El sindicato en formación SOMPRA y la Asociación de Operadores de Maquinaria Pesada (AOMPE) denuncian que más de 400 trabajadores locales permanecen desocupados mientras las empresas mineras contratan mano de obra de otras provincias. Piden diálogo con el Gobierno provincial y un mayor control sobre el cumplimiento de la ley de desarrollo local minero.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
El Sindicato de Operadores de Maquinaria Pesada en formación (SOMPRA) y la Asociación de Operadores de Maquinaria Pesada (AOMPE) reclamaron mayor inserción laboral para trabajadores sanjuaninos frente al crecimiento de la minería. Denuncian que más de 400 operadores permanecen desocupados mientras empresas incorporan personal de otras provincias. Además, exigen que el Gobierno controle el cumplimiento de la ley de desarrollo local minero y fortalezca el diálogo con el sector.
La minería en San Juan crece, pero los operadores locales denuncian falta de oportunidades
Actualmente, la provincia de San Juan atraviesa un momento de expansión minera con proyectos como Vicuña, Gualcamayo, Veladero y Josemaría en distintas etapas de desarrollo. En ese escenario, los referentes de los operadores de maquinaria pesada advierten que la mano de obra calificada local no está siendo convocada por las empresas del sector, pese a contar con capacitación técnica y experiencia comprobable.
Alejandro Campusano, referente a nivel nacional del Sindicato de Operadores de Maquinaria Pesada en formación (SOMPRA), y Hernán Molina, presidente de la Asociación de Operadores de Maquinaria Pesada (AOMPE) en San Juan, explicaron que ambas entidades representan a operadores de topadoras, cargadoras, excavadoras, camiones y perforistas, entre otras especialidades utilizadas en minería y construcción. Mientras AOMPE cuenta con personería jurídica y desarrolla su actividad de manera formal, el sindicato espera obtener este año la inscripción gremial nacional, luego de casi una década de gestiones.
Según Alejandro Campusano, la organización nuclea a más de 400 operadores de maquinaria pesada en San Juan, cifra que crece de manera constante. Esa base de trabajadores conforma una bolsa de trabajo que, a pesar de que la asociación la ha puesto a disposición de las empresas mineras, no ha obtenido respuestas.
Reclamo por falta de respuesta
Campusano detalló que enviaron notas a cerca de 45 empresas vinculadas a los principales proyectos mineros de la provincia. Según indicó, únicamente Los Azules respondió al pedido de reunión:
«La única que tuvo la gentileza fue Los Azules, con quienes estuvimos hablando ayer. Ese contacto se dio por una cuestión de respeto y fue la primera comunicación de ese tipo en cuatro años».
El malestar de los operadores se centra en la contratación de trabajadores de otras provincias para cubrir puestos en los proyectos sanjuaninos. Molina ejemplificó con el caso de un integrante del grupo que trabaja en La Pampa. «Tiene que esperar dos meses para venir a su casa y se tiene que pagar los boletos de su bolsillo, porque no le pagan el transporte«, relató.
Por otro lado, las organizaciones también presentaron notas ante municipios del interior provincial. Iglesia respondió al pedido de contacto, mientras que con Valle Fértil se avanza en un posible acuerdo de capacitación aún sin cerrar. Calingasta y Jáchal, ambas consideradas zonas prioritarias para la actividad minera, no dieron respuesta formal a los reclamos.
Un encuentro con el Ministerio de Minería que generó controversia
Los referentes recordaron una reunión con la gestión anterior, encabezada por el entonces ministro de minería de la gestión uñaquista, el ing. Carlos Astudillo, en la que plantearon la necesidad de generar oportunidades laborales para los operadores locales. «Nos dijo: ¿Cuánto quieren… cuánto quieren?», relató Campusano sobre la respuesta del funcionario, y aclaró que «el reclamo de la organización no era económico sino la apertura de una instancia de diálogo». Como resultado del encuentro recibieron una donación de diez cascos de seguridad y una pizarra, gesto que calificó como una burla hacia el sector.
Con la gestión actual, a cargo del ministro Juan Pablo Perea, el vínculo mejoró. «Fue una reunión un poquito más productiva», reconoció Campusano, aunque remarcó que «las gestiones para lograr la inserción laboral de los operadores continúan sin resultados concretos».
Expectativas y dudas sobre la ley de desarrollo local minero
La reciente aprobación de la ley de desarrollo local minero en San Juan, que establece un piso del 80 por ciento de mano de obra sanjuanina en los proyectos, es considerada por ambas organizaciones como una oportunidad para revertir la situación. «Ahora nosotros queremos saber si se va a cumplir y qué organismos la van a controlar», planteó Campusano, quien comparó la iniciativa con una norma similar vigente en Santa Cruz.
El dirigente cuestionó además si la ley responde a una política de fondo o si busca funcionar como una promesa de campaña para los próximos cuatro años de gestión.
El costo de formar operadores sin apoyo estatal
Molina describió las dificultades económicas que enfrenta AOMPE para dictar cursos de formación sin respaldo oficial. Según detalló, el alquiler de un equipo de maquinaria pesada para las prácticas cuesta 6 millones de pesos, mientras que un curso para diez aspirantes se cobra a 700 mil pesos por persona, monto que apenas cubre los costos operativos.
A su vez, Hernán Molina, Presidente de la Asociación Civil de Operadores de Maquinaria Pesada AOMPE, expresó que:
«Nosotros para hacer un curso tenemos que pagar en dólares para alquilar un equipo. Nos cobran a precio de minería. A pesar de las limitaciones, la asociación capacitó a 22 operadores en el término de un mes. Se trata de una formación incluye un curso teórico de seguridad e higiene junto con prácticas intensivas en equipos reales».
El dirigente contrastó esa modalidad con la de escuelas de otras provincias que dictan cursos breves en San Juan y luego se retiran sin dar seguimiento a los alumnos. «Nosotros le hacemos un seguimiento a ellos cuando entran a una empresa«, afirmó y agregó que «buena parte de los alumnos en formación necesita mayor cantidad de horas de práctica para acceder a una certificación completa. Este proceso se ve encarecido por el costo del alquiler de maquinaria».
Diálogo antes que protesta
Ambos referentes coincidieron en que la vía elegida hasta el momento es la institucional. «La verdad que nosotros no somos gente conflictiva, apostamos mucho a dialogar, presentar notas. No vamos al choque», sostuvo Campusano, quien remarcó que no buscan afectar a la ciudadanía con medidas de fuerza.
No obstante, advirtió que la falta de respuestas podría derivar en un cambio de estrategia. «Si tenemos que hacerlo para que nos escuchen, lo vamos a hacer, pero queremos evitarlo», planteó.
Con un sindicato nacional en proceso de obtener la inscripción gremial y una asociación provincial ya consolidada, ambas organizaciones sostienen que San Juan cuenta con operadores capacitados para responder a la demanda de la industria. Su reclamo apunta a que el crecimiento de la minería se refleje en empleo local y en el cumplimiento efectivo de la ley de desarrollo local minero.
Periodista especializada en minería, ambiente y agenda social. Forma parte de Acero y Roca -Magazine Minero, donde cubre la actualidad del sector con foco en sostenibilidad, seguridad, innovación y gestión de recursos humanos. Su trabajo analiza la relación entre minería y desarrollo local, con atención en el impacto en las comunidades y la gestión de recursos naturales. También aborda el avance de la inclusión en la industria, siguiendo iniciativas vinculadas al rol de la mujer y espacios sindicales emergentes.