Con Orrego a la cabeza, la provincia defendió en el Congreso una reforma clave. Detrás del debate técnico hay algo más profundo: el control de los recursos, el futuro del cobre y miles de millones de dólares en juego.

Orrego defendió por zoom la modificación de la ley de Glaciares

La exposición de San Juan en el Congreso hoy martes, en el debate sobre la reforma de la ley de Glaciares, no fue una más. No fue una defensa técnica aislada ni una discusión jurídica abstracta. Fue una presentación política, económica y científica alineada, con un objetivo claro: explicar por qué la Ley de Glaciares, en su forma actual, está generando más problemas de los que resuelve, según el gobierno.

Desde el inicio, el gobernador Marcelo Orrego marcó el tono. No esquivó el conflicto ni buscó matices discursivos. Fue directo a la raíz del debate y dejó una frase que atravesó toda la jornada:

“Sin minería no va a haber futuro”. Marcelo Orrego.

No fue una consigna vacía. Fue una definición estratégica. Orrego planteó que la discusión no puede reducirse a una dicotomía entre producción y ambiente, porque —según su visión— el mundo ya está en otra etapa: la de la transición energética. Y ahí, minerales como el cobre dejan de ser una opción y pasan a ser un insumo crítico.

“Defiendo la minería sustentable, que es clave para la transición energética y el desarrollo económico”, sostuvo. Y enseguida bajó el debate a uno de los puntos más sensibles: el agua. En San Juan, recordó, el 94% del consumo hídrico está en la agricultura, no en la minería.

El diagnóstico: una ley que genera parálisis

El que tomó esa línea política y la tradujo en términos concretos fue el ministro de Minería, Juan Pablo Perea. Su intervención fue menos discursiva y más estructurada, pero igual de contundente.

Arrancó desde un lugar que en San Juan no admite discusión: el agua como eje de la vida productiva.

La provincia —explicó— no solo depende del recurso hídrico, sino que lo gestiona como prioridad absoluta. Y en ese marco, buscó desmontar una idea que sobrevoló todo el debate: que San Juan no cuida su ambiente.

Lejos de eso, puso números sobre la mesa. Señaló que en poco más de dos años de gestión, la provincia ejecutó más de 22.000 millones de pesos en obras, de los cuales más de 6.000 millones fueron destinados a infraestructura hídrica. Acueductos, plantas potabilizadoras, redes de agua.

“No se trata de proteger menos, sino de proteger mejor”, planteó. Pero no quedó en la frase. La sostuvo con datos.

Perea avanzó sobre uno de los puntos más técnicos y, a la vez, más conflictivos de la ley: la falta de distinción clara entre ambiente glacial y periglacial. Y ahí apareció uno de los datos más fuertes de toda la exposición.

En la cuenca del río San Juan hay más de 3.200 glaciares de escombros. Según los estudios citados por la provincia, incluso en un escenario extremo donde todos liberaran su agua en 75 años, el aporte sería de apenas el 1,65% del caudal total del río.

Un número que, en términos hídricos, es marginal. Pero que, en términos legales, hoy alcanza para frenar proyectos enteros.

Perea lo explicó sin rodeos: la ley, tal como está, no distingue con precisión qué debe protegerse en términos absolutos y qué debe evaluarse caso por caso. Y esa ambigüedad —planteó— es la que termina generando inseguridad jurídica.

La economía detrás del debate

Si la intervención de Perea ordenó el plano técnico, la de Gustavo Fernández terminó de exponer el impacto real que tiene esta discusión sobre la economía provincial.

Su enfoque fue distinto. No habló primero de minería. Habló de San Juan. De su geografía, límites y Sus posibilidades. Destacó que el 97% del territorio es árido o montañoso. Solo el 3% es cultivable. Y apenas el 1% está efectivamente en producción.

El consumo del sector agrícola e ineficiencias

• «Gran parte de del uso del agua en la provincia de San Juan lo explica la agricultura. La agricultura consume en San Juan cerca de 1200 hm³«.
• «Solamente el 45% de nuestros cultivos tienen sistemas de riego tecnificado… esa falta de tecnificación genera una ineficiencia superior al 50% en el uso del recurso hídrico«,.
• «Tenemos un déficit de infraestructura… un abandono que ha significado que esta infraestructura deteriorada explique la otra mitad de las pérdidas en el sistema hídrico«.
• «De esos 1200 km cúicos que consume la agricultura en San Juan, al menos unos 300, 300 y 400 hm³ [se pierden] por ineficiencia«.

Sobre el consumo del sector minero

• «Actualmente las concesiones de agua otorgadas a la minería no superan los 50 hm³«.

Sobre la comparación y la oportunidad de la minería

• «Fíjense ustedes la dimensión del problema. El problema está en la ineficiencia, en el uso de la guadrícula [agua agrícola] que se explica por la falta de infraestructura y por la falta de tecnificación del riego».
• «¿Cómo resolver la ineficiencia que tenemos en el uso del agua agrícola que multiplica varias veces el consumo que hoy tiene autorizada la actividad minera en la provincia de San Juan?».
• «En ese desafío, la minería, lejos de ser una amenaza, es una oportunidad. Lejos de ser una actividad que se contrapone, es una actividad que nos va a ayudar a resolver los problemas».
• «Estamos comprometidos con la defensa del uso eficiente del agua… [la minería] adicionalmente realiza aportes a fideicomisos de infraestructura… gran parte de esos recursos justamente se utilizan para… mejorar nuestra red de distribución hídrica«,.

“La minería, lejos de ser una amenaza, es una oportunidad”, destacó Fernández.

La base científica: qué es glaciar y qué no

El cierre técnico quedó en manos de Roberto Moreno, secretario de Gestión Ambiental. Este se apoyó en su trayectoria como especialista en geomorfología y en más de 20 años de estudios en ambientes periglaciares.

Su exposición giró sobre un punto central: la necesidad de definir correctamente el objeto de protección de la ley. Moreno explicó que los glaciares —los que efectivamente son reservas de agua— no están en discusión. Son intocables.

Pero el problema aparece cuando esa misma lógica se aplica al ambiente periglaciar, que tiene características completamente distintas.

Ahí introdujo datos concretos: En San Juan hay más de 5.000 geoformas inventariadas, de las cuales más de la mitad son glaciares de escombros. Sin embargo, los casos donde podría existir algún tipo de interferencia con actividad minera son mínimos.

“Hoy, los problemas potenciales no son más de ocho casos en más de 3.000”, explicó Moreno.

Y agregó un dato que refuerza toda la línea argumental de la provincia: esos glaciares de escombros no están interviniendo en el funcionamiento actual de las cuencas hídricas.

Es decir, no están aportando agua. Desde esa base, la conclusión vuelve a alinearse con el resto de las exposiciones: “No se trata de proteger menos, sino de proteger mejor.”