El Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador reclama USD 154 millones a Lundin Gold, operadora de la mina Fruta del Norte. La disputa surge por discrepancias en el cálculo del ajuste soberano de 2023, mientras la empresa defiende su gestión.
A fin de entender la dimensión del problema, vale la pena mirar los números finos del portazo tributario. Del total reclamado por el organismo estatal, unos 73 millones de dólares corresponden estrictamente al llamado ajuste soberano del ejercicio fiscal 2023. Por otra parte, los restantes 81 millones de dólares se explican por multas y sanciones potenciales que la administración impositiva decidió aplicarle a la compañía por supuestas desviaciones en sus declaraciones.
Las razones detrás del ajuste soberano y la postura de la empresa
Para comprender por qué saltó esta chispa entre el Estado y la minera, hay que repasar las reglas de juego firmadas hace tiempo. El ajuste soberano no es un capricho fiscal, sino un mecanismo que quedó plasmado en el Contrato de Explotación de Fruta del Norte que se celebró a fines de 2016. La idea central de esta herramienta es blindar las cuentas públicas para garantizar que los beneficios económicos acumulados que recibe el país no bajen nunca de un piso mínimo fijado en el 50 por ciento.
Para calcular si se cumple o no con este porcentaje de ganancia compartida, entran a tallar varios factores contables. Entre ellos figuran el impuesto a la renta, las regalías mineras, la participación de los trabajadores que se paga al Estado, el impuesto al valor agregado no recuperable y los desembolsos previos por el mismo concepto de ajuste soberano.
Desde la cúpula directiva de Lundin Gold rechazaron el millonario cobro. «Según nuestra revisión, creemos que el resultado del ajuste se debe a una interpretación errónea de la metodología de cálculo establecida en nuestro Contrato de Explotación», expresó Jamie Beck, Presidente y CEO de Lundin Gold.
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Asimismo, la firma comunicó que piensa activar todos los resortes legales y arbitrales disponibles para defender sus intereses, aunque llevó tranquilidad a los mercados al aclarar que este frente judicial no frena la producción diaria de oro en la mina ni sus planes de expansión.
La controversia alrededor de Fruta del Norte no solo pone a prueba la solidez técnica del contrato de 2016, sino también el equilibrio entre la recaudación estatal y la seguridad jurídica que demandan las inversiones a gran escala en la región. Con las vías legales ya activadas, la resolución de este reclamo funcionará como una señal determinante para el resto de las compañías que operan en el corredor andino: la estabilidad de las reglas de juego fiscales se juega tanto en las cláusulas de los acuerdos como en la interpretación que los fiscos hagan de sus propios números.
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