Perú en llamas: renuncia del gabinete por los crímenes ligados a la minería ilegal
La renuncia del primer ministro tras el asesinato de 13 mineros ilegales expone el vínculo entre la inseguridad y el avance de la minería fuera de control
Por William Cortez
El gobierno de Dina Boluarte se hunde cada vez más. Cayó el gabinete ministerial, y se agrava la crisis de un gobierno que desde hace buen tiempo se debate en un estado de permanente crisis
La crisis política que sacude a Perú alcanzó un nuevo pico de tensión con la renuncia del primer ministro Gustavo Adrianzén y la caída del gabinete completo, apenas unos días después del brutal asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz, región ubicada al norte del país.
Este hecho no sólo encendió alarmas a nivel nacional, sino que también dejó al descubierto un problema estructural: la expansión violenta e impune de la minería ilegal en territorio peruano.
Minería ilegal: una amenaza que se cobra vidas
Los asesinatos de Pataz pasan factura
La masacre en Pataz no fue un hecho aislado. Desde hace años, mafias vinculadas a la minería ilegal de oro operan con creciente poder de fuego en regiones como La Libertad, Madre de Dios y Arequipa.
Los grupos criminales disputan territorios ricos en recursos minerales mediante prácticas extorsivas, amenazas y asesinatos.
El reciente crimen de los 13 trabajadores, algunos calcinados y otros ejecutados, fue un golpe directo a la credibilidad del gobierno de Dina Boluarte.
Los informes policiales indican que el ataque fue ejecutado por un grupo armado que controla y protege intereses mineros ilegales en la zona.
El gabinete cae en medio de una presión política creciente
El detonante de la caída de Adrianzén fue el asesinato de 13 trabajadores en una mina por las mafias de la minería ilegal
El ex primer ministro Gustavo Adrianzén presentó su renuncia antes de enfrentar una moción de censura en el Congreso.
Su salida provocó automáticamente la caída de todo el gabinete, lo que refleja el nivel de fragilidad política y gobernabilidad limitada que atraviesa la gestión de Boluarte.
A pesar de que la presidenta designó rápidamente al abogado Eduardo Arana como nuevo jefe de Gabinete, la decisión fue interpretada como un intento de contener la crisis sin cambios de fondo.
El resto de los ministros permaneció casi sin alteraciones, dejando en evidencia que el poder Ejecutivo no tiene margen de maniobra suficiente para afrontar el problema de fondo: la falta de control estatal sobre amplias zonas del país dominadas por la minería ilegal.
Una industria paralela que crece a la sombra del Estado
Según datos del propio Ministerio de Energía y Minas de Perú, más del 20% del oro que se exporta tiene origen ilegal o informal, lo que representa una economía paralela millonaria, sin regulación, sin impuestos, y con una altísima carga de violencia social y ambiental.
La minería ilegal sigue siendo un negocio para las mafias y para muchos es comparado con el trafico de drogas
Organizaciones ambientalistas y de derechos humanos han denunciado durante años que la minería ilegal contamina ríos y suelos y está ligada al trabajo esclavo, trata de personas y lavado de dinero.
Impacto en la región y preocupación internacional
La escalada de violencia en Perú preocupa a los gobiernos vecinos y a empresas mineras con operaciones transnacionales. Tanto Chile como Argentina, que comparten frontera y cuencas mineras estratégicas, siguen de cerca la situación por el riesgo de que el crimen organizado traspase límites geográficos y afecte inversiones clave en litio, cobre y oro.
Una advertencia para América Latina
La dimisión del gabinete de Dina Boluarte, empujada por los asesinatos vinculados a la minería ilegal, marca un punto de inflexión en la relación entre seguridad y extractivismo en Perú.
El país andino se encuentra hoy ante un dilema urgente: enfrentar con decisión la minería ilegal o permitir que las bandas armadas sigan ocupando el rol del Estado en vastas zonas del interior.
La situación de crisis institucional de Perú no deja de ser una alerta para todos los países de Latam
El futuro político e institucional de Perú dependerá en gran parte de cómo responda a este desafío.
Y para el resto de América Latina, este caso sirve como advertencia sobre los costos sociales, ambientales y políticos de permitir que el extractivismo ilegal crezca sin freno.