Salar del Hombre Muerto: piden expulsar de Catamarca a mineras con permisos salteños

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Un proyecto en la Legislatura catamarqueña reclama paralizar tareas mineras al norte del Salar del Hombre Muerto. Denuncian que operadoras habilitadas por Salta trabajan en Antofagasta de la Sierra sin aval ambiental local ni pago de regalías.

Vista panorámica de operaciones en el Salar del Hombre Muerto, eje del reclamo jurisdiccional entre Catamarca y Salta.
Un proyecto legislativo en Catamarca exige paralizar operaciones en el sector norte del Salar del Hombre Muerto que funcionan con concesiones emitidas por Salta.

La disputa interprovincial por los recursos de la Puna sumó un nuevo capítulo político en el extremo norte del Salar del Hombre Muerto, dentro del departamento Antofagasta de la Sierra. Este miércoles 18 de noviembre, el diputado catamarqueño Francisco Monti (La Libertad Avanza) ingresó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de Catamarca para exigir que el Poder Ejecutivo frene el avance de compañías mineras que ejecutan tareas de prospección, exploración y extracción en suelo catamarqueño amparadas únicamente en concesiones emitidas por la provincia de Salta.

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Los decretos de 1904 y 1943 que fijan el límite entre Catamarca y Salta

Salar del Hombre Muerto: piden expulsar de Catamarca a mineras con permisos salteños
El diputado provincial Francisco Monti pidió intimar y expulsar a las operadoras con permisos salteños asentadas en suelo catamarqueño.

A partir de esa demarcación legal, Monti cuestionó el doble estándar de la provincia vecina al otorgar pedimentos sobre el salar. «Todo lo que está al sur de esa línea es Catamarca. Salta recibió Pastos Grandes por el mismo decreto: no puede usarlo para lo que le conviene y desconocerlo para lo que no», sostuvo el legislador opositor.

Relevamientos oficiales previos y reclamos por falta de controles

Sin embargo, el planteo legislativo apunta también contra la pasividad de la propia administración catamarqueña. Según expuso el diputado en los fundamentos del expediente, distintas reparticiones técnicas de la provincia realizaron inspecciones en el terreno años atrás y verificaron la presencia activa de compañías con permisos salteños operando dentro del polígono que pertenece a Catamarca.

Pese a esas actas oficiales, el Ejecutivo provincial evitó abrir sumarios o frenar las máquinas en la cordillera. «El Gobierno tiene pleno conocimiento de que esto es así, porque lo constataron sus propios organismos. Lo saben hace años y no intimaron, no clausuraron y no denunciaron. Están haciendo la vista gorda, y eso lo paga toda la provincia», apuntó Monti.

Clausuras, demandas por regalías caídas y uso de la fuerza pública

Paisaje y actividad minera en Antofagasta de la Sierra, dentro del sector norte del Salar del Hombre Muerto.
El conflicto jurisdiccional entre Catamarca y Salta se concentra en el extremo norte del Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra.

Frente a este escenario, el texto ingresado en la Cámara Baja propone activar una respuesta estatal escalonada a través de tres organismos públicos:

  • Ministerio de Minería: identificar de forma nominal a todas las empresas asentadas en el sector norte del Salar del Hombre Muerto, intimarlas al cese inmediato de operaciones y dictar la paralización preventiva de las labores.
  • Fiscalía de Estado: promover acciones judiciales destinadas a concretar la expulsión definitiva de las compañías del territorio provincial y reclamar de manera retroactiva las regalías y los aportes económicos que Catamarca dejó de percibir.
  • Policía de la Provincia: desplegar efectivos en la zona de conflicto para garantizar que se acaten las clausuras administrativas, habilitando el auxilio de la fuerza pública en caso de resistencia.

«Estas empresas no cumplen nuestras normas ambientales, no contratan proveedores catamarqueños y no pagan regalías a Catamarca. Le pedimos al Gobierno que actúe ya. Ese territorio es de Catamarca, y no se negocia», sentenció Monti, tras exigir que el Ejecutivo provincial intime, clausure, acuda a la Justicia y utilice la fuerza pública en caso de ser necesario para hacer respetar la jurisdicción local.

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