Lo que se perfilaba como una reunión técnica para compartir el avance de la Ley de proveedores locales terminó convertida en una cumbre política de alto voltaje. La filtración de un documento conjunto de algunas cámaras, sumada al conflicto logístico por el tránsito de camiones en Calingasta, incomodó al Gobierno, que leyó la jugada como un ataque interno. Finalmente, el desenlace fue satisfactorio.

Lucas Laciar

Este lunes pasado en el Ministerio de Minería de San Juan se realzó una reunión histórica: la mayoría de las cámaras mineras y de proveedores se sentaban a la mesa para conocer, por fin, la letra chica del borrador de la Ley de Proveedores Locales. Sin embargo, antes de llegar a los artículos de la ley, hubo que desactivar un conflicto político que venía haciendo ruido desde el fin de semana.

El detonante fue un documento titulado “Posición Conjunta de Cámaras Mineras de San Juan”. Un texto firmado por cinco de las entidades más importantes del sector (CARPEM, CASEMICA, CAPRESMI, Agrupación Minera Cordillerana y A.ITUR.IC) que, si bien reafirma el apoyo a la minería, pone el dedo en la llaga sobre la falta de diálogo institucional.

Para el Gobierno, y en especial para el Ministerio de Producción, el texto tenía olor a «operación política», y veían detrás la sombra de opositores internos. Pero para los empresarios, el reclamo era gremial y urgente, nacido del proyecto Hualilán.

El «Caso Hualilán»: cuando la logística choca con la licencia social

Para entender la tensión de la reunión del lunes, hay que mirar hacia Calingasta. El documento de las cámaras menciona explícitamente a Hualilán como un caso testigo. ¿Por qué?

Lo que se sabe es que el conflicto se dio cuando la empresa estaba a punto de iniciar el traslado de mineral hacia la planta de Casposo utilizando camiones batea a través de la Ruta 149 y, lo más crítico, cruzando por el histórico puente de ingreso a la villa cabecera.

La reacción de la comunidad y de las autoridades locales fue inmediata y categórica: No es posible. Según Infraestructura «el puente tiene 50 años y está «vencido», además la ruta llena de curvas, se volvería un peligro con convoyes mineros constantes», habían marcado desde CAEMCA en una nota con este medio. Mientras tanto se encontraba una alternativa, se pretendía usar el ejido urbano.

«Hualilán es un caso que refuerza la necesidad de fortalecer los canales institucionales», reza el documento que causó el revuelo.

Errores por falta de comunicación

En diálogo exclusivo con este medio, Luis Crocco, presidente de CARPEM (Cámara Argentina de Proveedores Energéticos y Mineros), que reúne a más de 50 empresas proveedoras de servicios energéticos y mineros del país, explicó la postura del sector privado frente a los funcionarios que se sentían atacados: «Específicamente respecto a Hualilán, no hemos tomado posición política ni estamos en contra de nadie. Pero creemos que estos errores se producen por falta de comunicación».

Crocco fue claro: el conflicto en Calingasta —donde ahora se evalúa a contrarreloj la huella minera de «El Puntudo«— se podría haber evitado. «Cuando aparecen este tipo de problemas con una mina, y al punto de empezar la explotación se detiene por problemas operativos, creo que son cosas que pueden evitarse buscando diálogo, no esperar a último momento», sentenció el dirigente.

El fantasma de la política y el cruce por Sergio Vallejos

La reunión tuvo su pico de tensión cuando, desde el oficialismo, se sugirió que el documento era un «tiro por elevación» de Sergio Vallejos Mini, excandidato a diputado nacional y figura crítica del sector, a quien vinculaban con la autoría intelectual del reclamo.

Crocco tuvo que plantarse con firmeza para defender la institucionalidad de la cámara que preside. «Me atacaron por ahí, pero esta cámara no es de Sergio Vallejos. Yo la encabezo, soy apolítico… no tengo intereses políticos», disparó el titular de CARPEM en la entrevista con este medio, aclarando que si bien Vallejos es socio fundador, la actual conducción busca construir, no destruir.

«No se trata de un interés sectorial, sino de una condición necesaria», insistieron las cámaras en el texto, buscando despolitizar el reclamo y llevarlo al terreno de la gestión pura: reglas claras, seguridad jurídica y, sobre todo, que no se ponga en riesgo la licencia social por errores de logística.

Final con consenso: luz verde a la Ley de Proveedores Locales

Pasado el «revuelo» y aclarados los tantos —con la promesa de Crocco de interceder para mejorar el diálogo entre la Agrupación Minera (trabajadores) y el Ministerio—, la reunión retomó su cauce original. Y las noticias fueron positivas.

El Gobierno presentó los avances de la Ley de Proveedores Locales, una herramienta largamente reclamada para asegurar que la renta minera quede en las pymes sanjuaninas. Según los presentes, el consenso es casi total.

«Es una ley muy trabajada, con muy buenas intenciones. Está lograda en un 95%«, reconoció Crocco, destacando la labor del ministro de Minería, Juan Pablo Perea. El proyecto logró definir el concepto de «compre local» sin generar fricciones con las operadoras internacionales, un equilibrio difícil de conseguir. Es más,

El esquema de anillos: la propuesta de Iglesia

Para los proveedores de Iglesia, la discusión central pasa por afinar el lápiz sobre qué se considera verdaderamente un «proveedor local». Víctor Grau, presidente de la cámara AITURIC, advirtió que, históricamente, la comunidad iglesiana quedó relegada ante criterios territoriales demasiado amplios, lo que frenó el desarrollo del departamento.

La propuesta de Aituric es apelar al sentido común mediante un sistema de prioridades por anillos. “Lo que nosotros insistíamos era en recurrir al sentido común y a la lógica y que se arme en anillos, prioridad uno, prioridad dos, prioridad tres”

• Prioridad Uno: Comunidad de la zona de impacto directo.

• Prioridad Dos: Área de influencia cercana.

• Prioridad Tres: La provincia en general.

El dirigente fue contundente al señalar que, tras 25 años de minería, Iglesia no logró un progreso sostenible. La falta de reglas claras provocó que quienes crecieron económicamente migraran a la capital, generando un «crecimiento demográfico negativo» y mayor desigualdad. Por eso, exigen que para ser «local», una empresa externa cumpla requisitos reales: propiedad en la zona, inversión efectiva, contratación de personal y, como sugirió Grau, incluso un depósito de inversión como garantía.

Fin a las flotas foráneas y seguridad jurídica

Por su parte, Fernando Godoy, referente de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales de San Juan (Caprimsa), celebró el avance técnico del proyecto. Destacó que el texto actual supera ampliamente al borrador inicial (que fue criticado por parecerse a la ley de Salta) y ofrece un marco jurídico sólido, dejando atrás la dependencia de la presión gremial o las Declaraciones de Impacto Ambiental.

«Este es un proyecto más amigable con las empresas», afirmó Godoy, quien puso el foco en un reclamo histórico: el patentamiento local: «Los vehículos livianos, pesados, y la maquinaria tienen que estar registrados y tributar en la provincia de San Juan», expresó.

Por lo tanto, la nueva normativa exigirá esto se haga de esa manera, con el objetivo de frenar la competencia desleal de flotas provenientes de Salta, Mendoza o Chile, que solían operar en etapas de exploración y perforación sin dejar recursos en la provincia.

Para el titular de Caprimsa, el objetivo final es la transparencia y la equidad, evitando diferencias de precios basadas solo en el origen, algo que «rozaría la antijuridicidad». «Darle una herramienta donde nosotros, los proveedores de hace 20 años, tenemos dónde recurrir si queremos reclamar«, sentenció, resumiendo el espíritu de un sector que busca reglas claras para seguir invirtiendo.

La hoja de ruta: lo que viene para la Ley de Proveedores

El documento conjunto de las cámaras, que finalmente no fue presentado formalmente pero cuyo contenido marcó la agenda, deja una hoja de ruta clara. Esta parte del sector privado pide:

1. Protocolos definidos: No más improvisación como en el tránsito de camiones en Calingasta.

2. Mesa de diálogo: Escuchar a las comunidades antes de mover las máquinas.

3. Unidad: Un «frente común» para blindar la minería de los vaivenes políticos.

El cierre del comunicado marca una postura que no va en contra del gobierno. Es más siendo apartidario, Crocco destacó la labor del ministro como positiva y señaló que esta gestión está haciendo cosas buenas por el sector. Por ello resaltó lo que dice el último párrafo del documento filtrado: «San Juan tiene el oro, tiene la gente y tiene el conocimiento. Solo falta decisión política y voluntad de consenso. La minería no es un obstáculo: es una oportunidad histórica».

Se espera que la Ley de Proveedores ingrese a la Cámara de Diputados este mes, para ser tratada en extraordinarias. Teniendo en cuenta que las presentaciones suelen hacerse los martes, cuando hay reunión de labor parlamentaria, probablemente el próximo día martes haya novedades.

El reciente encuentro entre cámaras empresariales y el Gobierno provincial ha dejado un saldo más que positivo, marcando un punto de inflexión en la relación entre el sector público y privado.