Horacio Hidalgo, ingeniero ambiental sanjuanino presentó un documento técnico ante el Congreso, pero no pudo exponer. Ahora revela por qué el verdadero problema de la Ley de Glaciares no está en la prohibición, sino en quién hace y controla los estudios ambientales.

Horacio Daniel Hidalgo no es un nombre habitual en el ruido político. No milita ni en el ambientalismo ni en la minería. Es ingeniero electromecánico, especialista y máster en ingeniería ambiental, con más de tres décadas evaluando proyectos importantes, especialmente en materia de electricidad. Su enfoque es técnico, casi quirúrgico. Y tiene una frase que repite como principio: “El ambiente es el cliente”.

Tras la aprobación de la Ley de Glaciares, el tema sigue dando que hablar. Hidalgo mandó su ponencia al senado con un punto de vista particular.

“Me inscribí para el segundo día. Por la cantidad de inscriptos, más de 100.000, que sin lugar a duda tenían una estrategia de colapso, las comisiones restringieron la exposición presencial solo a los del primer día. Yo tuve que hacer una ponencia escrita”, explica a Acero y Roca.

Ese documento, de cinco páginas, es el núcleo de esta historia. Un análisis técnico que cuestiona los vacíos de la ley actual y propone un enfoque más preciso.

El problema de la ingeniería ambiental en la Ley de Glaciares

El diagnóstico de Hidalgo es directo: la ley vigente tiene un problema de base. La definición de “ambiente periglaciar” es demasiado amplia. Tan amplia que termina generando restricciones generalizadas sin distinguir qué formaciones realmente cumplen una función hídrica relevante.

“No todo ambiente periglaciar cumple un rol hídrico estratégico, ni todo suelo sujeto a procesos de congelamiento-descongelamiento posee valor como reserva de agua”.

Ahí aparece el primer quiebre conceptual. Para el ingeniero, el problema no es proteger menos, sino proteger mejor. Y eso solo se logra con medición.

En su documento cita a Lord Kelvin para reforzar la idea: “Cuando puedes medir aquello de lo que hablas y expresarlo en números, sabes algo sobre ello; pero cuando no puedes expresarlo en números, tu conocimiento es pobre e insatisfactorio”.

Ese es el corazón de su postura. La ingeniería ambiental aplicada a la Ley de Glaciares no puede basarse en categorías generales. Necesita precisión, estudios de campo y evaluación caso por caso. No todas las geoformas se comportan igual. No todas almacenan agua. Y no todas deberían estar bajo el mismo nivel de restricción.

La ponencia de Hidalgo

El corazón oculto de la ley: quién firma los estudios

Pero el punto más delicado de su análisis no está en la geología ni en la hidrología. Está en las personas.

Hidalgo pone el foco en algo que casi no aparece en el debate público: la calidad de los profesionales que elaboran los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Para él, ahí está el verdadero punto ciego de la ley.

“Un EIA no es un mero requisito administrativo: es una herramienta compleja de análisis interdisciplinario que define la viabilidad ambiental de un proyecto. Su calidad depende directamente de la formación, experiencia y criterio profesional de quienes lo elaboran”, explica.

La advertencia es clara. Si los estudios están mal hechos, la ley no sirve. Y hoy, según su mirada, no hay garantías suficientes de que esos estudios estén en manos de especialistas con experiencia real en alta montaña.

“El eje de esto es hacer las cosas bien. Para hacer las cosas bien, los profesionales tienen que tener una capacidad y una idoneidad comprobada. Cuando el profesional puede llegar a estar sesgado, es obvio que puede dar una conclusión que no es la correcta para el ambiente”.

El problema no es individual. Es estructural. “Tiene que hacerlo un equipo interdisciplinario. Ecólogos expertos en ambiente, ingenieros, criólogos especialistas en hielo, mineros expertos en ambiente. Si se arma un equipo así, las conclusiones van a ser totalmente seguras para el ambiente”.

El agujero que nadie cerró: quién controla a los que controlan

Acá es donde la discusión se vuelve más incómoda. Porque el texto de la ley, tal como está, no define mecanismos claros para acreditar a los profesionales, ni establece sanciones específicas para estudios defectuosos.

Ese vacío, según Hidalgo, no es menor. Es el punto donde la ingeniería ambiental y el desarrollo sustentable quedan en el aire.

“Pienso que debiera ser reglamentada, en particular todo el proceso de las características de los equipos profesionales que deben intervenir para rayar la cancha. Si uno no raya la cancha, la deja abierta”.

La metáfora es simple, pero efectiva. Sin reglas claras, el sistema depende de la buena voluntad. Y eso, en un esquema de inversiones millonarias, no alcanza. “Nosotros tenemos que cuidar el ambiente porque para San Juan es tan importante el agua como la producción minera. Si vemos una sola, desequilibramos la historia”, advierte.

San Juan, ¿tiene capacidad técnica?

Uno de los argumentos más repetidos en el debate es que las provincias no tendrían capacidad para aplicar la ley con rigor. Hidalgo no comparte esa mirada.

“San Juan tiene profesionales de alto nivel porque tiene universidades de alto nivel. Tienen sobrada capacidad para poder hacer las cosas como corresponde. Desde Buenos Aires pueden colaborar, pero no pueden dictaminar como si fuera palabra definitiva”.

Además, explica que “las autoridades ambientales de aplicación dependen de cada provincia. En San Juan, cuando un proyecto las supera, la ley les otorga la potestad de solicitar estudios específicos a la Universidad Nacional de San Juan o a cualquier lugar del país o del mundo”.

Por qué el desarrollo sustentable no es un concepto abstracto

En la discusión sobre la Ley de Glaciares, el desarrollo sustentable suele aparecer como una consigna. Hidalgo intenta bajarlo a tierra.

San Juan es, en sus palabras, una provincia condicionada por su geografía. Más del 90% del territorio es montaña o desierto. La agricultura ocupa una porción mínima. Y la población crece. En ese contexto, la minería deja de ser una opción y pasa a ser una variable estructural.

“Tenemos que ir a lo que la naturaleza le dio a esta provincia: los minerales. Ya Sarmiento lo decía hace 150 años: las provincias con la cordillera de los Andes iban a ser el motor de producción y crecimiento de la nación”.

Ahí se conecta todo. Sin ingeniería ambiental sólida, no hay desarrollo sustentable posible. Y sin desarrollo sustentable, la discusión queda reducida a una falsa dicotomía entre producción y ambiente.

“Es la oportunidad para que San Juan crezca cuidando el ambiente. Porque finalmente el ambiente es de los sanjuaninos y de los futuros sanjuaninos también”.