La balanza económica de la cordillera: ¿Cuánto gana Argentina y cuánto gana Chile?

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La reactivación del Tratado de Integración y Complementación Minera Argentino-Chilena busca destrabar y viabilizar una cartera de megaproyectos de cobre de clase mundial concentrada principalmente en la provincia de San Juan, que proyectan una capacidad de producción cercana al millón de toneladas de cobre fino por año hacia la próxima década. Sin embargo, la letra chica del pacto expone un escenario de contrastes profundos.

Documentación oficial y marco regulatorio del acuerdo de complementación minera entre Argentina y Chile.
El tratado binacional entre Chile y Argentina deberá actualizarse para que ambos países jueguen con las mismas reglas.

Sin embargo, la letra chica del pacto expone un escenario de contrastes profundos. Mientras Argentina aporta la riqueza natural de su suelo y asume los desafíos operativos en alta montaña, Chile se posiciona para actuar como el gran nodo logístico, tecnológico y de servicios, evidenciando las asimetrías estructurales entre ambos países.

El factor Pacífico: la radiografía de los números frente a frente

Para dimensionar el verdadero impacto del Tratado Binacional, hay que dividir el negocio en dos fotos claras: el bloque de riqueza total acumulada que ingresa a cada economía y el flujo de facturación anual cuando las máquinas estén sacando cobre en San Juan.

Cuando se analiza esta división de ingresos con ojos de auditoría, las conclusiones para la soberanía económica argentina son contundentes. A continuación, la radiografía real de los números basada en el informe de la Fundación Fundar:

El impacto bruto versus la ganancia limpia

Argentina se queda con la cifra más grande (US$ 24.100 millones en su PIB), pero ese número es el resultado de hundir US$ 16.000 millones en fierros, cemento y salarios de construcción en la cordillera. Es decir, hay un costo operativo y de capital gigantesco detrás.

Chile, en cambio, se anota US$ 9.300 millones limpios en su economía. No tiene que financiar los campamentos ni abrir los caminos en la roca; simplemente aprovecha sus autopistas, ferrocarriles y puertos del Pacífico, como Coquimbo o Caldera, para cobrar un peaje obligatorio por cada tonelada de cobre sanjuanino que salga hacia Asia.

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Materia prima contra el agregado logístico

Año tras año, cuando los yacimientos del distrito Vicuña o Los Azules operen a régimen pleno, el flujo de caja muestra la asimetría del conocimiento técnico:

  • Argentina despacha valor primario: los US$ 5.300 millones anuales entran vendiendo concentrado de cobre (roca triturada con un 30% de pureza). De ahí se deben descontar los costos de extracción y procesamiento.
  • Chile recibe facturación neta: los US$ 1.700 millones anuales que entran a las empresas chilenas corresponden a contratos de ingeniería avanzada, software minero y servicios portuarios. Es una economía de servicios de altísima rentabilidad que no sufre el desgaste de la extracción del recurso natural.
La balanza económica de la cordillera: ¿Cuánto gana Argentina y cuánto gana Chile?
Costos vs. Servicios: Argentina asume las obras de infraestructura del Tratado Binacional minero, mientras que Chile aprovecha su salida al Pacífico. Contenido Original de ACERO Y ROCA.

La encrucijada política: defender la soberanía o ceder la cadena de valor

Es en este punto donde la rigurosidad técnica se cruza con la responsabilidad de la dirigencia política local. El libre tránsito de bienes y servicios estipulado en el tratado abre las puertas de par en par a un gigante minero global consolidado durante más de un siglo.
Las cámaras empresarias y los proveedores mineros de San Juan siguen este proceso, algunos con un silencio cómplice a cambio de promesas de contratos menores a futuro y otros en estado de alerta máxima ante el desprecio continuo a lo local.

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Las firmas de ingeniería, perforación profunda, metalúrgica y software de Chile operan en un entorno macroeconómico estable, con acceso a financiamiento internacional a tasas bajísimas y menores cargas impositivas. Esta asimetría estructural genera una desventaja de costos de hasta el 50% en contra de las pymes argentinas.

Si la política nacional y provincial no interviene con firmeza para arropar a los proveedores locales y exigir cláusulas estrictas de «compre local», los contratos más lucrativos de la cadena de suministro serán absorbidos por corporaciones trasandinas.

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