El Gobierno de Mendoza oficializó un paso clave en el ordenamiento del marco regulatorio para la actividad extractiva en su territorio. A través de la Resolución 500 de la Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente, la provincia aprobó la versión definitiva del Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) dirigido a las comunidades indígenas originarias.
La normativa regula las fases de diálogo y consulta que deberán cumplirse obligatoriamente cuando se proyecten desarrollos de exploración o explotación minera que puedan afectar de forma directa los territorios e intereses de los pueblos originarios.
El origen del nuevo protocolo tras la impugnación mapuche
El documento técnico reemplaza al esquema previo aprobado mediante la Resolución 130 de 2025. Aquel texto original había sufrido un cuestionamiento administrativo e impugnación por parte de la Organización Identidad Territorial Malalweche (Pueblo Mapuche), argumentando la falta de instancias previas de participación comunitaria en su elaboración reglamentaria.
Frente al recurso interpuesto, la Autoridad Minera provincial abrió un proceso de revisión que se extendió durante más de un año. Este trayecto incluyó mesas de diálogo intercultural, reuniones híbridas y presenciales en localidades como Malargüe y Mendoza capital, registros audiovisuales y actas labradas por escribano público.
Durante el proceso intervinieron activamente representantes de comunidades locales, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el Consejo de Participación Indígena (CPI), la Dirección de Derechos Humanos y la Fiscalía de Estado de Mendoza, junto con veedores de organizaciones civiles como ENDEPA, ONPIA y REDMIRA.
Encuadre legal y pautas del procedimiento
La exigencia operativa surge del artículo 54 de la Ley Provincial 9.529 (Código de Procedimiento Minero de Mendoza), norma que establece la obligatoriedad de activar la consulta cuando se identifiquen comunidades con personería jurídica en la zona de influencia de un emprendimiento.
Asimismo, el protocolo toma como referencia jurídica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Acuerdo de Escazú, la Ley General del Ambiente y la Constitución Nacional.
Desde la Dirección de Minería explicaron a Acero y Roca que el procedimiento garantiza el derecho a la información, la participación y la formulación de observaciones por parte de las comunidades de forma transparente e intercultural. Sin embargo, la resolución explicita un principio jurídico determinante para el sector inversor: la consulta previa constituye una instancia de participación, pero no implica un derecho de veto ni exige la unanimidad de las comunidades para que el Estado adopte resoluciones administrativas.
Convocatoria a una Mesa Intercultural en Uspallata
Como parte de la implementación y presentación oral del instrumento final, la Dirección de Minería formalizó la convocatoria a una nueva Mesa Intercultural. La cita quedó pautada para el próximo 6 de septiembre de 2026 a las 14 horas en las instalaciones del Centro Cultural Municipal de Uspallata, en el departamento de Las Heras.
El encuentro funcionará bajo modalidad híbrida (presencial y virtual) para asegurar el alcance territorial. La Secretaría de Transporte coordinará el traslado gratuito en colectivo para quienes requieran movilizarse, dejando además la posibilidad abierta de que las comunidades soliciten readecuaciones de fecha o lugar atendiendo a sus dinámicas productivas de veranada y trashumancia.
Equipo editorial de Acero y Roca. Información técnica, veraz y actualizada sobre el sector minero e industrial de Argentina y el mundo.