canadiense Lundin Mining, sus subsidiarias locales (Compañia Minera Candelaria y Minera Ojos del Salado) y, de forma inédita, contra el Fisco de Chile, acusando una desprotección estatal sistemática de la población.
La presentación judicial argumenta que las operaciones de extracción a rajo abierto y subterránea han generado un impacto ecológico severo e irreversible en el entorno urbano.
Los vecinos afirman que los proyectos mineros “Candelaria 2030 continuidad operacional y Mejoramiento Ambiental de Seis Tranques de Relave incluyen depósitos de basura mineral en zona urbana”, los que se encontrarían próximos a sectores residenciales y comunitarios, lo que expone diariamente a la comunidad a material particulado altamente nocivo.
Evidencia científica: los muestreos químicos confirman la polución con arsénico
La demanda presentada por los vecinos no se queda solo en quejas superficiales; cuenta con un sólido respaldo técnico basado en muestreos científicos de sedimentos y polvo superficial. Los peritajes químicos realizados en puntos críticos de la comuna, tales como la Villa Emergencia Nantoco y el Colegio Luis Uribe Díaz, arrojaron resultados alarmantes que evidencian la presencia de metales pesados en niveles que exceden cualquier estándar internacional de seguridad.
Concentraciones críticas en el radio urbano
De acuerdo con los informes técnicos anexados al expediente, se detectaron concentraciones críticas de cobre, arsénico y mercurio en el aire y el suelo del radio urbano.
Para dar mayor peso institucional al reclamo, los demandantes incorporaron un oficio formal emitido por la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de Atacama. En dicho documento, la autoridad sanitaria advierte explícitamente sobre el riesgo grave para la salud de las personas derivado de las emanaciones y el polvo en suspensión proveniente de los yacimientos mineros de la zona.
Los proyectos mineros en la mira y las fallas de fiscalización estatal
Los habitantes de Tierra Amarilla identifican dos operaciones específicas del complejo industrial como los focos principales de la polución: el proyecto «Candelaria 2030 Continuidad Operacional» y el plan de «Mejoramiento Ambiental de Seis Tranques de Relave».
Según los denunciantes, estas iniciativas se ejecutaron omitiendo resguardos ambientales básicos, lo que facilitó la dispersión de contaminantes hacia las napas subterráneas y la atmósfera local.
La responsabilidad del Fisco por negligencia institucional
Por otra parte, la inclusión del Fisco de Chile en la demanda responde a lo que los vecinos califican como una «negligencia institucional» por parte de los organismos de control del Estado. Aseguran que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y otros entes reguladores fallaron reiteradamente en su deber de fiscalizar de forma rigurosa las faenas de Lundin Mining, permitiendo que las compañías priorizaran sus metas de producción por sobre la calidad de vida y el bienestar de los habitantes de Atacama.
Reparación ambiental y cese de emanaciones: las exigencias del pueblo
A través de este recurso judicial, la comunidad organizada de Tierra Amarilla solicita formalmente al Primer Tribunal Ambiental que declare la existencia del daño ambiental en la comuna y determine la responsabilidad civil y ambiental de las empresas demandadas y del Estado chileno.
Entre las medidas de mitigación exigidas, los vecinos demandan que se ordene a Lundin Mining el diseño e implementación de un plan integral de reparación ecológica. Este programa debería incluir la remoción de los acopios de estériles cercanos a las viviendas, la instalación de barreras tecnológicas avanzadas para frenar el polvo en suspensión y el monitoreo médico continuo de la población afectada para evaluar el impacto real de los metales pesados en el organismo de los chicos y adultos de la región.
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