La reciente modificación de la Ley de Glaciares elimina bloqueos automáticos para proyectos mineros en zonas periglaciares. Ahora, la habilitación dependerá de evidencia científica rigurosa sobre el rol hídrico, exigiendo a las empresas fuertes inversiones en estudios ambientales tempranos.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
La reforma a la Ley de Glaciares del 9 de abril delega a San Juan la evaluación de áreas periglaciares para la minería. Al exigir pruebas de «función hídrica relevante» mediante monitoreos de 3 años, se destraban proyectos clave, supeditando su avance al estricto cumplimiento técnico impulsado por especialistas.
El fin de la zona gris: De la ley a la técnica
El 9 de abril marcó un quiebre sustancial en la matriz regulatoria con la reforma aprobada. Según explica la Dra. en Ingeniería Química Yanina Baldán, cofundadora de GCo Consultoría, «la discusión durante años giró en torno a si una zona era o no periglaciar«. El problema radicaba en que esa categoría era tan amplia que terminaba abarcando formaciones geológicas muy disímiles, algunas con un rol hídrico crítico y otras con un impacto prácticamente nulo. Con el nuevo marco normativo, el eje de evaluación se transforma: ahora la pregunta central es si esa formación en particular cumple una función hídrica relevante y verificable.
Para los desarrollos en San Juan, esto achica considerablemente una zona gris legal que mantenía operaciones frenadas. Esos frenos no siempre se debían a evidencia científica de afectación al agua, sino a la imposibilidad de resolver la cuestión con criterios técnicos precisos. Sin embargo, tal como advierte Baldán, «antes el obstáculo era legal; ahora va a ser técnico». Las operadoras que busquen avanzar deberán invertir fuertemente en estudios técnicos ambientales sólidos, apoyados por equipos interdisciplinarios y sustentados en datos de campo reales.
Los 4 pilares para validar un proyecto
Para que una operadora demuestre científicamente que su área no reviste un rol hídrico crítico, ya no alcanza con argumentar que una formación no es un glaciar en términos clásicos. Hay que demostrarlo con datos duros a través de un procedimiento que consta de cuatro componentes ineludibles.
- 1- Caracterización exacta de las geoformas, identificando qué existe realmente y clasificándolo bajo criterios compatibles con el IANIGLA, para distinguir qué formaciones aportan al ciclo del agua y cuáles no.
- 2- Medición del aporte hídrico real, lo que exige estaciones de monitoreo en campo que registren caudales en distintas estaciones, especialmente durante el deshielo.
- 3- Análisis de cuenca completo para determinar el porcentaje de dependencia que tienen las poblaciones o ecosistemas aguas abajo respecto a esa geoforma.
- 4- Conformación del equipo humano. La evaluación no puede ser trabajo de una sola disciplina: requiere ecólogos, ingenieros, criólogos y expertos en alta montaña para generar conclusiones que resistan el escrutinio técnico y judicial.
Queda como tarea pendiente de la reglamentación definir con precisión cómo se acreditará la idoneidad de estos equipos profesionales.
Inversión y cronograma: El «seguro de vida» del proyecto
Si bien la ley reformada no establece plazos ni porcentajes de inversión específicos, el sector debe guiarse por estándares técnicos internacionales, como los del Banco Mundial o la IFC. En términos de tiempos, la experiencia dicta que los ciclos de monitoreo necesitan cubrir al menos dos o tres años hidrológicos completos para ser verdaderamente representativos y captar la fuerte variabilidad estacional del agua en la cordillera.
Financieramente, la elaboración de estas líneas de base glaciológicas completas ha representado históricamente entre el 0,5% y el 2% del CAPEX durante la etapa de factibilidad en proyectos medianos y grandes. Frente a esto, la decisión estratégica más urgente es iniciar el monitoreo glaciológico durante la exploración avanzada. «No es una cuestión de presupuesto; es una cuestión de cronograma», sentencia Baldán. Si este relevamiento no arranca a tiempo, las demoras posteriores pueden ser más perjudiciales para el proyecto que las antiguas trabas legales.
El desafío institucional de San Juan
La transferencia de competencias expone un desafío estructural: ¿está la provincia preparada para auditar este nivel de complejidad? La Ingeniera Química Eugenia Gutiérrez, también cofundadora de la firma, aporta una visión clara: el estado de situación objetivo revela que San Juan no cuenta actualmente con un organismo científico especializado propio que sea el equivalente directo al IANIGLA, entidad en la que la ley original concentraba toda la responsabilidad técnica.
Para poder auditar de manera irrefutable los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), la ingeniera Gutiérrez sostiene que el primer paso innegociable es actualizar el inventario en la zona sur de San Juan, área geográfica que concentra las actividades mineras de mayor envergadura. Posteriormente, será imperativo buscar y asignar personal calificado, dotado con tecnología de punta, para ejecutar y validar dichos estudios.
Licencia social y el rol de los auditores externos
El impacto de esta reconfiguración normativa en la licencia social es directo y de doble filo. Por un lado, al reemplazar las prohibiciones absolutas por el concepto de «alteración relevante», las comunidades locales pueden percibir que el estándar de protección se ha vuelto «más subjetivo y negociable», lo cual históricamente deteriora la confianza ciudadana en los procesos de habilitación. Por otro lado, si la provincia logra implementar procesos de EIA ágiles y con criterios claros, esto podría traducirse en mayor previsibilidad para la industria y facilitar inversiones atadas a compromisos ambientales cuantificables
En este escenario, ante la falta de estándares nacionales mínimos que definan qué es una «alteración relevante», el rol de los auditores externos privados se vuelve decisivo. Sin embargo, la experta alerta que esto plantea un problema de conflicto de interés estructural, ya que estos profesionales son contratados por las mismas empresas que buscan la luz verde operativa. Para evitar que la cadena de valor baje sus estándares, Gutiérrez remarca que sería necesario «definir un mecanismo de auditoría independiente con financiamiento público o multilateral».
El futuro del mapa minero provincial
Operativamente, el próximo paso exige que San Juan fortalezca de inmediato su autoridad de aplicación y determine, mediante relevamientos técnicos en las áreas de interés minero, qué superficies exactas cumplen una función hídrica relevante. Es imperativo definir sin grises los criterios provinciales para esa «alteración relevante» no especificada en la reforma, y habilitar los nuevos procesos de EIA provinciales.
En términos territoriales, al eliminarse el bloqueo automático que imponía el Art. 6° sobre el ambiente periglacial y reemplazarse por una evaluación caso por caso, se habilita el avance técnico de proyectos que antes topaban con un obstáculo legal insalvable. No obstante, destrabar el aspecto legal no significa un triunfo automático; como concluye Gutiérrez, «esto no garantiza que esos proyectos sean viables ambiental, social o económicamente»
La nueva arquitectura legal no es un cheque en blanco, sino un pase directo al escrutinio técnico más exigente de las últimas décadas. En los próximos cinco años, el éxito del modelo minero sanjuanino no dependerá de las flexibilizaciones redactadas en un escritorio, sino de la capacidad real y demostrable del Estado para auditar con rigor, y de la madurez de la industria para invertir en ciencia irrefutable. La verdadera licencia social se jugará en los datos de campo, marcando la frontera definitiva entre los proyectos que solo son promesas en un PowerPoint y aquellos que, con solvencia técnica, lograrán transformar la roca en futuro.
Periodista especializada en gestión minera, sustentabilidad y desarrollo regional. Con un enfoque centrado en la transparencia y la comunicación estratégica, analiza el impacto de la industria en las comunidades y el marco institucional del sector. En Acero y Roca, es la voz encargada de desglosar los desafíos de la licencia social y los procesos de modernización minera.