Rolando Dávila, especialista en el sector, desglosa los alcances administrativos y territoriales del acuerdo binacional. Un repaso por la gobernanza, los protocolos adicionales y el impacto en el desarrollo de proveedores locales.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
El Tratado de Integración y Complementación Minera, vigente desde los años 90, establece un marco jurídico para proyectos en la frontera andina, cubriendo áreas de 50 km en Chile y 150 km en Argentina. Mediante protocolos adicionales específicos, se gestiona el movimiento de recursos, personal y servicios, bajo una estructura de comisiones administradoras y grupos de trabajo técnicos de ambos países
El origen y la delimitación del territorio compartido
Según explica Rolando Dávila, secretario general de la Cámara de Comercio Chileno-Argentina, el tratado Binacional Minero surgió para viabilizar el trabajo en zonas donde la seguridad y la política nacional solían frenar la actividad.
En términos geográficos, el acuerdo no es una concesión general, sino que delimita áreas precisas de actuación. «El tratado minero lo que genera es un área que cubre alrededor de 50 km del lado de Chile y 150 km del lado de Argentina», precisa el consultor. Dentro de esta franja, cada emprendimiento posee un área de influencia donde las reglas administrativas se adaptan a la necesidad del proyecto, eliminando la exigencia de puestos de aduana o migraciones tradicionales en el sitio mismo de la veta.
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La operatividad mediante protocolos adicionales específicos
Una de las aclaraciones técnicas más importantes de Dávila radica en que la pertenencia al tratado no otorga derechos automáticos de tránsito o uso de recursos. La operatividad se construye caso por caso a través de los denominados protocolos adicionales específicos. Estos documentos son los que realmente facultan a una empresa, como las responsables del Proyecto Vicuña (que integra a Josemaría y Filo del Sol), a realizar movimientos transfronterizos.
En el caso particular de Filo del Sol, donde el 80% del territorio es argentino y el 20% chileno, la coordinación es vital. «Los protocolos adicionales específicos se van aprobando y otorgando en la medida que van surgiendo necesidades de cada proyecto. Por ejemplo, si hoy necesitara movilizar personas o insumos, va a solicitar un protocolo específico que sea exclusivamente para eso», detalla Rolando. Esta flexibilidad permite incluso que proyectos situados íntegramente en un país puedan solicitar servicios o energía del país vecino si la logística lo requiere.
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Estructura de gobernanza y agencias intervinientes
El tratado no depende de un solo ministerio, sino que se administra de forma binacional. La estructura se divide en tres niveles jerárquicos:
- Comisiones Administradoras: Integradas por las máximas autoridades de Minería y las Cancillerías de Argentina y Chile.
- Secretarios Ejecutivos: Funcionan como directores ejecutivos o gerentes generales que gestionan el día a día del acuerdo.
- Grupos de Trabajo: Son los órganos técnicos que reúnen entre 10 y 15 servicios y agencias estatales.
Entre los organismos convocados se encuentran Aduanas, Migraciones, entes de recaudación tributaria, autoridades de Medio Ambiente, Energía y hasta la Aeronáutica Civil. Esta coordinación garantiza que el desarrollo minero cumpla con las normativas de seguridad y soberanía de ambos estados sin entorpecer el ritmo industrial.
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El desafío hídrico y la infraestructura compartida
Dávila desata el papel de la desalinización en el océano Pacífico, un proceso en el que la empresa Techint está involucrada. La infraestructura chilena ya convierte agua de mar en agua apta para uso industrial para abastecer proyectos cordilleranos. Dicha tecnología, aunque actualmente más frenada del lado argentino por cuestiones de distancia y logística, representa una oportunidad de complementación. El tratado permite que este tipo de soluciones técnicas crucen la frontera, asegurando que la actividad minera no compita con el consumo humano de agua dulce en las comunidades locales.
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Desarrollo de proveedores: hacia una alianza estratégica
El objetivo es que entidades como CAPMIN en Argentina y ARIMIN en el país trasandino colaboren para que las pymes locales aprendan de la experiencia acumulada desde los años ‘70. «Entre otros rubros, hay pymes que te sorprendería, por ejemplo de Tucumán, que trabajan en tickets de cola», ejemplifica el consultor, subrayando que la industria metalmecánica y electromecánica argentina tiene mucho para aportar.
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La relevancia del Tratado de Integración Minera cobrará mayor fuerza en el corto plazo. Tras las reuniones bilaterales de julio y las proyectadas para el mes de agosto, la agenda binacional se encamina a pulir los detalles administrativos que demandan los proyectos de cobre de nueva generación. La consolidación de este marco normativo es el paso previo indispensable para que la cordillera se transforme en un polo productivo de escala global, donde la eficiencia técnica y la cooperación política logren finalmente una simbiosis efectiva en favor del desarrollo regional.
Periodista especializada en gestión minera, sustentabilidad y desarrollo regional. Con un enfoque centrado en la transparencia y la comunicación estratégica, analiza el impacto de la industria en las comunidades y el marco institucional del sector. En Acero y Roca, es la voz encargada de desglosar los desafíos de la licencia social y los procesos de modernización minera.