La minería ilegal en América Latina es uno de los mercados ilícitos más rentables y complejos del crimen organizado, que articula economías clandestinas, corrupción institucional y control territorial. El investigador ecuatoriano Renato Rivera detalla en exclusiva para ACERO Y ROCA cómo operan estas redes, por qué los estados fracasan en contenerlas y cuáles son los límites de las respuestas centradas únicamente en el uso de la fuerza.

Por Luciana Vignoli

El reciente secuestro de 14 mineros en Sinaloa, México, no fue un hecho aislado; fue un recordatorio brutal de cómo el crimen organizado ha mutado. Ya no se trata solo de narcotráfico, sino de una captura total de los recursos. Este suceso reaviva el foco sobre la minería ilegal en América Latina, una actividad que hoy funciona como el pulmón financiero de las bandas transnacionales.

Renato Rivera, cuenta con casi una década de experiencia en políticas de seguridad e investigación sobre crimen organizado en Ecuador y América del Sur. A su vez es doctor en gobernanza global e integrante de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, un think tank internacional especializado en el análisis de economías ilícitas que reúne a cientos de especialistas en análisis criminal a escala mundial.

¿Qué es el crimen organizado y por qué la minería ilegal es clave?

“Es una pregunta que ni la misma academia la termina de concluir. Siempre cuando hablamos de crimen organizado entendemos que hay un grupo de personas que se estructuran para obtener un beneficio económico, a partir de actividades ilícitas”, explica.

Este fenómeno puede analizarse desde dos dimensiones complementarias. Por un lado, las organizaciones criminales como estructuras jerárquicas o en red. Por otro, la potencia de los mercados ilícitos. “Hay una rama de estudios que se especializa en entender qué tan rentables y qué tan poderosos son los mercados ilícitos”, explica y ubica a la minería ilegal junto a otras actividades como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de órganos o la cibercriminalidad.

Una cadena de delitos que supera ampliamente la extracción

“Se habla de minería ilegal como un concepto grande, pero es un conjunto de problemáticas en relación con el crimen organizado”.

El primer eslabón es la extracción sin concesiones ni permisos estatales. “El Estado entrega concesiones para extraer materiales del subsuelo y obtiene un porcentaje de esos beneficios. El crimen organizado no lleva a cabo esos procesos y saca materiales preciosos sin ningún tipo de permiso ni autorización”.

A partir de allí, se despliega una cadena de delitos conexos. “Probablemente esas personas que están sacando el material no están ahí por voluntad propia, sino que están siendo explotadas de manera ilegal, lo que es un tipo de esclavismo moderno”, señala.

Explotación humana y esclavismo moderno en los yacimientos

En paralelo, aparecen la trata de personas con fines de explotación sexual, la presencia de menores en tareas extractivas y condiciones laborales extremas. El circuito continúa en las plantas de beneficio, que pueden operar de manera completamente ilegal o contar con habilitaciones formales, pero comprar material de origen ilícito.

“Esas plantas de beneficio pueden ser ilegales o tener permisos, pero están comprando material de procedencia ilícita y exportándolo de manera legal”, señala. El proceso se completa con mecanismos de lavado de activos, empresas fachada y manipulación de volúmenes exportados. “Creas empresas, inflas cifras y declaras que exportas una cantidad cuando en verdad es otra. Esa es toda la cadena de valor de la minería ilegal”, resume.

Debilidad del Estado y corrupción: El caldo de cultivo ideal

La expansión de estas redes no es casual. Según el investigador, responde a factores estructurales bien definidos. El principal es la debilidad del Estado que se expresa tanto en normas deficientes como en la incapacidad de hacerlas cumplir.

“Tú declaras a la minería ilegal como delito, pero no tienes instituciones con capacidad de control para contenerla”. A ello se suma la corrupción dentro de organismos de regulación, fiscalías y sistemas judiciales. “Son instituciones altamente corrompibles, que muchas veces hacen controles deficientes o directamente se hacen de la vista gorda”.

El oro como activo refugio para las bandas criminales

En ese escenario, los grupos criminales identifican una oportunidad clara. “Han entendido que es un mercado ilícito rentable. El precio del oro ha ido incrementando su valor y los controles son bajos en comparación con otros delitos como el narcotráfico”, explica.

Impactos ambientales y sociales en las comunidades locales

Las formas de organización criminal no son homogéneas y varían según el territorio, el mineral y el contexto institucional. “La estructura se da como resultado de una adaptación del mercado ilícito”, explica Rivera.

En algunos casos intervienen clanes familiares dedicados históricamente a la extracción ilegal que subcontratan grupos armados para garantizar protección. En otros, actores políticos y funcionarios corruptos utilizan directamente la estructura estatal. “Va a depender siempre del contexto, del tipo de mineral, de las regulaciones y de la capacidad de control de cada Estado”.

Las consecuencias para las comunidades son profundas. En el plano ambiental, Rivera es contundente y advierte que “la minería ilegal no sigue ningún proceso de regulación ambiental”. La contaminación de ríos con mercurio y otros químicos, la deforestación masiva y la degradación de los ecosistemas afectan de manera directa a poblaciones que dependen de esos territorios para su subsistencia.

Consecuencias para la comunidad

En el plano social, el experto relata que “Muchas comunidades no se vuelven cómplices porque obtienen beneficios, sino porque son amenazadas para que no denuncien”. Ese clima genera “una alta percepción de inseguridad y un ciclo de terror” en los territorios donde operan estos mercados ilícitos.

“Generalmente los grupos criminales van escalando el método de ejercer su autoridad”. Primero aparecen la intimidación, las amenazas y la extorsión. “Si eso no funciona, la amenaza termina en violencia armada o en un asesinato”. Ese proceso puede variar según el país, pero responde a una misma lógica de control territorial.

El fracaso de la militarización frente a la economía criminal

La degradación ambiental es el impacto más visible de un negocio que opera al margen de toda ley. Imagen: Guadalupe Pardo/Reuters.

Frente a este escenario, Rivera cuestiona las respuestas basadas exclusivamente en la militarización.

“No necesariamente vas a tener menor minería ilegal teniendo mayor capacidad de fuego de la policía o las fuerzas armadas. Un policía o un militar no te resuelve un problema que es administrativo y financiero”.

La necesidad de una inteligencia financiera y administrativa

“Necesitas controles sobre los flujos, la exportación, la maquinaria”, enumera. Además, plantea la necesidad de capacitar a fiscales, jueces y organismos de control. “Muchas veces el problema se incrementa porque el Estado ejecuta medidas inadecuadas”, subraya.

Cooperación regional: la deuda pendiente frente al crimen organizado

A nivel regional, Rivera advierte que la falta de cooperación entre estados sigue siendo una ventaja para el crimen organizado.“Ellos generan alianzas mientras los estados están peleando por intereses políticos o ideológicos”.

En las zonas de frontera, esa dinámica se vuelve aún más evidente porque “los enclaves de minería ilegal se concentran muchas veces en territorios de menos control estatal”. Allí, los grupos criminales se mueven con facilidad y tejen alianzas transnacionales.

“Esa fractura de cooperación institucional entre los estados es una ventaja enorme para ellos”.

La rentabilidad del silencio y la baja violencia visible

Rivera deja una advertencia clave. “La minería ilegal no siempre genera los niveles de violencia que genera el narcotráfico, pero no por eso deja de ser rentable”. De hecho, señala que muchos grupos criminales aprenden a reducir la violencia visible para proteger sus negocios. “La literatura dice que la violencia es riesgosa para sus mercados y por lo tanto tratan de hacer las cosas en paz”.

Esa aparente calma, concluye, no implica menor daño. Detrás de la minería ilegal persisten la explotación, la degradación ambiental, la corrupción y la captura de territorios, configurando uno de los desafíos más complejos y persistentes para los Estados de América Latina.