El escenario judicial en la provincia de Catamarca sumó un capítulo de altísima tensión. El ambicioso proyecto minero MARA quedó en el ojo de la tormenta luego de que la Justicia Federal decidiera avanzar con una investigación penal por presuntos hechos de corrupción y graves violaciones a las normativas ambientales vigentes.
En una resolución que sacude al sector extractivo, la jueza María Servini puso bajo la lupa si las empresas involucradas, junto a diversos funcionarios públicos, autorizaron tareas de exploración en zonas de glaciares donde cualquier actividad industrial está terminantemente prohibida por ley.
El avance sobre zonas protegidas y los informes ignorados
El eje central de la causa que tramita en el Juzgado Federal N.º 1 de Comodoro Py busca determinar si hubo una intención deliberada de ignorar estudios científicos oficiales.
De acuerdo con la información difundida por la periodista Laura Berisso, las mineras Agua Rica y Alumbrera, ambas operadas por la multinacional suiza Glencore, se encuentran formalmente imputadas junto a sus directivos y a un grupo de auditores del Estado. La acusación que pesa sobre ellos es contundente: habrían incumplido tanto la Ley General del Ambiente (25.675) como la Ley de Glaciares (26.639).
La abogada Mariana Katz, quien representa a los vecinos de Andalgalá, aportó detalles claves sobre las pruebas que motivaron la denuncia original presentada en 2019. Según la letrada, existen estudios técnicos elaborados por organismos estatales en 2018 que identificaron con claridad la presencia de 26 cuerpos de hielo en la zona del proyecto MARA.
Al ser reconocidas como áreas periglaciares, estas zonas funcionan como reservas hídricas estratégicas y, por lo tanto, son áreas donde no se puede realizar exploración ni explotación minera de ningún tipo.
Ante este panorama, surge una pregunta que es la base del reclamo judicial: ¿por qué los funcionarios decidieron avanzar con los acuerdos comerciales sin verificar sus propios estudios científicos? La omisión de estos documentos oficiales podría configurar el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, dado que las zonas protegidas por la Ley de Glaciares son intocables para la minería a cielo abierto.
¿Qué es el proyecto MARA y por qué genera tanto rechazo?
El proyecto MARA, que se puso en marcha oficialmente en 2019, nació con la idea de integrar el yacimiento Agua Rica con la infraestructura ya existente de La Alumbrera. El objetivo es extraer cobre, oro y molibdeno de la Sierra de Aconquija, en el departamento de Andalgalá, para luego procesar el mineral utilizando las instalaciones que Glencore opera desde 1997.
Desde el punto de vista corporativo, MARA es una apuesta gigantesca. La empresa afirma que el proyecto cuenta con reservas estimadas en 11.800 millones de libras de cobre y 7,4 millones de onzas de oro. Estas cifras lo posicionarían como uno de los emprendimientos cupríferos más grandes de toda la Argentina.
Sin embargo, lo que para las empresas es una «reutilización eficiente» de infraestructura para reducir la huella ambiental, para la comunidad local es simplemente la continuidad de un conflicto que ya lleva tres décadas.
Los habitantes de Andalgalá sostienen que el cambio de nombre no modifica el impacto real sobre el territorio. Denuncian que la infraestructura de La Alumbrera, que entró en etapa de cierre en 2017, sigue representando un riesgo y que el nuevo proyecto no hace más que profundizar los daños acumulativos en la región.
Un giro judicial clave: las empresas como responsables penales
Aunque la causa penal se inició hace varios años, el expediente tuvo un recorrido lleno de obstáculos. En 2023, la Justicia había dispuesto el cierre de la investigación y el sobreseimiento de los acusados. No obstante, en agosto de 2024, la Cámara de Casación Penal dio un volantazo y ordenó reabrir el caso, considerando que las pruebas presentadas hasta el momento no eran conclusivas.
El punto de inflexión definitivo ocurrió el pasado 22 de abril. Tras un pedido del fiscal Guillermo Marijuán, la jueza Servini decidió ampliar la imputación basándose en la Ley 27.401. Esta normativa es fundamental porque establece que las personas jurídicas (las empresas) pueden ser penalmente responsables por delitos de corrupción, y no solamente los individuos que las integran. De esta manera, Agua Rica y Alumbrera quedaron formalmente señaladas en el expediente como entidades responsables de las presuntas maniobras ilegales.
Treinta años de resistencia en las calles de Andalgalá
La noticia de la imputación fue celebrada por la Asamblea el Algarrobo, el grupo vecinal que desde hace 30 años denuncia las consecuencias de la megaminería. «Llevamos años caminando todos los sábados en nuestra plaza. Reclamamos en las calles y en los juzgados por las violaciones de derechos humanos que sufrimos», relató un vecino integrante de la asamblea.
Entre las denuncias más graves que sostienen los vecinos se encuentran:
- Problemas de salud: Aseguran que desde el inicio de La Alumbrera aumentaron los casos de cáncer y esclerosis múltiple en el pueblo debido a los «polvos fugitivos» de la mina.
- Contaminación del agua: Denuncian que el agua, que antes era de una pureza extrema, ahora llega turbia y con cambios en su composición química.
- Falta de transparencia: Sostienen que los monitoreos comunitarios que promociona la empresa son instancias meramente formales e insuficientes.
A pesar de que la empresa insiste en que el proyecto MARA incorpora las demandas vecinales y reduce el impacto ambiental, los habitantes de Andalgalá no confían en estas promesas.
De hecho, el conflicto ya escaló a niveles internacionales: el año pasado, los vecinos presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), decididos a frenar lo que consideran una afectación irreversible para su ambiente y su salud.
Equipo editorial de Acero y Roca. Información técnica, veraz y actualizada sobre el sector minero e industrial de Argentina y el mundo.