Un proyecto en la Legislatura catamarqueña reclama paralizar tareas mineras al norte del Salar del Hombre Muerto. Denuncian que operadoras habilitadas por Salta trabajan en Antofagasta de la Sierra sin aval ambiental local ni pago de regalías.
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La disputa interprovincial por los recursos de la Puna sumó un nuevo capítulo político en el extremo norte del Salar del Hombre Muerto, dentro del departamento Antofagasta de la Sierra. Este miércoles 18 de noviembre, el diputado catamarqueño Francisco Monti (La Libertad Avanza) ingresó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de Catamarca para exigir que el Poder Ejecutivo frene el avance de compañías mineras que ejecutan tareas de prospección, exploración y extracción en suelo catamarqueño amparadas únicamente en concesiones emitidas por la provincia de Salta.
De acuerdo con la presentación parlamentaria, estas operadoras carecen de títulos mineros válidos en la jurisdicción y tampoco cuentan con Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) aprobadas por las autoridades catamarqueñas. Como consecuencia directa de esa irregularidad administrativa, las firmas trabajan al margen de las exigencias ambientales locales, excluyen de su cadena de contratación a los proveedores de Catamarca y evaden la liquidación de regalías y aportes ante las arcas provinciales.
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Los decretos de 1904 y 1943 que fijan el límite entre Catamarca y Salta

Para respaldar la soberanía catamarqueña sobre el área en litigio, la iniciativa se apoya en dos normativas históricas dictadas a nivel federal. Por un lado, cita el decreto del Poder Ejecutivo Nacional sancionado en 1904, que trazó la línea geográfica imaginaria entre Cerro Ratones, la Sierra de Archibarca y el Volcán Azufre como frontera divisoria entre los territorios de Pastos Grandes y Antofagasta de la Sierra. Por otro lado, invoca el Decreto N.º 9375 del año 1943, mediante el cual la Nación adjudicó definitivamente Pastos Grandes a la provincia de Salta y Antofagasta de la Sierra a Catamarca.
A partir de esa demarcación legal, Monti cuestionó el doble estándar de la provincia vecina al otorgar pedimentos sobre el salar. «Todo lo que está al sur de esa línea es Catamarca. Salta recibió Pastos Grandes por el mismo decreto: no puede usarlo para lo que le conviene y desconocerlo para lo que no», sostuvo el legislador opositor.
Relevamientos oficiales previos y reclamos por falta de controles
Sin embargo, el planteo legislativo apunta también contra la pasividad de la propia administración catamarqueña. Según expuso el diputado en los fundamentos del expediente, distintas reparticiones técnicas de la provincia realizaron inspecciones en el terreno años atrás y verificaron la presencia activa de compañías con permisos salteños operando dentro del polígono que pertenece a Catamarca.
Pese a esas actas oficiales, el Ejecutivo provincial evitó abrir sumarios o frenar las máquinas en la cordillera. «El Gobierno tiene pleno conocimiento de que esto es así, porque lo constataron sus propios organismos. Lo saben hace años y no intimaron, no clausuraron y no denunciaron. Están haciendo la vista gorda, y eso lo paga toda la provincia», apuntó Monti.
Clausuras, demandas por regalías caídas y uso de la fuerza pública

Frente a este escenario, el texto ingresado en la Cámara Baja propone activar una respuesta estatal escalonada a través de tres organismos públicos:
- Ministerio de Minería: identificar de forma nominal a todas las empresas asentadas en el sector norte del Salar del Hombre Muerto, intimarlas al cese inmediato de operaciones y dictar la paralización preventiva de las labores.
- Fiscalía de Estado: promover acciones judiciales destinadas a concretar la expulsión definitiva de las compañías del territorio provincial y reclamar de manera retroactiva las regalías y los aportes económicos que Catamarca dejó de percibir.
- Policía de la Provincia: desplegar efectivos en la zona de conflicto para garantizar que se acaten las clausuras administrativas, habilitando el auxilio de la fuerza pública en caso de resistencia.
«Estas empresas no cumplen nuestras normas ambientales, no contratan proveedores catamarqueños y no pagan regalías a Catamarca. Le pedimos al Gobierno que actúe ya. Ese territorio es de Catamarca, y no se negocia», sentenció Monti, tras exigir que el Ejecutivo provincial intime, clausure, acuda a la Justicia y utilice la fuerza pública en caso de ser necesario para hacer respetar la jurisdicción local.

Editora de Acero y Roca. Redactora de crónicas de actualidad, piezas de investigación y análisis especializado sobre el desarrollo minero regional y global.