Tratado con Chile amenaza a los sanjuaninos: CAPRIMSA denuncia públicamente lo que muchos callan
Desde la Cámara de Proveedores Mineros de San Juan advierten que la ventaja impositiva para empresas chilenas amenaza la supervivencia de cientos de pymes locales. Exigen diálogo con el gobierno y explicaciones sobre los alcances del acuerdo con Chile.
Por Lucas Laciar
En medio del auge de la minería en San Juan, la otra cara de la historia parece ganar protagonismo: la incertidumbre y preocupación de las pymes proveedoras locales.
En diálogo con ACERO Y ROCA, Fernando Godoy, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de San Juan (CAPRIMSA), fue categórico: “Con este tratado binacional que nadie explica, las empresas chilenas tienen todo a favor y nosotros todo en contra. Las pymes no vamos a sobrevivir si esto no se aclara”.
Un tratado que “está por encima de la Constitución”
Según Godoy, el Tratado sobre Integración y Complementación Minera firmado entre Argentina y Chile en 1997 no solo sigue vigente, sino que se impone incluso sobre la Constitución Argentina.
“Los abogados que hemos consultado son claros: esto habilita la libre circulación de bienes, personas y servicios en una zona específica. Hay exenciones impositivas, beneficios aduaneros y libertad absoluta para las empresas chilenas que operen en proyectos binacionales como Vicuña. Nosotros, los proveedores argentinos, no tenemos forma de competir”, advirte.
El dirigente detalló que el acuerdo no se limita a empresas operadoras, sino que también alcanza a contratistas, generando lo que define como “una especie de zona franca extendida a empresas chilenas, sin control, sin límite y con aval legal”.
“No es un discurso contra la minería, es a favor de las pymes locales”
Godoy aclaró que la crítica de CAPRIMSA no busca oponerse a la actividad minera, sino que se garantice un esquema justo para el entramado productivo provincial. “Nosotros somos la rueda chica de la minería: contratamos camionetas, empleados, compramos en San Juan, alquilamos, invertimos. Lo que planteamos es simple: si no hay reglas claras, las pymes sanjuaninas terminaremos fundidas mientras las multinacionales y sus contratistas traen todo desde Chile”, remarca.
“Los abogados que hemos consultado son claros: esto habilita la libre circulación de bienes, personas y servicios en una zona específica. Hay exenciones impositivas, beneficios aduaneros y libertad absoluta para las empresas chilenas que operen en proyectos binacionales como Vicuña».
Silencio oficial y falta de diálogo
Una de las denuncias más fuertes que surgió de la entrevista fue la falta absoluta de comunicación por parte del Estado provincial y nacional. “Hace más de dos años que tenemos la documentación sobre este tratado. Hemos solicitado reuniones, audiencias, explicaciones… nadie responde. Es un silencio que inquieta y que genera desinformación”, expresa Godoy.
Y agrega: “El Gobierno tiene la obligación de decirnos dónde estamos parados. Esto no es contra un gobierno, es una defensa de un sector productivo. Hoy nadie sabe cómo se va a aplicar el tratado, qué límites tendrá Vicuña o si las contratistas podrán contratar y traer desde Chile todo lo que quieran”.
Competencia desleal: costos imposibles de igualar
Godoy explica en detalle por qué las pymes locales no pueden competir en igualdad de condiciones: “Una camioneta en Chile vale la mitad que en Argentina, los impuestos son un tercio, los costos laborales son mucho menores, la logística es más barata. Esto no es porque las empresas sanjuaninas sean caras, es porque los costos en Argentina son estructuralmente más altos. Si no hay regulaciones claras, nosotros estamos condenados a perder”.
Ejemplifica: “Nosotros expulsamos de la cámara a una empresa socia porque traía insumos y mano de obra chilena, hacía licitaciones a precios imposibles para una pyme sanjuanina, y aún así sigue trabajando para Vicuña. ¿Qué incentivo queda para las empresas locales?”.
Esto se refiere a la empresa Hidroper, caso que fue publicado por ACERO Y ROCA y que causó revuelo en el ámbito empresarial.
Cruce de frontera sin controles
Uno de los puntos más delicados abordados por Godoy fue la falta de control del Estado en las fronteras. Según relata, “Hoy las empresas pasan personas, camiones, insumos, hasta agua desde Chile por caminos privados, sin control del Estado nacional ni provincial. Esto, además de ser una competencia desleal, es un riesgo para la soberanía nacional. Nadie controla quién entra y quién sale, qué entra y qué sale”.
Godoy recuerda un caso concreto: “Denunciamos hace años que una empresa salteña operaba desde Copiapó, traía personal chileno, cruzaba sin problemas. Esto ocurre porque hay un vacío legal y porque se aplica un tratado sin límites”.
La situación límite de las pymes
La otra cara del fenómeno minero es la realidad de las pequeñas y medianas empresas locales. Según CAPRIMSA, la demora en los proyectos mineros y la falta de obra pública están dejando a muchas al borde del cierre.
“Si Vicuña recién empieza a exportar dentro de 4 o 5 años, si las rutas no se terminan, si la obra pública es cero, ¿de qué viven las pymes mientras tanto? ¿Quién se hace cargo de las empresas que van a cerrar, de los empleados que van a quedar afuera?”, plantea Godoy.
En este contexto, es tajante: “El problema social que se viene es grande. Cuando las pymes quiebren, no solo van a perder los empresarios, sino los empleados, las familias, los proveedores de servicios. El Estado tiene que dar una respuesta urgente”.
CAPRIMSA pide una mesa de diálogo urgente
La entidad que nuclea a más de 250 empresas sanjuaninas reclamó públicamente la apertura de una mesa de diálogo donde se definan con claridad las reglas de juego para los próximos años. “Necesitamos saber qué impacto tiene el tratado, cómo se va a proteger la mano de obra local, qué prioridad tendrán las pymes, cuáles son las reglas impositivas. Si no, vamos directo al colapso”, asegura Godoy.
Además, pide el compromiso activo del gobierno provincial: “No pedimos asistencialismo, pedimos reglas claras para poder competir. El gobernador tiene que intervenir, tiene que aclarar qué lugar tendrán los proveedores locales”.
Hoy las empresas pasan personas, camiones, insumos, hasta agua desde Chile por caminos privados, sin control del Estado nacional ni provincial. Esto, además de ser una competencia desleal, es un riesgo para la soberanía nacional. Nadie controla quién entra y quién sale, qué entra y qué sale”.
Un llamado de atención al sector político y gremial
Godoy también cuestionó el silencio de otros sectores. “No es solo el gobierno, es toda la dirigencia política, es el sindicalismo. Nadie habla de esto, nadie pone el tema sobre la mesa. Mientras tanto, las pymes se mueren”, denuncia.
Y concluye: “Nosotros vamos a seguir defendiendo al sector. No nos vamos a callar porque del otro lado haya incomodidad. Vamos a exigir diálogo, transparencia y respeto por los sanjuaninos”.
¿Qué establece el tratado binacional?
El Tratado sobre Integración Minera firmado entre Chile y Argentina en 1997 establece:
- Libre circulación de personas, bienes y servicios dentro del área minera definida.
- Exenciones impositivas para transacciones dentro del área de operaciones.
- Aplicación de las leyes laborales más favorables al trabajador.
- Facilitaciones aduaneras y tributarias para las empresas involucradas.
- Aplicación preferente del tratado por sobre normas nacionales.
- Duración indefinida, con posibilidad de denuncia recién después de 30 años.
Desde CAPRIMSA piden que “estas disposiciones no sean un cheque en blanco para arrasar con las pymes locales”.