La debida diligencia y la conducta empresarial responsable ganan espacio en la minería argentina, aunque el país todavía muestra rezagos frente a otros mercados de América Latina. Un programa impulsado por Naciones Unidas busca acercar estos estándares a la cadena de proveedores mineros.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
La debida diligencia y la conducta empresarial responsable avanzan en la minería argentina, aunque el país mantiene rezagos frente a otros mercados latinoamericanos. Agustina Pérez, coordinadora del proyecto CERAL, destaca la necesidad de integrar derechos humanos, gestión de riesgos y diálogo comunitario en la operación minera. A través de capacitaciones dirigidas a proveedores, la iniciativa busca fortalecer estándares internacionales y consolidar una cultura empresarial orientada a la sostenibilidad y la competitividad.
La conducta empresarial responsable gana espacio
La conducta empresarial en un factor cada vez más determinante para el acceso al financiamiento, la continuidad operativa y la competitividad de las empresas mineras. Hoy se extiende a toda la cadena de valor, incluyendo contratistas, proveedores de bienes y servicios y pequeñas empresas vinculadas al sector.
En Argentina, ha comenzado a ganar terreno a través de iniciativas de capacitación y fortalecimiento institucional orientadas a incorporar estándares internacionales de derechos humanos, transparencia y gestión de riesgos en la actividad empresarial. Una de ellas es el proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe (CERALC), que impulsa junto a la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) un ciclo de formación destinado a proveedores del sector.
En este contexto, para Agustina Pérez, asesora sénior especializada en empresas y derechos humanos, financiamiento e inversión sostenible, el principal desafío consiste en comprender que la conducta empresarial responsable no es una extensión de la responsabilidad social empresaria tradicional, sino una forma de gestionar riesgos que impactan directamente sobre la viabilidad del negocio. «La conducta empresarial responsable obliga a las empresas a identificar cuáles son los riesgos que generan sus operaciones, prevenirlos, mitigarlos y actuar cuando esos impactos ocurren. No se trata de compensarlos con acciones aisladas o donaciones comunitarias», explica.
Del asistencialismo tradicional hacia la gestión técnica del riesgo operativo
Durante décadas, gran parte de la relación entre empresas y comunidades estuvo asociada a programas de responsabilidad social empresaria basados en aportes voluntarios. Hoy, organismos multilaterales, bancos de desarrollo, inversores institucionales y mercados internacionales exigen que las compañías demuestren cómo gestionan sus impactos sociales, ambientales y laborales antes de aprobar financiamiento o acompañar proyectos de inversión.
Mientras la responsabilidad social empresaria suele enfocarse en generar beneficios para las comunidades, la conducta empresarial responsable pone el foco en prevenir daños derivados de la actividad productiva.
«Una empresa puede realizar acciones positivas para la comunidad, pero eso no necesariamente significa que esté gestionando adecuadamente los impactos que genera su operación«, sostiene Pérez. En sectores de alto impacto territorial como la minería, esta diferencia adquiere una relevancia estratégica.
Los tres marcos regulatorios que definen el financiamiento internacional
La conducta empresarial responsable se apoya en tres marcos internacionales que hoy funcionan como referencia para gobiernos, empresas, proveedores e instituciones financieras.
- Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos: establecen el deber de proteger los derechos humanos, la responsabilidad empresarial de respetarlos y la necesidad de garantizar mecanismos de reparación cuando se producen vulneraciones.
- Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para Empresas Multinacionales: consolida el concepto de conducta empresarial responsable como herramienta central para identificar y gestionar riesgos.
- Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): orientada especialmente a las relaciones laborales y las condiciones de empleo.
Aunque estos instrumentos no poseen carácter vinculante en términos jurídicos internacionales, funcionan como referencia para interpretar obligaciones ya incorporadas en la legislación nacional. Además, son crecientemente utilizados por organismos financieros y mercados de capitales para evaluar proyectos de inversión.
Licencia social: Un proceso continuo de validación territorial
La industria minera enfrenta niveles de exposición pública superiores a los de muchos otros sectores productivos. Los proyectos suelen desarrollarse durante décadas y mantienen una interacción constante con comunidades, gobiernos locales y distintos grupos de interés. Esa dinámica hace que la licencia social para operar deje de entenderse como una aprobación inicial para transformarse en un proceso continuo de construcción de confianza. «La licencia social requiere diálogo, transparencia y capacidad de escuchar las preocupaciones de las comunidades», señala Pérez.
La especialista advierte que muchas veces los conflictos surgen cuando la participación comunitaria es percibida como una barrera para el desarrollo de los proyectos y no como una herramienta de gestión que permite anticipar riesgos, reducir tensiones y fortalecer la sostenibilidad de las operaciones.
El efecto cascada sobre la cadena de proveedores locales
Uno de los cambios más significativos de los últimos años es la expansión de estas exigencias hacia toda la cadena de suministro. Las compañías mineras ya no son evaluadas únicamente por sus propias prácticas. También deben demostrar que sus contratistas y proveedores cumplen estándares mínimos en materia laboral, ambiental, social y de derechos humanos.
¿La razón? un incumplimiento en cualquier eslabón de la cadena puede afectar la reputación, el acceso al financiamiento o la continuidad operativa de un proyecto.
«Las grandes empresas necesitan asegurarse de que quienes forman parte de su cadena de valor también gestionen adecuadamente sus riesgos. De lo contrario, esos riesgos terminan impactando sobre el negocio principal», explica Pérez.
Esta tendencia genera un desafío particular para las pequeñas y medianas empresas proveedoras, que muchas veces carecen de recursos o conocimiento técnico para implementar estos procesos. Sin embargo, la especialista aclara que los estándares internacionales contemplan la proporcionalidad. Las expectativas no son las mismas para una multinacional que para una pyme, aunque ambas deben demostrar algún nivel de gestión responsable acorde con la escala de sus operaciones.
Formación ejecutiva: Un programa para mitigar las brechas del mercado
Con el objetivo de reducir esa brecha, el proyecto CERAL y CAEM impulsan un ciclo de formación destinado a empresas proveedoras del sector minero. La iniciativa contempla encuentros enfocados en debida diligencia, transparencia, transición energética y perspectiva de género, con la participación de compañías mineras que expondrán directamente cuáles son los requisitos y expectativas que actualmente consideran al momento de contratar servicios.
Asimismo, además de fortalecer capacidades, el programa busca generar un diagnóstico sobre el estado de situación de la cadena de valor argentina frente a las nuevas exigencias internacionales. El objetivo final es facilitar una transición ordenada hacia un escenario donde la conducta empresarial responsable deje de ser una ventaja competitiva excepcional para convertirse en una condición básica de operación.
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El escenario argentino en materia de derechos humanos y competitividad
A medida que la conducta empresarial responsable gana relevancia en los mercados internacionales, también crece la necesidad de que los países fortalezcan sus marcos institucionales para acompañar esa transformación. La especialista señala que países como Colombia, pese al costo social que implicó recorrer ese camino, lograron incorporar con mayor profundidad la agenda de empresas y derechos humanos tanto en el sector público como en el privado.
En Argentina, la intersección entre empresas y derechos humanos sigue siendo un campo relativamente incipiente. El primer Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos fue elaborado, aunque su implementación perdió impulso con el paso de los años. Según Pérez, la iniciativa quedó «medio en el olvido», mientras otros países de la región ya avanzan por su tercer o cuarto plan.
Cómo la conducta empresarial responsable impacta en la competitividad
Para Pérez, el debate ya no pasa por determinar si las empresas mineras deben adoptar herramientas de conducta empresarial responsable, sino por la velocidad con la que lograrán integrarlas a sus procesos, cadenas de suministro y estrategias de crecimiento.
En definitiva, la conducta empresarial responsable se consolida como uno de los factores que definirán la competitividad futura de la minería. A largo plazo, aquellas organizaciones que incorporen estos estándares de manera efectiva estarán mejor preparadas para acceder a financiamiento, fortalecer su licencia social y responder a las crecientes exigencias de los mercados internacionales.
«Hacer las cosas bien no sale más caro. Lo que termina siendo mucho más costoso es gestionar las consecuencias de haberlas hecho mal», concluye.
Periodista especializada en minería, ambiente y agenda social. Forma parte de Acero y Roca -Magazine Minero, donde cubre la actualidad del sector con foco en sostenibilidad, seguridad, innovación y gestión de recursos humanos. Su trabajo analiza la relación entre minería y desarrollo local, con atención en el impacto en las comunidades y la gestión de recursos naturales. También aborda el avance de la inclusión en la industria, siguiendo iniciativas vinculadas al rol de la mujer y espacios sindicales emergentes.