Hito en San Juan: La eficiencia en la evaluación ambiental minera creció un 133%
La Dirección de Evaluación Ambiental Minera alcanzó un hito histórico al incrementar su eficiencia en un 133%, consolidando a la provincia como un destino estratégico para la inversión responsable bajo un modelo que equilibra celeridad administrativa y máximo rigor técnico. En una entrevista para ACERO Y ROCA, la Dra. Belén Hocevar y el Lic. Roberto Moreno detallan cómo el Decreto 007-2024 se convirtió en el motor de una gestión que elimina cuellos de botella sin ceder un milímetro en la protección del entorno.
Por Yenhy Navas
El impacto del Decreto 007-2024 en la eficiencia ambiental minera San Juan
La celeridad alcanzada no es producto del azar, sino de una reestructuración normativa clave. Según la Dra. Belén Hocevar, Directora de Evaluación Ambiental Minera, el Decreto 007-2024 surgió como respuesta a una «mora significativa» que afectaba las evaluaciones. El factor determinante fue la optimización del flujo de trabajo: se devolvió al área técnica de la DEAM (Dirección de Evaluación Ambiental Minera) la evaluación de proyectos pequeños de tercera categoría, dejando a la CIEAM (Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera) abocada exclusivamente a medianos y grandes proyectos de explotación.
Productividad récord: Un incremento del 133% con máximo rigor técnico
«Este decreto permitió poner en el tapete la situación y las mejoras que podían optimizar el proceso», explica Hocevar. Además, se establecieron plazos concretos que responden al Código de Minería y se dio el primer paso hacia la digitalización al eliminar el requisito de copias impresas para cada evaluador, facilitando el intercambio de archivos digitales.
Uno de los datos más contundentes de la gestión es el aumento del 133% en la productividad. Sin embargo, las autoridades son enfáticas: mayor velocidad no significa menores exigencias. «Los lineamientos que debe presentar un proponente en cada IIA son exactamente los mismos que en la normativa anterior y nacional», asegura el Lic. Roberto Moreno, Secretario de Gestión Ambiental y Control Minero del Ministerio de Minería. La información evaluada no ha disminuido, y solo se utilizan Declaraciones Juradas en casos específicos para evitar redundancias justificadas.
Este logro se sustenta en un trabajo interdisciplinario entre la DEAM, la Dirección de Fiscalización y el CIPCAMI, trabajando bajo la premisa del desarrollo sustentable. La eficiencia administrativa ha permitido pasar de 45 a 105 expedientes evaluados en un solo año, eliminando obstáculos que antes demoraban la actividad de manera arbitraria.
San Juan como destino estratégico: Seguridad jurídica y previsibilidad
La eficiencia estatal tiene una consecuencia directa: la atracción de capitales. San Juan se consolida como un destino de inversión gracias a su potencial geológico y, fundamentalmente, a la seguridad jurídica. El Decreto 007-2024 ha garantizado predictibilidad técnica y plazos cortos, factores críticos para los proyectos mineros donde el tiempo representa un riesgo elevado.
«Al establecer criterios claros y un ordenamiento normativo estricto, le decimos al inversor: ‘Si usted cumple con la norma, el Estado responderá en tiempo y forma’«, sostienen los funcionarios. Esta celeridad coexiste con estándares de control que protegen la reputación de los proyectos y aseguran que la sostenibilidad ambiental y la competitividad económica avancen en sintonía.
Fortalecimiento técnico y especialización: El camino hacia el futuro
Para sostener este ritmo de trabajo en los próximos años, la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero apuesta a la «especialización por procesos«.
Herramientas de modernización: Checklists y repositorios históricos
Esto incluye la capacitación continua en áreas críticas y la implementación de listas de verificación (checklists) basadas en el criterio de «pasa/no pasa» para la primera revisión administrativa.
Además, se está creando un repositorio de observaciones históricas, lo que evita que los técnicos deban «empezar de cero» ante cada actualización de un informe. Para 2026, el objetivo es igualar o superar el ritmo actual, robusteciendo la seguridad jurídica y asegurando que cada Declaración de Impacto Ambiental (DIA) cuente con una solidez técnica que garantice la licencia social.
Control y sostenibilidad en el territorio tras la aprobación
La gestión no concluye con la firma de la DIA. La modernización de procesos es vital para el seguimiento posterior. El ordenamiento actual permite que los inspectores de control minero cuenten con criterios técnicos unificados, facilitando la detección ágil de cualquier desviación.
«Un sistema moderno permite cruzar datos de las distintas etapas de manera integral», explica Moreno. Con una base de datos de 105 informes evaluados, el Estado posee una herramienta sin precedentes para auditorías futuras, asegurando que lo prometido en los papeles se cumpla estrictamente en el territorio. San Juan demuestra así que es posible ser un motor minero eficiente, donde la transparencia y el bienestar social son las prioridades absolutas.