El proyecto gubernamental impone una caída del 70% en transferencias energéticas y un salto del 59,3% en impuestos al combustible. Con paridad de exportación y retiro estatal en obras, la industria se encamina a un esquema 100% privado.
LO ESENCIAL EN 10 SEGUNDOS
El proyecto de Presupuesto 2027 consolida el déficit cero fijando una inflación del 18,0% y un dólar de $1.847,60. Para lograrlo, el Poder Ejecutivo Nacional elimina subsidios, traslada el costo de generación a la tarifa, incrementa la carga tributaria en surtidor y delega las obras de infraestructura al capital privado.
Marco macroeconómico y presupuesto fiscal 2027
La hoja de ruta presupuestaria para el ejercicio 2027 establece un ancla fiscal basada en la ausencia estricta de emisión monetaria para financiar al Tesoro. El marco macroeconómico proyecta una expansión del PBI del 4,0%, apuntalada por la inversión privada y por exportaciones récord que superarían los USD 133.000 millones. Asimismo, la pauta presupuestaria estima una inflación interanual del 18,0% a diciembre de 2027 (con un promedio anual del 21,1%) y un tipo de cambio nominal de $1.847,60 por dólar.
En materia de cuentas públicas, el Poder Ejecutivo Nacional busca asegurar un superávit primario del 1,3% del PBI. No obstante, las proyecciones del mercado relevadas en el BCRA (REM) exhiben cierta cautela al ubicar el dólar en $2.015,7 y la inflación en 20,5%. Esta brecha responde a la prima de riesgo asociada al ajuste de los precios regulados.
El consultor senior en energía Nicolás Taiariol sostiene en su informe técnico que el esquema económico propone un cambio radical: “El Presupuesto 2027 consolida el cambio de paradigma en la intervención estatal sobre el sector energético, migrando de las transferencias directas de recursos públicos hacia un modelo de precios de mercado ajustados a costos reales e incentivos a la inversión privada”.
Tarifas, subsidios e impuestos: la brecha en el bolsillo
La política tarifaria para 2027 profundiza el reajuste de las partidas de subsidios directos a la demanda, registrando una contracción real superior al 70% en electricidad y gas natural. El objetivo oficial es acelerar la convergencia del valor final de la factura con los costos reales de producción, transporte y distribución. Bajo este marco, el Estado mantendrá únicamente asistencias focalizadas mediante la Canasta Básica Energética (CBE) para los sectores de menores ingresos. En paralelo, el gasto destinado al Plan Gas.Ar cae más del 60% en términos reales, dado que el mayor costo del fluido pasa a ser absorbido por los usuarios.
Por el lado de los surtidores, el presupuesto prevé una recaudación por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC) de $12,2 billones, lo que representa un incremento nominal del 59,3%. Este salto, que triplica la inflación estimada, deviene del descongelamiento de las sumas fijas postergadas en años anteriores.
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Sobre esta medida, Taiariol destaca que la presión impositiva sobre la nafta y el gasoil tendrá un correlato directo en los costos productivos. “La participación de estos impuestos en el precio final de la nafta y el gasoil pasa de niveles históricos del 7% a superar el 20%, trasladando presión tributaria directa al consumidor e incrementando los costos logísticos del transporte terrestre de cargas y del sector agropecuario”.
Obras, privatizaciones y el nuevo mapa de financiamiento
El presupuesto ratifica la pauta de gasto público cero para el desarrollo de nuevas redes de transporte energético. La ampliación del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) quedará bajo la regulación de la Secretaría de Energía y el ENRE, pero la ejecución de las obras deberá ser absorbida por el capital privado mediante el Mercado a Término de Energías Renovables (MATER) o esquemas de Iniciativa Privada. Igual criterio aplicará para el transporte de hidrocarburos en el segmento midstream, donde proyectos como Vaca Muerta Sur dependerán exclusivamente de inversores corporativos o del régimen RIGI.
En cuanto a activos públicos, el texto de la ley incluye artículos específicos para avanzar en la privatización de ENARSA, Nucleoeléctrica Argentina S.A. y Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Además, se exime del Impuesto a las Ganancias a la liquidación de los fideicomisos que administran las centrales térmicas Vuelta de Obligado (ubicada en Santa Fe) y Guillermo Brown (en Buenos Aires), como paso previo a la transferencia de su patrimonio a sociedades anónimas para su posterior venta.
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A nivel crediticio, el Tesoro mantendrá un cupo de avales y garantías contingentes. Se autorizaron USD 500 millones para ENARSA en operaciones de aprovisionamiento de gas y USD 300 millones para INVAP en proyectos tecnológicos. En el plano subnacional, se faculta a las provincias a tomar endeudamiento externo para infraestructura energética, destacándose autorizaciones para Jujuy por USD 250 millones (destinados a las plantas IV y V del Parque Fotovoltaico Cauchari) y San Juan por USD 100 millones. Asimismo, se prevé la culminación de la central hidroenergética Nahueve en Neuquén mediante un préstamo de USD 20 millones.
Biocombustibles y la apuesta a los hidrocarburos
En el sector de los biocombustibles, el marco regulatorio no requiere desembolsos directos del Tesoro, pero fija pautas de mercado relevantes. Se establece un incremento en los pisos de mezcla obligatoria en surtidor, elevando el bioetanol en naftas al 15% y el biodiésel en gasoil al 10%. A su vez, se dispone la apertura del mercado para que las grandes compañías aceiteras integradas puedan competir por los volúmenes de abastecimiento, eliminando la reserva exclusiva que beneficiaba a las pymes.
En relación con los hidrocarburos continentales y marinos, los valores en boca de pozo se alinean plenamente con la paridad de exportación (export parity). Las exploraciones mar adentro, como las proyectadas en el bloque CAN_200 frente a Buenos Aires y el desarrollo Fénix en la Cuenca Marina Austral, mantendrán una partida presupuestaria de $0, quedando la totalidad del riesgo geológico en manos de los privados.
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Por su parte, la transición energética sufre un ajuste de partidas. Los aportes estatales al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER) caen más del 75% en términos reales. Los únicos fondos directos se limitan a $6.100 millones provenientes de créditos internacionales del Fondo para el Medio Ambiente Mundial para viviendas sustentables en Marcos Paz y Puerto Iguazú (Misiones), $2.000 millones para mejoras en el Centro Atómico Constituyentes de la CNEA (en San Martín) y $1.600 millones para la remediación ambiental de colas de uranio en Sierra Pintada (San Rafael, Mendoza).
Periodista especializada en gestión minera, sustentabilidad y desarrollo regional. Con un enfoque centrado en la transparencia y la comunicación estratégica, analiza el impacto de la industria en las comunidades y el marco institucional del sector. En Acero y Roca, es la voz encargada de desglosar los desafíos de la licencia social y los procesos de modernización minera.