Pese a sostener la prohibición legal a la explotación metalífera en sus cerros para proteger sus cuencas hídricas, Tucumán formalizó en Rosario su adhesión al acta de la Mesa Federal Minera. El ministro Daniel Abad encabezó la misión para posicionar el polo metalmecánico provincial como proveedor clave de Catamarca, Salta y Jujuy.
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La expansión de la cartera de inversiones asociada al RIGI abrió una ventana de integración para distritos sin actividad extractiva directa. Frente a las demandas de abastecimiento de la zona andina, el Gobierno nacional impulsó la incorporación de provincias con producción industrial para apuntalar la logística y la provisión de insumos. En ese marco, Tucumán desplegó una misión oficial en la Estación Fluvial de Rosario encabezada por su ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, junto a dirigentes de la metalmecánica y los servicios industriales.
El desembarco en Rosario y el acta de la Mesa Federal Minera
En representación del gobernador Osvaldo Jaldo, Abad participó de la Segunda Ronda de Negocios del RIGI y rubricó el acta compromiso de la Mesa Federal Minera, cuyo artículo 4° abre formalmente la puerta para que empresas radicadas en suelo tucumano compitan en las licitaciones del sector.
El acuerdo multilateral contó con las firmas de la Nación, once provincias productoras e industriales (Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Neuquén, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz y Santa Fe), cámaras empresarias como la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), y la representación gremial de la UOCRA.
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“La intención de esa misión es que Tucumán se inserte en la cadena de valor de la minería. Si bien no contamos con explotaciones dentro de la jurisdicción, las empresas del medio tienen la expertise suficiente como para constituirse en proveedores de aquellas compañías radicadas y las nuevas que se instalen en distritos cercanos para brindar servicios”, precisó Abad.
A raíz de esto, el plan tucumano contempla articular convenios con las administraciones de Catamarca, Salta y Jujuy con el objetivo de estructurar un esquema de “compre regional” que complemente las capacidades del Noroeste Argentino.
Metalmecánica y logística para el litio y el cobre del NOA
Frente a la ausencia de proyectos extractivos metalíferos propios, la estrategia tucumana aprovecha dos variables: su cercanía geográfica con las minas de litio y cobre de la Puna, y una infraestructura industrial consolidada. Talleres de mecanizado y fundición de alta precisión radicados en localidades como Ranchillos ya elaboran piezas de desgaste, repuestos y soluciones de mantenimiento para operaciones mineras del norte y del sur argentino.
La ubicación geográfica también opera como nodo de transferencia para el transporte de cargas desde el noroeste hacia la hidrovía y los puertos fluviales. Esta ventaja permite que el tejido pyme tucumano ofrezca equipamiento pesado, construcciones modulares, transporte especializado y mantenimiento electromecánico para las etapas de montaje que impulsan los grandes yacimientos.
El blindaje del agua y la vigencia de la ley 7.879
El modelo tucumano marca un contraste regulatorio respecto a sus vecinos de la Puna. Aunque el territorio provincial cuenta con formaciones de interés geológico, como el complejo volcánico El Alisal en Lules (con mineralización diseminada de oro comparable a Bajo de la Alumbrera) o el cerro Quico en los Valles Calchaquíes (con vetas de cuarzo, wolframio y molibdeno), el distrito cerró las puertas a la explotación a gran escala.
La geografía provincial explica la restricción: sierras como San Javier y el Aconquija operan como condensadores hídricos naturales que alimentan la selva de las Yungas y más de 150 ríos y arroyos esenciales para el consumo poblacional, los cañaverales y el polo citrícola. Para resguardar ese sistema, rige desde mayo de 2007 la Ley Provincial N° 7.879, norma que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el empleo de sustancias como cianuro o mercurio en procesos de lixiviación.
Bajo este marco, los controles de impacto ambiental a través de la Ley Nacional N° 24.585 se concentran de manera exclusiva en la minería de áridos y no metalíferos, donde la extracción en ríos ha generado históricamente alertas por socavamiento de puentes e infraestructura vial. La adhesión al RIGI no modifica el estatus de sus montañas. Tucumán no busca extraer metal de sus cerros, sino convertirse en el taller mecánico que abastezca a las plantas que procesarán el mineral en toda la cordillera.
Editora de Acero y Roca. Redactora de crónicas de actualidad, piezas de investigación y análisis especializado sobre el desarrollo minero regional y global.