La Cámara de Diputados de San Juan llevó adelante ayer martes una sesión especial para tratar el contrato del fideicomiso público denominado «Fideicomiso Aporte DIA Vicuña» y su Anexo I. El instrumento legal, rubricado el pasado 7 de octubre entre el Ejecutivo provincial y el Banco San Juan, designa a la entidad bancaria como agente fiduciario para administrar los US$ 250 millones que la compañía minera comprometió para financiar infraestructura en la provincia.
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Este esquema deriva directamente del Acta Compromiso firmada el 5 de agosto entre el gobernador Marcelo Orrego y la operadora Vicuña, ratificada por la Legislatura el 19 de agosto, mediante la cual la empresa acordó un aporte extraordinario, por única vez y no reembolsable, destinado a obras viales, hídricas, de salud, urbanísticas y de saneamiento.
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El circuito financiero y el rol del Comité Ejecutivo
El fideicomiso operará como una herramienta financiera para centralizar y ordenar el circuito administrativo de los proyectos definidos por el Gobierno provincial. Su alcance abarcará desde los llamados a licitación y la selección de las empresas adjudicatarias hasta la certificación de los avances físicos y el desembolso correspondiente a cada etapa.
En esta estructura, el Banco San Juan tendrá la responsabilidad de administrar los recursos bajo las condiciones estipuladas en el contrato, garantizando que los fondos se afecten exclusivamente a los objetivos previstos.
El aval del oficialismo: certificación de obras e impacto en Iglesia
Desde el bloque oficialista Producción y Trabajo, el diputado Juan Cruz Córdoba explicó que la ratificación del contrato permite materializar operativamente lo pactado en agosto y detalló el mecanismo de control sobre los pagos.

«Teniendo este instrumento jurídico, el Banco San Juan como fiduciario va a poder, a través de órdenes que reciba del Comité Ejecutivo del contrato, hacer los pagos a las distintas empresas que vayan realizando las obras en favor de todos los sanjuaninos, con especial hincapié en la zona de influencia del yacimiento que tiene Vicuña en el departamento de Iglesia. Una empresa va a ejecutar una obra, se va a ir certificando parcial o totalmente y recién ahí se le va a pagar, con lo cual está la garantía de que los trabajos se van a hacer».
Respecto a la conformación de la mesa que decidirá el destino de las partidas, el legislador precisó que la operadora minera no tendrá injerencia en las definiciones. «De aquí en adelante se tiene que conformar el Comité Ejecutivo, que definirá su reglamento y su forma de trabajo. Está expresamente establecido un representante que elige el gobernador de la provincia, quien además será el presidente del comité, y un representante designado por el ministro de Minería, con la posibilidad de sumar algunos integrantes más. No hay representantes de la empresa».
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Asimismo, Córdoba descartó que el proceso de fusión previsto para 2027 entre el Banco San Juan y las entidades de Entre Ríos y Santa Fe genere trabas operativas. «No será un inconveniente en absoluto. Hay definiciones expresas en el mismo contrato respecto al fiduciario, que es el Banco San Juan o quien en el futuro lo reemplace. En cuanto a las obras elegibles, están establecidas en el punto 6.3.1 del Acta Compromiso e incluyen infraestructura hídrica, de saneamiento, urbanística, vial y de salud que beneficie a la comunidad y, por supuesto, también a la operatoria del proyecto».
Apoyo con monitoreo sobre prioridades y la fusión bancaria de 2027
Por su parte, el diputado de La Libertad Avanza, Fernando Patinella, ratificó el acompañamiento de su espacio a las herramientas que impulsen el desarrollo de los recursos naturales, aunque marcó recaudos sobre el seguimiento de las inversiones.
«Esto es un paso más en lo que ya se votó en la Cámara cuando se autorizó al Gobierno provincial a suscribir el convenio con la empresa Vicuña. Desde nuestro espacio siempre vamos a respaldar todo lo que promueva el desarrollo de los recursos naturales, pero reiteramos que vamos a ser custodios del efectivo cumplimiento del acuerdo en dos ejes: la prioridad en la aplicación de los fondos de inversión y que esto responda a un programa de desarrollo integral de la provincia».

Consultado sobre las auditorías externas pactadas en la negociación y la futura reestructuración societaria del Banco San Juan con sus pares de Entre Ríos y Santa Fe en 2027, Patinella advirtió. «Las auditorías fueron parte de la negociación del Gobierno con la empresa para determinar la viabilidad del acuerdo. Respecto a la fusión bancaria, vamos a tener que estar atentos a cuáles son los términos definitivos y evaluar si eso altera en alguna medida la responsabilidad que implica actuar hoy como agente financiero de la provincia».
Cuestionamientos legales y reclamos por el tratamiento exprés
En la vereda opuesta, el diputado opositor Mario Herrero (San Juan Te Quiero) rechazó el expediente con cuestionamientos técnicos, legales y constitucionales, poniendo en duda la necesidad de que el Poder Legislativo vuelva a intervenir sobre un modelo contractual ya incluido en el tratamiento de agosto.

«En un contrato de fiducia no hay normativa legal ni constitucional que exija que la Cámara lo deba aprobar; es responsabilidad exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo. Además, cuando se aprobó el Acta Compromiso el 19 de agosto pasado, el modelo de contrato y la designación del Banco San Juan como agente fiduciario ya integraban el adjunto B. Respecto a aquello que se votó en agosto y lo que ingresó ahora, existen algunas modificaciones sin que se explicite si se trata de una reforma a la ley anterior».
Control constitucional y el caso Acueducto Gran Tulum
Herrero objetó además la celeridad del trámite parlamentario, que ingresó el jueves y se trató en sesión especial tras un plenario conjunto de tres comisiones, y diferenció la ratificación de contratos de las facultades de investigación legislativa frente a casos judicializados como el Acueducto Gran Tulum.
«La transparencia la debe dar un contrato bien firmado. El artículo 150 inciso segundo de la Constitución provincial establece que deben ratificarse los convenios con otros estados o entidades públicas nacionales o internacionales, pero no un contrato de fiducia. Mi duda es por qué se pide la intervención de la Cámara a las apuradas otra vez y qué respaldo se busca. Una cosa es esta ratificación innecesaria y otra muy distinta son las amplias facultades de investigación que tiene la Legislatura: si se plantea y constituye una comisión investigadora por el Acueducto Gran Tulum, la Cámara tiene la atribución constitucional para avanzar».
Con el contrato ratificado, el próximo paso será conformar el Comité Ejecutivo para definir el reglamento operativo y activar las licitaciones que transformarán el aporte minero en infraestructura concreta para las comunidades de San Juan.

Periodista con amplia trayectoria y compromiso. Recorre San Juan cubriendo noticias, información y hechos de interés para la comunidad. Especializado en el sector minero, visibiliza sus proyectos, avances y desafíos para fomentar un diálogo informado entre la industria y la sociedad.