El concejal Heber Tapia (Calingasta) impulsó una nueva resolución para que la Provincia elabore un plan de manejo participativo en el Área Protegida Manantiales. La falta de normativa genera conflictos entre actividades, daños ambientales en el Arroyo Turquesa y pone en riesgo la seguridad de los andinistas que suben al Cerro Mercedario. “No podemos sancionar a nadie”, advierte.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
La Reserva Manantiales, creada por Ley Provincial N° 2315-L, carece de un plan de manejo definitivo. El Concejo Deliberante de Calingasta ya rechazó un borrador por falta de participación comunitaria (Resolución N° 086-2024) y ahora exige que se cumpla la ley (Resolución N° 202-2026). El concejal Heber Tapia advierte que la ausencia de regulación genera daños ambientales (vehículos en el Arroyo Turquesa), competencia desleal en el turismo de montaña y riesgos para andinistas. El proyecto minero Pachón, el turismo, la ganadería y la agricultura comparten el mismo territorio sin un ordenamiento claro.
Una reserva sin reglas: el problema de fondo
El Área Protegida Manantiales fue creada por la Ley Provincial N° 2315-L. La norma, sancionada hace varios años, establece en sus artículos 6, 7 y 8 la obligación de elaborar un Plan de Manejo de forma participativa, con la comunidad de Calingasta como protagonista. Sin embargo, ese plan nunca se concretó.
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En 2024, el Concejo Deliberante de Calingasta tomó conocimiento de un borrador de plan de manejo elaborado por la Secretaría de Ambiente de la Provincia. El problema, según el concejal Heber Tapia (autor de las resoluciones), es que ese documento no había sido trabajado con los actores locales.
“Si bien por ley provincial se crea el área protegida Manantiales, la ley especifica que se tiene que armar un plan de manejo con la comunidad. Esto es necesario porque ya existen muchas actividades que se practican previamente a la declaración, como agricultura, ganadería, turismo y minería. También está el ingreso al proyecto Pachón en esa misma zona”, explica Tapia a Acero y Roca.
En mayo de 2024, el Concejo Deliberante emitió la Resolución N° 086-CD-2024, rechazando “en todos sus términos” el plan preliminar por no ser consensuado.
Dos años después: la inacción y una nueva resolución
Pasaron dos años. La situación no cambió. Por eso, el 23 de abril de 2026, Tapia impulsó una nueva resolución (N° 202-CD-2026) que exige a la Secretaría de Ambiente el estricto cumplimiento de la ley y la elaboración de un plan de manejo participativo, abierto y vinculante.
“Después de eso hubo una inacción y no se trabajó más en el tema. ¿Qué produce esto? Que, por ejemplo, se produzcan daños en la zona del Arroyo Turquesa porque ingresan vehículos motorizados, o que en la temporada del cruce sanmartiniano vengan empresas de fuera que perjudican a los baqueanos locales. Se genera una competencia desleal porque el tema no está regulado”, denuncia Tapia.
La minería, una actividad más que necesita reglas claras
El proyecto minero Pachón (Glencore) se encuentra en la zona de influencia de la reserva. La empresa ya ha realizado inversiones, como la construcción del puente sobre la Junta de los Ríos, una obra que beneficia tanto al proyecto minero como al turismo y a los pobladores. “Pachón hizo una inversión en el puente de la Junta de los Ríos. Es un puente por el cual pasan las movilidades al proyecto Pachón, pero también lo ocupan quienes hacen turismo 4×4 para llegar a la base de Laguna Blanca o para llevar gente que hace ascensos al Mercedario”, señala Tapia.
El concejal es claro: no se trata de prohibir la minería, sino de regular la convivencia entre todas las actividades que se dan en la zona. “Ninguna actividad puede tapar a otra. Si se hace minería, no queremos que se prohíba la pesca o el turismo. Queremos que todas convivan y que la zona se jerarquice como el Parque Nacional Leoncito o Ischigualasto”.
Daños ambientales y falta de sanciones
Uno de los ejemplos más concretos es el del Arroyo Turquesa, un espejo de agua de alta montaña de gran valor paisajístico y ecológico. Allí, cada temporada, ingresan vehículos 4×4 por zonas no habilitadas, dañando el ecosistema y los senderos de trekking. “Cuando somos noticia porque ingresan vehículos motorizados al Arroyo Turquesa, sabemos que eso daña el ecosistema y los senderos. Hoy sabemos que está mal, pero la normativa específica para prohibirlo por ley y sancionarlo no existe”, afirma el concejal.
Y es contundente: “No podemos establecer sanciones ni multas, ni siquiera colocar un cartel, porque es un área protegida provincial. Todo eso se tiene que trabajar: desde el tema de la pesca hasta definir las zonas permitidas y las sanciones correspondientes”.
El riesgo para los andinistas: ni registro ni control
Otro de los puntos críticos es la seguridad de los andinistas que ascienden al Cerro Mercedario, uno de los atractivos más importantes de la reserva. “Mire, por ejemplo, lo que le cuesta a la provincia cuando se pierde un andinista en operativos con médicos y helicópteros en una zona compleja. Eso pasa porque hoy no le decimos qué es lo que está permitido, en qué temporada o con qué equipamiento y nivel de dificultad”, explica Tapia.
Y agrega un dato revelador: “Hoy no hay ni siquiera un registro de cuántos andinistas hay en Manantiales o el Mercedario”. El plan de manejo, según el concejal, debería incluir un registro de ingresos para saber quién está dentro y poder alertar a las autoridades si no regresan en la fecha prevista.
El temor: que un plan hecho sin participación termine prohibiendo actividades históricas
Tapia insiste en que la participación de la comunidad no es un capricho, sino una exigencia legal y una necesidad práctica.
“En los artículos de la ley se nos da participación a los calingastinos, y eso tiene que ver con nuestro sentido de pertenencia. No queremos que se nos prohíban actividades históricas, queremos defenderlas y participar en la elaboración del plan”.
El concejal recuerda que actividades como la agricultura, la ganadería, la pesca, el turismo y la minería vienen desarrollándose en la zona desde mucho antes de la declaración del área protegida. Un plan de manejo hecho de espaldas a la comunidad podría, por ignorancia o falta de diálogo, complicar prácticas que son parte del sustento y la identidad de los calingastinos.
Lo que viene: un plan de manejo que aún no tiene fecha
La resolución aprobada por el Concejo Deliberante recientemente es clara: se exige a la Secretaría de Ambiente que cumpla la ley, que convoque a todos los sectores (minería, turismo, agricultura, ganadería, pesca, andinismo) y que elabore un plan de manejo participativo, abierto y vinculante.
El pedido incluye también la implementación de medidas de control y regulación, especialmente en sectores sensibles como el Arroyo Turquesa.
Mientras tanto, la reserva sigue sin reglas. Los vehículos siguen ingresando donde no deben. Los andinistas suben sin registro. Y las actividades que conviven en el mismo territorio, minería, turismo, ganadería, lo hacen sin un ordenamiento que evite conflictos. “Esperemos que si se convoca a todos los actores no habrá inconvenientes, porque Manantiales ha venido desarrollando estas actividades sin problemas y en conjunto; convivimos e ingresamos por el mismo camino”, cierra Tapia.
Periodista y Licenciado en Comunicación Social, integra el equipo editorial de Acero y Roca. Especializado en actualidad y política minera, se encarga de la cobertura de proyectos y el análisis de la realidad provincial con un enfoque activo y comprometido con la información de primera mano.