Con 23 votos a favor, la Cámara de Diputados ratificó el convenio con Vialidad Nacional. La provincia financiará mejoras en corredores estratégicos sin reembolsos federales, buscando frenar el deterioro vial y potenciar la producción logística y minera provincial.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
La Legislatura provincial aprobó que San Juan gestione y costee la reparación de 430 kilómetros de rutas nacionales (40, 20, 153, 150 y 149). El plan, con vigencia de 20 años, utilizará fondos propios y mineros para garantizar la seguridad vial y el desarrollo productivo ante la falta de inversión federal.
Un paso estratégico frente al deterioro de la red federal
El debate en el recinto legislativo comenzó con la exposición del diputado Enzo Cornejo, quien actuó como miembro informante del proyecto que ratifica el convenio celebrado el 10 de agosto entre la provincia y la Nación. La iniciativa surge como una respuesta directa a la parálisis de la obra pública nacional y la necesidad urgente de intervenir en trazas que hoy representan un peligro para los usuarios.
«Este convenio representa una decisión concreta para que San Juan pueda asumir un rol activo en la recuperación, conservación y mantenimiento de rutas nacionales estratégicas». Según detalló el legislador, la intervención comprende tramos críticos de las rutas nacionales 40, 20, 153, 150 y 149, además de una obra de ingeniería en el nudo vial de la Ruta Nacional 40 y la Avenida Circunvalación.
El acuerdo establece que la provincia asume la responsabilidad de ejecutar calzadas, banquinas, puentes y señalización con recursos propios, sin esperar reembolsos de la administración central. Esta medida busca acompañar el crecimiento de la actividad minera y turística, sectores que dependen vitalmente de una logística eficiente. «Una ruta en condiciones significa que un productor puede sacar su producción con mayor seguridad», enfatizó Cornejo.
Leé también: Con 27 votos a favor San Juan ratifica su convenio con Vicuña
El financiamiento minero y la controversia por los fondos federales
Uno de los puntos más álgidos de la sesión fue la vinculación económica de estas obras con el Proyecto Vicuña. La diputada Marisa López aclaró que «es muy importante decir que los fondos van a estar disponibles a partir del 20 de diciembre, es decir, el proyecto Vicuña va a aportar al fideicomiso contra certificados de obra». Se estima que ingresarán 250 millones de dólares bajo esta modalidad, destinados a proyectos como los 12 kilómetros de doble calzada hacia Albardón y la repavimentación de 39 kilómetros en diversos sectores.
Sin embargo, la oposición, encabezada por el diputado Mario Herrero, manifestó un rechazo rotundo, calificando el acuerdo de ilegal y cuestionando la entrega de facultades provinciales sin compensación económica. Herrero denunció que la Nación ha recaudado 1503 billones de pesos a través del impuesto a los combustibles entre diciembre de 2023 y julio de 2026, fondos que no han sido girados para el mantenimiento vial.
«La nación ha dejado de aplicar 986.000 millones de dólares al mantenimiento de las rutas nacionales y nosotros, ahogados y desesperados, tenemos que salir a asumir ese compromiso y encima consintiendo un hecho que puede llegar a ser delito». Para el bloque opositor, el convenio convalida una malversación de fondos públicos por parte de funcionarios nacionales, quienes estarían destinando la recaudación impositiva a la renta financiera en lugar de a la infraestructura.
Seguridad vial: el argumento humano detrás de la técnica
La diputada Alejandra Leonardo destacó que, más allá de las jurisdicciones, son los sanjuaninos quienes transitan y mueren en estas rutas. «En esa ruta muchos sanjuaninos pierden la vida. Desde el momento en que el gobernador pone el foco en mantener la obra pública y en cuidar a los sanjuaninos, estamos convencidos de que este es el camino».
En la misma línea, el diputado Emilio Escudero, representante de Caucete, adelantó su voto positivo a pesar de las inconsistencias que percibe en el plan. Escudero recordó que la Ruta Nacional 20 es el principal ingreso a la provincia y que su estado actual es complejo. No obstante, exigió que la provincia no deje de reclamar los fondos de la Ley 23.966 (Ley Nacional de Combustibles).
Por su parte, la diputada Lascano defendió la gestión del gobernador Marcelo Orrego, señalando que se eligió el camino de la acción frente a la crisis. Reveló además una cláusula de rescisión clave: «Este convenio solamente tiene validez un año si los proyectos que presenta la provincia para hacer las obras correspondientes no se ejecutan». Esto significa que, si bien el mantenimiento se proyecta a 20 años, la provincia tiene un plazo de 12 meses para iniciar los estudios y proyectos ejecutivos, caso contrario el acuerdo cae de pleno derecho.
Leé también: Jujuy busca que las mineras costeen mantenimiento de rutas nacionales ante el abandono estatal
Incertidumbre laboral y operatividad de vialidad provincial
Un aspecto técnico que generó preocupación fue el destino de los trabajadores del Distrito 9 de Vialidad Nacional. La diputada Fernanda Paredes leyó un informe de los empleados nacionales donde advierten que el convenio omite su situación jurídica y laboral. El traspaso de la gestión integral a la Dirección Provincial de Vialidad podría, según el informe, saturar la capacidad operativa local, que cuenta con un parque automotor diseñado para caminos rurales y no para el mantenimiento de alta velocidad que requieren las rutas nacionales.
«Absorber 430 km de rutas nacionales colapsará la capacidad operativa de la Dirección Provincial. La provincia deberá abandonar el mantenimiento de los caminos productivos y rurales», leyó Paredes. Además, se advirtió sobre la falta de una cláusula de indemnidad clara, lo que podría derivar en juicios millonarios contra el tesoro provincial ante siniestros viales en rutas que siguen siendo de dominio nacional.
Leé también: Minería de primer mundo con rutas de tercer mundo: el duro reclamo de los proveedores
Una apuesta al largo plazo en un federalismo asimétrico
La sanción de esta ley, con 23 votos a favor y 10 en contra, marca un precedente en la relación provincia-nación durante la actual crisis económica argentina. Al asumir responsabilidades federales sin financiamiento externo inmediato, San Juan apuesta a que la preservación de su infraestructura logística compensará el esfuerzo fiscal en las próximas décadas. El éxito de esta medida dependerá no solo de la llegada efectiva de los fondos mineros del Proyecto Vicuña, sino de la capacidad técnica de la provincia para gestionar una red vial nacional que la Nación ha decidido desatender. En el horizonte, queda la sombra de un federalismo cada vez más asimétrico, donde las provincias deben «hacerse cargo» para evitar el colapso de sus propios motores productivos.
Periodista especializada en gestión minera, sustentabilidad y desarrollo regional. Con un enfoque centrado en la transparencia y la comunicación estratégica, analiza el impacto de la industria en las comunidades y el marco institucional del sector. En Acero y Roca, es la voz encargada de desglosar los desafíos de la licencia social y los procesos de modernización minera.